*Ninguno de los crímenes políticos ha sido aclarado
Carlos Jesús Rodríguez Rodríguez / HACE VEINTISIETE días, concretamente el jueves 4 de este mes, el gobierno Federal anunció una estrategia para proteger a los más de 21 mil candidatos que estarán en la contienda de este año, la que incluye instalar mesas de trabajo y reforzar la seguridad en Estados y municipios de alto riesgo para evitar amenazas, intimidaciones o cooptaciones del crimen organizado o delincuentes “de cuello blanco” (aunque también del propio Gobierno que suele ponerlos en riesgo con tanta diatriba vertida). En el encuentro la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana advirtió que hasta ahora más de la mitad de la violencia contra políticos se concentra en siete Estados: Oaxaca, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Baja California, Jalisco y, por supuesto Veracruz donde han ocurrido más asesinatos y agresiones contra personas ligadas a la política que en ninguna otra Entidad, y vaya que a la dependencia no le faltaba razón, aun cuando el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez y su ineficiente gabinete de seguridad tratan de tapar el sol con un dedo, peor aún, alcahueteado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador que lejos de llamar la atención al ineficaz mandatario, cada vez que viene a Veracruz le levanta la mano y lo coloca al nivel del Apóstol Juan considerando que los seguidores de AMLO han llegado compararlo con el mismísimo Jesucristo, una postura que mueve a risa y que denota el nivel de fanatismo alrededor del Presidente que dizque busca la transformación y solo ha provocado confusión y caos.
Y DECIAMOS que tiene razón la SSPC cuando clasifica a Veracruz entre los Estados más violento contra políticos, especialmente mujeres, ya que este miércoles ocurrió un nuevo hecho de sangre, esta vez en contra de la lideresa panista en la sierra de Zongolica, María Guadalupe Reyes Raigosa quien fungió como candidata de ese partido a la alcaldía de Astacinga y, hasta donde se sabe, era fuerte prospecto de ese mismo partido para disputarla nuevamente. Reyes Raigosa –a pesar del Acuerdo por la Democracia y demás bla bla bla-, firmado a nivel nacional y Estatal por el Gobierno de la Cuarta Transformación, fue vilmente asesinada a balazos, recibiendo dos impactos, uno en la cabeza, mortal por necesidad y el otro en el pecho, perdiendo la vida minutos después en un hospital de Orizaba hasta donde fue traslada por carretera, pues aunque se pidió el apoyo de un helicóptero este jamás llego.
LA AHORA occisa se encontraba en un predio de su propiedad ubicado cerca de un rio que circunda los municipios de Astacinga en los límites con Tehuipango, y hasta ese sitio llegaron sujetos armados quienes la agredieron a balazos sin mayores miramientos, sumándose a la ya larga lista de mujeres y hombres asesinados en este proceso electoral que amenaza ser el más peligroso de la historia. Apenas el 12 de Febrero, Juan Gilberto Ortiz Parra, de 36 años, precandidato a la alcaldía de Úrsulo Galván fue asesinado por hombres armados cuando circulaba en su automóvil sobre la carretera federal Matamoros-Puerto Juárez, en el municipio de Puente Nacional, y de los asesinos nada se sabe –como nada se sabe de quienes han cometido el 95 por ciento de crímenes en este Estado fallido, donde, por otra parte, los abusos policiacos están a la orden del día-.
EL DE Ortiz Parra no ha sido el único crimen perpetrado en pleno proceso electoral. El 31 de Octubre del año pasado, en un ataque armado fue asesinado el doctor Manuel Dimas Cristóbal, excandidato a la presidencia municipal de Tierra Blanca por el partido Movimiento Ciudadano (MC) en las elecciones del 2017, y quien nuevamente buscaba la postulación. Los hechos ocurrieron en la calle Aldama, entre Aquiles Serdán y Benito Juárez, en plena zona centro del municipio. El ahora occiso fue atacado cuando se encontraba en la “Casa Rosada”, inmueble que servía como sede de la asociación civil que el político presidía. Tras quedar en tercer lugar en las elecciones del 2017, Dimas Cristóbal se sumó a la militancia del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en el que buscaba ubicarse como próximo candidato a la alcaldía de Tierra Blanca en las votaciones de este año. Dimas era conocido por su amplia trayectoria en la política local, de origen perredista más tarde apoyó la candidatura de Tito Delfín Cano, panista que fue presidente municipal y posteriormente diputado federal y local. Antes de su postulación por el Movimiento Ciudadano en el 2017 para contender por la presidencia municipal, buscó incorporarse al Morena, sin embargo, no fue favorecido en aquel entonces. En este caso como en el anterior, no hay detenidos.
OTROS CRÍMENES que han causado indignación en el Estado son los perpetrados en contra de Gladys Merlín Castro, ex alcaldesa y ex diputada por Cosoleacaque, y de su hija, Carla Enríquez Merlín, aspirante a la Presidencia Municipal por MoReNa, ambas salvajemente asesinadas en la recamara de la política por sujetos que a la fecha siguen libres, aun cuando en la cárcel se encuentran dos guardias de seguridad que descuidaron el resguardo de la residencia, se confiaron o, simple y llanamente, se confabularon con los criminales. Los homicidios ocurrieron la madrugada del lunes 15 de Febrero en la residencia bardeada localizada en la calle Correos del Barrio Segundo. Por aquellos lamentables hechos, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, sin más argumentos que su imaginación e injuria culpó a los cacicazgos regionales para después decir que ya existían dos líneas de investigación en torno a lo que llamó un cobarde asesinato. Sin embargo, el mandatario se negó a revelar dichas líneas de investigación y es la fecha que ni líneas ni curvas, y solo dos guardias de seguridad se encuentran arrestados sin que se hayan declarado culpables del abominable hecho.
EN ESE tenor, desde septiembre de 2020, cuando arrancó oficialmente el proceso electoral, y hasta Febrero, cuando concluyeron las precampañas se habían registrado 73 delitos relacionados con la política, en los que 64 personas fueron víctimas de homicidio. Una y otra vez, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana ha advertido que hasta ahora más de la mitad de la violencia contra políticos se concentra en siete entidades: Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco, pero al menos en lo que respeta a Veracruz las autoridades siguen durmiendo en sus laureles, y el asesinado de la lideresa panista María Guadalupe Reyes Raigosa es una muestra de que a nadie pereciera interesarle mantener la seguridad y tranquilidad en el Estado, aunque eso sí, se sigue negando lo innegable: el oleaje de crímenes que han pintado de rojo a Veracruz desde el arribo de la actual administración Estatal. Así de simple. OPINA [email protected]
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