Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
Parece un síndrome que afecta a todos aquellos gobernantes surgidos de Morena: Les da por convertirse en fiscales y jueces. *** Han sido reiteradas las ocasiones en las que se le ha llamado la atención al gobernador Cuitláhuac García por especular, de manera ligera, sobre las razones o los responsables de algunos crímenes de gran impacto mediático. Hoy esa misma pifia la cometió el alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez. *** La noche del pasado sábado, en la plaza Clavijero, un joven (al parecer hijo de uno de los locatarios) fue acribillado en uno de los pasillos de ese centro comercial. *** Este no es el primer crimen que ocurre en la plaza Clavijero. En febrero de 2019 la dirigente de los comerciantes de ese lugar, María del Carmen Ruiz Hernández, a plena luz del día fue asesinada a balazos, justo frente a sus compañeros. *** Cuestionado sobre esta nueva agresión, a Hipólito Rodríguez lo primero que se le ocurrió decir fue que existen conflictos entre los propios comerciantes y eso está provocando la violencia. *** “Tenemos información de que ahí hay tensión y conflictos entre ellos. Lo que estamos buscando es contribuir a que haya un orden y un consenso en la manera en la que se gestiona ese espacio”. *** Pero no sólo eso. El alcalde informó que en ese sitio fueron instaladas cámaras de seguridad “pero ellos mismos (los comerciantes) las desactivaron”. *** ¿Y entonces? ¿Cuál es el papel que juega la autoridad municipal? ¿Los comerciantes pueden hacer lo que quieran y el ayuntamiento se cruza de brazos? ¿Quién le dio a Hipólito Rodríguez la facultad de emitir un juicio sobre este tipo de crímenes? *** No han entendido que son empleados del pueblo, no dioses.
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No los pierda de vista. Los podrá distinguir porque entre los diputados locales se les conoce “los nuevos morenos”.
Andrea Yunes, Rodrigo García, Antonio García, Jorge Moreno y la coordinadora Erika Ayala, conforman la “reserva estratégica” del Presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, para cuando la suma de votos se le complica.
A diferencia de casos destacados dentro del grupo legislativo de Morena, de diputados que votan a consciencia y en muchas ocasiones en contra de la instrucción recibida, estos cinco legisladores acatan sin chistar las instrucciones de su jefe.
El problema es que, desde hace mucho tiempo, su “jefe” nada tiene que ver con los partidos que les permitieron llegar a la Legislatura (Ayala, Moreno y Antonio García, por el PRI; Rodrigo García por el PAN y Andrea Yunes por el Verde). Hoy todos ellos acatan, avalan con su voto, aprueban, todo lo que les dicta el coordinador de la bancada de Morena.
Y el ejemplo más cercano es la absurda aprobación del dictamen que dispuso que fuera sometida a juicio político la magistrada Sofía Martínez Huerta.
Ni siquiera leyeron el dictamen, no hacía falta; ellos ya habían recibido la instrucción y con eso les bastaba.
El pasado viernes, en sesión extraordinaria a puerta cerrada, el Pleno del Congreso del Estado, erigido en jurado de acusación, aprobó iniciar juicio político en contra de la magistrada Sofía Martínez Huerta, y plantearon su inhabilitación por cinco años y su destitución del cargo de magistrada, sanciones que en todo caso deberá validar el Poder Judicial.
Resulta que un juez de control (José Clemente Zorrilla Rostro) -de quien se tiene documentado que fue ampliamente beneficiado en el período en el que fue Presidente del Tribunal Superior de Justicia Edel Álvarez Peña y se descubrió que dejó abandonadas sus tareas en el juzgado que le fue asignado- solicitó el juicio político contra Sofía Martínez.
El argumento por parte del juez para iniciar este procedimiento, fue que durante su gestión como titular del Poder Judicial Sofía Martínez ordenó que Zorrilla Rostro fuera sustituido de su cargo, potestad que, en estricto rigor, corresponde al Consejo de la Judicatura, con la salvedad de que la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 88, en las atribuciones del Presidente considera (fracción XIII) “disponer, en casos urgentes, lo necesario para la correcta impartición de justicia”.
