Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
Una acción más, promovida por el Ejecutivo y avalada por el Legislativo, que pronto habrá de caerse. *** La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a la acción de inconstitucionalidad que presentaron diputados de oposición del Congreso de Veracruz, contra la reforma al Código Penal que sanciona con cárcel el delito de ultrajes a la autoridad. *** La máxima tribuna judicial del país requirió al Congreso local para que le informe sobre esa reforma. *** La acción de inconstitucionalidad fue firmada por 18 de los 50 diputados locales. *** Ya hay antecedentes que invalidan este tipo de reformas. En marzo de 2016 la SCJN declaró inconstitucional el delito de ultraje contra una autoridad en el Código Penal para la Ciudad de México, que se sancionaba con penas de entre seis y 24 meses de prisión, así como con multas de hasta 100 días de salario. *** En aquella ocasión los ministros consideraron que ese precepto violaba el principio de “exacta aplicación de la ley penal”, en su vertiente de taxatividad, ya que el tipo penal no es suficientemente claro al establecer las conductas prohibidas, y por tanto la sociedad no podría saber en qué momento podría o no estar incurriendo en un delito. *** La Corte aclaró que con esa decisión no validaba las agresiones físicas que pudiesen cometerse contra las autoridades con motivo o en ejercicio de sus funciones, ni compartía o aplaudía las agresiones verbales contra funcionarios. *** Explicó que en lo que se refiere a los altercados físicos, hay previsiones contenidas en el Artículo 130 del Código Penal para la Ciudad de México, mientras que las agresiones verbales pueden ser sancionadas o corregidas con medidas administrativas. *** En Veracruz, en marzo de este año el Congreso local determinó ampliar las sanciones contra quien agreda o amenace a una autoridad, e incluso se impuso como castigo la privación de la libertad. *** Esa sola reforma ha sido utilizada como principal argumento para realizar aprehensiones sin la orden de un juez y con argumentos muy vagos para demostrar el “ultraje” supuestamente cometido.
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La noche del pasado miércoles un grupo armado asesinó a Nicanor Martínez Olguín, quien fuera candidato suplente a la Presidencia Municipal de Tihuatlán.
Varios sujetos llegaron al domicilio de Martínez Olguín, en Tihuatlán, y le dispararon cuando se encontraba dentro de su automóvil.
Nicanor Martínez Olguín fue diputado federal suplente por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por Poza Rica.
Pocas horas después, luego de encabezar el jueves la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, el gobernador Cuitláhuac García informó que se supervisó el inicio del blindaje en la zona norte de Veracruz, colindante con Tamaulipas, así como los puntos colindantes con Huejutla, en el estado de Hidalgo.
Ahí dio un primer reporte sobre el crimen de Tihuatlán:
“La Fiscalía General del Estado informa que tiene avances importantes en los homicidios que se han dado en estos días, por lo que aseguramos que no habrá impunidad, particularmente en el sucedido ayer en Tihuatlán; daremos con los responsables materiales e intelectuales”, expresó el gobernador en sus redes sociales.
Pero no se quedó ahí. El gobernador puso la mira en las organizaciones criminales que se han asentado durante su gestión en territorio veracruzano:
“En otras partes del estado continuamos con los operativos para garantizar que en Veracruz no permitiremos ni venganzas ni supuestos ‘ajustes’ entre grupos delictivos, iremos por todos ellos”.
Un reporte reciente del gabinete de seguridad nacional identifica al Cártel del Pacífico y al de Jalisco como las organizaciones criminales que predominan en el norte y centro del país, mientras que el Cártel del Golfo aún tiene presencia en ocho entidades.
De acuerdo con ese reporte, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha consolidado su presencia en amplias regiones de Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Guerrero y Veracruz.
El Cártel del Golfo, por su parte, mantiene presencia en nueve estados: Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí (de forma predominante), lo mismo que en Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo y Veracruz.
Aunque nadie ha sugerido aún que el ataque contra Nicanor Martínez Olguín esté vinculado con la delincuencia organizada, estimaciones oficiales del gabinete de seguridad, aseguran que, en promedio, el 60 por ciento de los asesinatos registrados en México tienen alguna liga con las bandas criminales.
El Presidente López Obrador, por su parte, mantiene el discurso de “cambiar balazos por abrazos” y presume sus avances:
“En materia de seguridad pública también hemos avanzado, aun con la complejidad del problema que heredamos. Ya estaban integradas las bandas, los grupos delictivos cuando llegamos; no creo que se hayan creado nuevos grupos en estos dos años y medio, es el cártel Jalisco o del Pacífico o el de Guanajuato, los que ya habían”.
En el informe rendido a tres años de su victoria electoral, el Presidente afirmó que estos cárteles que heredó su gobierno los está enfrentando no declarándoles la guerra, pues reiteró que, la violencia no se puede enfrentar con la violencia, “sino con otros métodos más humanos y más eficaces”.
Ese, por fortuna, no es el discurso de Cuitláhuac García.
Ya sólo falta que se perciban los resultados.
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Epílogo.
Dos elementos de Tránsito Municipal de Tezonapa y una persona más fueron detenidos por su probable participación en la privación de la libertad y asesinato de un oficial de la Fuerza Civil ocurrido la tarde del miércoles. *** La tarde del 30 de junio, sujetos armados sometieron y se llevaron a un elemento de la Fuerza Civil (cuya identidad se mantuvo oculta) cuando se encontraba en el parque de la comunidad de Laguna Chica, pues ese día estaba franco. Pocas horas después se supo que en la carretera a Rancho Nuevo, en Omealca, había sido arrojado su cuerpo, maniatado y sin vida. *** Los detenidos fueron identificados como Haggeo “N”, Andrés “N” y Feliciano “N”. Cuando se acercaban a ellos los oficiales, estos sujetos les dispararon y huyeron, por lo que se inició una persecución que culminó cuando minutos más tarde fueron detenidos. *** Les confiscaron una metralleta, un arma corta, cargadores y cartuchos útiles, así como bolsas con mariguana. *** Los casos estimados de Covid-19 tuvieron un incremento de 18 por ciento en comparación con la semana epidemiológica 23 (6 al 12 de junio) informó este jueves la Secretaría de Salud, mientras que los casos activos estimados, es decir, con síntoma en los últimos 14 días, se elevaron a 40 mil 965, lo que representa el 1.5 por ciento del total de casos detectados a la fecha. *** La dependencia federal indicó que los contagios confirmados aumentaron en 6 mil 081, para alcanzar un total de 2 millones 525 mil 350 casos. Los decesos se incrementaron en 201, en comparación con los reportados este miércoles, con un acumulado de 233 mil 248. *** En cuanto a la Estrategia Nacional de Vacunación, ayer se aplicaron 717 mil 721 dosis, con un acumulado de 45 millones 898 mil 210 biológicos administrados de diciembre de 2020 a la fecha. El 35 por ciento de la población mayor de 18 años en el país ya recibió al menos una dosis.
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