Aurelio Contreras Moreno / Digan lo que digan los defensores de lo indefendible, no se recuerda en el pasado cercano un ambiente de crispación social generalizada como el que se experimenta en la actualidad en México, cuando se avanza hacia la mitad del sexenio de la supuesta “cuarta transformación”.
Si bien las enormes brechas de desigualdad que se ampliaron en los últimos 50 años, junto con la elevación sostenida e imparable de los niveles de violencia no permitirían hablar ni de paz social ni de bienestar, el encono nunca se había sentido tan a flor de piel entre la población, a lo que además hay que agregar la zozobra ante la radicalización del grupo en el poder.
Para nadie era un secreto que a medida que se acercara la fecha de las elecciones intermedias, el lopezobradorismo en el poder comenzaría a “cerrar la pinza” para imponerse por sobre todos aquellos a los que considera sus “adversarios” y que, como ha quedado de manifiesto en los últimos días, son todos aquellos ciudadanos que no acepten acríticamente la “línea”, el discurso, los dogmas y los prejuicios de la “4t”. A todos los niveles.
Es espeluznante presenciar la manera como el régimen agrede y pretende conculcar consuetudinariamente la libertad de expresión en el país, ya sea con sus ataques verbales diarios a los medios y periodistas que le resultan incómodos en esas farsas caricaturescas en las que se han convertido las conferencias matutinas de Andrés Manuel López Obrador, como con la violencia “de a de veras” que, si bien no puede afirmarse que ejerce directamente el gobierno, sí la alienta con su actitud de degradación del ejercicio periodístico, lo cual incluye el uso de bufones, “paleros” y textoservidores oficialistas disfrazados de periodistas.
Las cifras hablan por sí mismas. La organización civil Artículo 19 –que por esto se convirtió también en blanco de las agresiones de las hordas cibernéticas y los mercenarios mediáticos del lopezobradorismo- documentó en su informe anual sobre libertad de expresión titulado “Distorsión: el discurso contra la realidad”, que durante 2020 se cometieron 692 agresiones contra periodistas en México, un promedio de dos al día.
Para establecer un parámetro, en 2019 fueron 609, una cada 15 horas, y en 2018 ascendieron a 544. Dichas agresiones culminaron con el asesinato de seis periodistas en México por motivos relacionados con su trabajo.
La mitad de las agresiones registradas se atribuyen a agentes del Estado y un tercio a las fuerzas de seguridad; mientras que 27.6 por ciento de las agresiones fueron de carácter digital y 16.3 por ciento se debieron a la cobertura de la emergencia sanitaria por la covid-19, cuyo número de muertos rebasa ya el escenario más dantesco imaginable.
Las formas más comunes de agresión que refiere Artículo 19 son el hostigamiento administrativo o judicial, la intimidación y la estigmatización. Todas, características comunes del delirante, insano y decadente intercambio público que se promueve desde las “mañaneras”, donde también tienen “entre ojos” al Instituto Nacional Electoral, al INAI y cualquier ente o persona que se atreva a señalar y ya no digamos a sancionar las recurrentes ilegalidades en las que incurre todo el tiempo un régimen cada vez más autoritario y menos preocupado con las formas.
Para mayor abundamiento, la anómala situación que priva en Veracruz tras la aprobación y publicación de la reforma al Código Penal del Estado, que aumentó la penalidad del delito de ultrajes a la autoridad en lugar de derogarlo, como marcan las tendencias del derecho internacional en materia de derechos humanos.
Este tipo penal de corte diazordacista ya fue usado de manera arbitraria y abusiva por la policía del gobierno de Cuitláhuac García en contra de adversarios y competidores políticos, de un reportero del norte de la entidad por desempeñar una cobertura informativa, de un ciudadano que ejercía su derecho constitucional a manifestarse públicamente y hasta de unos jóvenes y un adulto mayor que la semana pasada fueron prácticamente secuestrados en un estudio de tatuajes en la ciudad de Orizaba, a los que se pretendió imputar posesión de drogas y de armas y que, ante la evidente falsedad de las acusaciones, se les aplicó la de “ultrajes a la autoridad”.
Al final y ante la presión social alrededor del caso, la noche de este miércoles la Fiscalía General del Estado se desistió de esta imputación y fueron liberados. Pero, ¿quién les devuelve la semana de horror vivida en el penal de Amatlán, donde hay reos de alta peligrosidad?
Ahora imagine lo que puede pasar si un ciudadano cualquiera graba a los operadores del régimen comprando votos en las próximas elecciones o a las fuerzas de seguridad cometiendo algún abuso de autoridad en la calle. Seguro irá a dar con sus huesos a la cárcel.
La crisis de derechos humanos y garantías ciudadanas en México es real. Y puede ponerse –se está poniendo- mucho peor.
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