No hay, pues, irregularidad alguna que justifique el juicio político, pero la consigna llegó desde Palacio de Gobierno, ya que la magistrada cometió la osadía, durante su período como Presidenta del Poder Judicial, de auditar el programa de Ciudades Judiciales que promovió su antecesor, Edel Álvarez Peña, en el que se detectaron graves irregularidades.
De alguna manera Edel Álvarez Peña consiguió negociar su declinación a un segundo período al frente del Poder Judicial, a cambio de que el gobernador Cuitláhuac García no “le escarbara” al tema de las ciudades judiciales.
Pasando por alto el principio de división de Poderes, el gobernador “instruyó” a la entonces nueva Presidenta (quien llegó a ese cargo justo gracias al aval de Cuitláhuac García) para que no “barriera para atrás” en ese tema.
Sofía Martínez Huerta quizá no era la magistrada mejor calificada para ocupar la Presidencia del Poder Judicial, pero tampoco era tonta. En cuanto recibió el reporte de la millonada que tendría que pagar mes con mes por el negocio de las ciudades judiciales, optó por “pintar su raya” y dejar en claro que en ese fraude ella no tuvo nada que ver.
Hoy ese acto de “rebeldía” con aquel que se dice “diferente” pero es igual –o peor- que sus antecesores, le está costando a la magistrada Sofía Martínez Huerta el riesgo de ser inhabilitada y, por los recientes ejemplos, hasta enviada a la cárcel.
Su futuro está en manos de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia que, en teoría, saben más de leyes y entienden las consecuencias de aplicarlas por consigna.
Sofía Martínez se hizo de los servicios de un equipo de abogados con amplia capacidad y experiencia, encabezados por el doctor Tomás Mundo. Ya trabajan en su argumentación, respaldados en técnicas avanzadas, como la prueba testimonial desde el razonamiento probatorio y la psicología del testimonio, por lo que los juzgadores tendrán suficiente material y argumentos para actuar con apego a la verdad.
Que así sea.
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Epílogo.
Rogelio Franco Castán fue trasladado de su prisión en Tuxpan, al penal de Amatlán de los Reyes, en la región central montañosa, luego de que fue vinculado a proceso por el delito de ultrajes a la autoridad. *** El PRD condenó el traslado de su Consejero Nacional y exsecretario de Gobierno. La Dirección Nacional Ejecutiva de ese partido hizo responsable al gobierno de Cuitláhuac García de la integridad de Rogelio Franco, pues se interpuso -y se obtuvo- un amparo para frenar su traslado del penal de Tuxpan a otro reclusorio. *** “Queda claro que es una persecución política contra los adversarios del gobierno morenista actual en el estado, puesto que tienen miedo de que Rogelio Franco, desde San Lázaro, exhiba al gobierno fallido de aquella entidad. Nuestro compañero es un preso político de la 4T que está solapada e incitada por el Presidente de la República”, expresó la dirigencia nacional perredista. *** Incluso la Iglesia Católica se expresó sobre el tema. La Arquidiócesis de Xalapa expresó en su comunicado dominical que “existen amenazas serias por el uso ideológico de las leyes y el abuso de poder está pasando por encima de los derechos humanos y se está poniendo en peligro las instituciones que sostienen nuestra sociedad”. *** En las pasadas 24 horas se confirmaron 209 nuevos fallecimientos por Covid-19, con lo cual el registro nacional acumulado llegó a 198 mil 36 defunciones. Ricardo Cortés Alcalá, director de Promoción de la Salud indicó que los casos acumulados suman 2 millones 390 mil 95, de los cuales mil 797 se confirmaron en el último día. *** En cuanto a la campaña nacional de vacunación, dijo que hasta ahora se ha completado 716 mil 768 esquemas de vacunación, esto es, personas que han recibido las dos dosis del biológico correspondiente. Hoy se aplicaron 109 mil 387 dosis. Con lo que ya suman 5 millones 612 mil 291 dosis aplicadas del 24 de diciembre –que empezó la campaña— a la fecha.
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