Según informes oficiales de la agencia antidrogas de los Estados Unidos, la DEA, Lomelí tuvo que regresar 2.7 millones de dólares al gobierno de los Estados Unidos para librar las acusaciones que hacían en su contra Lomelí reconoció que vendió tabletas Lovarin-P para fabricar metanfetamina; asimismo reconoció operaciones para lavado de dinero. El informe relata: «Lomelí habló con el gobierno de Estados Unidos, les dijo lo que sabía y dejó que Estados Unidos congelara 2.7 millones (de dólares) de sus activos. Admitió que vendió al crimen organizado, incluido el Cártel de Sinaloa, y firmó reconociendo su culpabilidad en una demostración de buena fe».
Ah, pero de estos bandidos no dice nada el presidente López Obrador. Para él estos no son auditables, no son imputables; a sus candidatos no les echa la perrada de la FGR ni a la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto. Es decir, miran la paja en el ojo ajeno, pero no la viga que cargan en el propio.