Sergio Gil agrega que dicho acuerdo «no considera, por ejemplo, medidas de vigilancia y control en la utilización de programas a favor de un partido político o candidato, y que sea el mismo gobierno el primero en sancionar a sus funcionarios que incurren en esas prácticas, hayan sido denunciadas o no, sin embargo, no se contempla nada de ello en el documento».
Otros dirigentes estatales de partidos también se han negado a legitimar la represión y los actos ilegales del gobierno de Cuitláhuac García, particularmente del secretario de Gobierno, Éric Cisneros Burgos, quien se promueve como garante de dicho acuerdo. ¿Qué garantías puede dar un represor? Un sujeto al que se acude por apoyo, ayuda y lo único que ofrece son amenazas.