Aurelio Contreras Moreno / Si la semana pasada se habló en este espacio de la manera en que la violencia jugó un papel determinante en el pasado proceso electoral en el estado de Veracruz, los últimos días mostraron un recrudecimiento que va más allá de solo afectar a los actores políticos.
La exhibición del modus operandi de la policía ministerial de la Fiscalía General del Estado para realizar cateos, a patadas contra los empleados de una abarrotera a los que luego acusaron del consabido delito de “ultrajes a la autoridad” –que no se aprecia muy indefensa que digamos en el video que circuló en redes sociales-, solo confirma la tendencia que se apreciaba desde hace varios meses: el actual gobierno de Veracruz va que vuela para ser uno de los más represores y violentos de la historia reciente de la entidad.
Porque aun y concediendo que verdaderamente los detenidos hubieran estado en posesión de drogas, nada justifica la golpiza que les dieron en la bodega ubicada en el municipio de Río Blanco, pues no hay evidencia de que se resistieran a lo que se anunció como un cateo para buscar a una persona presuntamente secuestrada, misma que los uniformados no encontraron.
Como tampoco se justifica que, como denunció el propietario de la bodega, José Antonio May González, los policías sustrajeran el dinero que encontraron, por una suma de un millón y medio de pesos –que eran para el pago de la nómina de los trabajadores y de los proveedores, de acuerdo con la versión del empresario afectado-, y tampoco que destruyeran las videocámaras de vigilancia para aplicar sus “modernos” métodos de seguridad pública, mismos que quedaron expuestos gracias al respaldo de imágenes que logró rescatarse.
A ello se suma una más que deficiente procuración e impartición de justicia, la marca de la casa de la Fiscalía General y del Poder Judicial del Estado. Las detenciones se llevaron a cabo el sábado 19 de junio, pero tardaron una semana en vincular a proceso a los imputados. Y si informaron de ello, fue porque ya había llegado a los medios la denuncia del empresario sobre los abusos cometidos por la policía ministerial.
Por desgracia, nada parece inmutar a quienes tienen en sus manos el poder en el estado. Hacen y deshacen, amenazan, agreden, amagan, reprimen, todavía más ensoberbecidos por un resultado electoral que saben perfectamente cómo lograron en gran parte del territorio veracruzano: a través del miedo, del amedrentamiento y de la cada vez más evidente operación de grupos delincuenciales en favor de los candidatos oficiales.
Para muestra, el artero asesinato este mismo fin de semana del activista social y político opositor Felipe Goné Rodríguez, quien fue ejecutado al estilo del crimen organizado luego de interponer una denuncia ante la propia Fiscalía General del Estado por la quema de las boletas de la elección para la presidencia municipal de Álamo, cuando ya se había acordado el recuento total de los votos que le daban la victoria por una diferencia mínima a Morena.
Así, el estado “en calma” del que hablan en las ficciones cotidianas de la “4t”.
En manos de los militares
Mientras tanto, avanza la militarización del país con el reconocimiento –tres años después- de la adscripción castrense de la Guardia Nacional –que de civil jamás tuvo nada-, al tiempo que la mismísima Secretaría de la Defensa Nacional le entra de lleno a la manipulación mediática –ya difunde fotos truqueadas para no afectar a Morena-, que es el “alma” de la dizque “cuarta transformación”.
Lo mejor de todo es escuchar las justificaciones de los aplaudidores del régimen, que antes condenaban lo que ahora aplauden, literalmente, a rabiar.
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