Brenda Caballero / Si pensábamos que las empresas fantasma de Javier Duarte utilizadas para saquear el erario público veracruzano eran cosa del pasado, la realidad es que no, siguen vigentes. Así lo demostró la semana pasada la reciente investigación de la asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que dio a conocer que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a través del Servicio de Administración Tributaria, descubrió nada más y nada menos que el desvío de 500 millones de pesos del Gobierno de Manuel Velasco Coello.
De inmediato, el tinte político surgió en los comentarios: “Pero es aliado de la 4T”, “Es pura presión política por si se sale del pacto que tienen”, “Es venganza después de lo de su hermano”. Éstos y tantos comentarios más se escucharon en todos los espacios públicos y privados con respecto a la investigación que fue dada a conocer por una asociación no muy afín al Presidente y con la que se ha confrontado desde Las Mañaneras por recibir apoyo extranjero.
Si bien dicen que en política no hay coincidencias, esta vez sí podría serlo, ya que el SAT, a cargo de Raquel Buenrostro, se ha puesto las pilas para detectar evasores de impuestos en todo el país y por supuesto, cobrarlos. Además, empresas que facturan tanto, deberían pagar demasiados impuestos, situación que debió prender los focos rojos en el SAT.
De acuerdo con el trabajo difundido, el SAT realizó diversas auditorías entre los años 2019 y 2020 a 6 empresas factureras y al igual que las empresas de Duarte, los socios y creadores de las mismas eran personas a las que les habían robado la identidad, entre éstos había albañiles, mensajeros y choferes, además de que los domicilios estaban en terrenos baldíos o colonias populares.
Al respecto, Velasco Coello se ha deslindado de dichos saqueos con el argumento de que él no podía responsabilizarse de todas las dependencias, ya que para eso había titulares y por lo tanto se debe investigar a fondo y castigar a los responsables.
Aunque el asunto no queda únicamente en la estafa verde, pues de acuerdo a la investigación periodística también hay cierta relación con la Estafa Maestra, esta última es la que tiene en la cárcel a Rosario Robles, que si bien no es la única involucrada, sí la única presa.
El uso de empresas fantasma no es exclusivo de la Estafa Verde. La Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Santiago Nieto (al cual ya también ven como presidenciable para el 2024) investiga al Congreso de Aguascalientes que cobró 140 millones de pesos por servicios administrativos y legislativos.
Y qué decir del Gobierno del Estado de México donde la Auditoría Superior de la Federación exhibió que una constructora cobró 12 millones 980 mil pesos por 5 obras fantasma, es decir que no fueron ejecutadas.
Pero así como las empresas fantasma y su contratación siguen, las investigaciones a nivel nacional e internacional también. Una de las finalistas al Premio Pulitzer es FinCEN Files: Los archivos de Lavado de Dinero que refiere a que Estados Unidos ha investigado a empresarios, ex funcionarios, organizaciones del narco y hasta bancos mexicanos por operaciones sospechosas de lavado de dinero. Nadie se salva, ni el mismísimo ex presidente Enrique Peña Nieto, quien ya forma parte de ese trabajo.
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