Irineo Domínguez Méndez / El OPLE local está ya de vacaciones; si acaso, tendrá personal de “guardia” que atiende requerimientos del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), cuando este lo inmiscuye temeroso de que los consejos electorales municipales sean incapaces de cumplimentar lo requerido, sea por ignorancia o irresponsabilidad. Ahora, la pelota está del lado del TEV, el cual no se queda atrás en indiferencia respecto de los recursos que “resolverá” de manera estudiantil: “copiar y pegar”; si alguien lo duda, que estudie tres o cuatro expedientes radicados en el tribunal.
Los entes electorales antes citados actúan de manera muy similar; ambos se perciben como medio de traslado de una instancia a otra. Primero, el OPLE se ocupa del proceso electoral; después, todas las irregularidades cometidas por este organismo son atacadas por los partidos políticos mediante la interposición de recursos de inconformidad ante el TEV. Por último, las sentencias del TEV serán recurridas ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federación, utilizando el recurso de revisión constitucional electoral. ¡Democracia judicializada!
Lo que no cambia es la carga de impuestos que tenemos los ciudadanos. Al terminar el proceso electoral el personal del OPLE “sufre parálisis institucional”: carece de “trabajo que realizar”. Entonces, a pesar de tal carencia, todo su personal seguirá cobrando; sin olvidar que los Representantes de partidos también reciben “sus dietas”. ¡Los mantendremos por el lapso de dos años y medio sin hacer nada! Por ahora, continuaremos siendo testigos de los cuestionamientos que les hacen representantes de partidos a nivel municipal; lo que les tienen sin cuidado; se presume están “bien amarrados” con los representantes ante el Consejo General, quienes guardan silencio soslayando las quejas de sus compañeros contra deficiencias de los consejos municipales.
Por ejemplo, tenemos el caso del consejo de Veracruz; en el que morenistas y petistas continúan pidiendo la renuncia del presidente del consejo municipal; motivando su solicitud la supuesta parcialidad con que actuó ese funcionario; petición que puede ser calificada de estúpida. En este caso, es difícil determinar quién padece más la falta de inteligencia para actuar de acuerdo a las circunstancias, si los solicitantes o el funcionario señalado. Lo que se expone porque fue el Consejo General el responsable de asignar los nombramientos de cada consejo municipal. Seguramente el funcionario se estará riendo de los peticionarios: nadie puede obligarlo a renunciar.
El Consejo General carece de facultades para remover a los funcionarios que han aprobado los exámenes y quienes tienen ya nombramiento para desempeñar un cargo de funcionario en los consejos municipales. Lo peor de todo es que parte de este Consejo lo son los representantes de los partidos Morena y PT; estos sujetos tienen conocimiento de lo aquí expuesto y omiten ilustrar a sus compañeros para que dejen de hacer el ridículo.
A diferencia de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), el Código Electoral de Veracruz excluye al personal del OPLE como sujetos sancionables. Son algo así como “intocables”; en otras palabras, pueden cometer todo tipo de “tonterías o faltas” sin recibir una sanción. Además, se reconoce que pocos son los que desean tener un puesto de funcionario temporal que les acarreé más problemas que beneficio pecuniario. Casi resulta un favor tenerlos como integrantes de los consejos; ¡corren altos riesgos no remunerados!
El Artículo 479 de la LGIPE sí menciona causales de responsabilidad en que pueden incurrir los servidores públicos del INE. Entre ellas: a) Realizar conductas que atenten contra la independencia de la función electoral, o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de terceros; c) Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar; f) No poner en conocimiento del Consejo General todo acto tendiente a vulnerar la independencia de la función electoral; g) No preservar los principios que rigen el funcionamiento del Instituto en el desempeño de sus labores; h) Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento; i) Dejar de desempeñar las funciones o las labores que tenga a su cargo;
A nivel local es el Consejo General del OPLE el único responsable por la incapacidad que muestren los funcionarios de los Consejos Electorales Municipales. En relación con el ejemplo citado el OPLE calla, en virtud de supuestos acuerdos cupulares en el seno del Consejo General, que se mantendrán en secreto. Ya no hay debate que cuestione las conductas desleales de los consejeros electorales del OPLE. La corrupción sigue vigente.
Pronto el Ejecutivo estatal enviará una reforma electoral, la cual – desde ahora -, se pronostica unilateral; sin participación alguna de los principales actores políticos y de la sociedad. Quienes podemos ser leídos, y tal vez escuchados, utilizamos los medios masivos de comunicación para hacer propuestas, como las siguientes: a) que el INE ejerza la asunción y atracción de los procesos locales; b) que se homologue el periodo en que fungen los consejeros electorales del OPLE con los mismos que tienen los consejos en procesos federales; en otras palabras, su nombramiento concluirá el día en que se validen los procesos electorales; lo que sucede, a más, tardar, el 30 de agosto del año de la elección. Así lo menciona el Artículo 65 de la LGIPE. El ahorro sería sustancial.
Procede “homologar”, también, la conducta desplegada por el gobierno de Patricio Chirinos, respecto a la Reforma Integral del Estado de 1996; principalmente con la electoral. Lo anterior se ajusta a la propuesta de AMLO: impulsar la democracia participativa; para ello eso es imprescindible la participación de la ciudadanía.
Otro sí digo. – Los Xalapeños sufrimos la apatía y negligencia del alcalde; cuando “trabaja” lo hace con el propósito de justificar “gastos”; un ejemplo lo representa el pésimo bacheo. Ahued deberá responder por él.