El problema radica que, si el aparato telefónico es robado y usado para delinquir, el ciudadano común y corriente puede ser detenido, mientras a pasos de tortuga, como es costumbre en nuestro país, avanza la denuncia del robo. Además, las compañías que proporcionan el servicio, serán también responsables de la radiografía digital del ciudadano.
Por otro lado, existe el temor de que el Gobierno Federal utilice esos datos con tinte político y electoral. Sin tomar en consideración que esta reforma violenta la privacidad, ya que con esta radiografía completa del ciudadano, en cualquier momento puede ser intervenido su teléfono celular sin ninguna orden judicial.