Irineo Domínguez Méndez / Con gran entusiasmo y llenos de esperanza los adultos mayores que residen en el Estado se aglomeraron para recibir la vacuna que les podrá devolver la libertad; sí, la de libre tránsito sin causar daños a terceros y queden exceptuados de recibirlo. La pandemia ha cedido un poco y con la prevención que otorga la vacuna contra el COVID-19 coadyuvará a que cedan más rápido los niveles de contagio. Es un triunfo coordinado entre los gobiernos federal y local; mucho más del local que logró se incluyera a Veracruz entre los primeros beneficiados.
Los efectos de la prevención se verán reflejados en la activación económica. Los negocios podrán abrir sus puertas a los consumidores y con ello, la recuperación de empleos pronto será una realidad. Otro acierto es la visita que el presidente realiza al sur del Estado. Según la información dada – entre otras cosas -, viene a inaugurar instalaciones de la guardia nacional; con seguridad anunciará otras obras que beneficien a los veracruzanos; cuestión que tendrá que ser reconocida al gobierno del Estado por su gestoría.
En sentido contrario, se vislumbra que la reforma al Código Penal de Veracruz pudiera restringir la libertad de expresión si los comentarios de periodistas y articulistas resultan incómodos a cualquier autoridad. Me refiero al delito de ultrajes a la autoridad; el cual ha sufrido un incremento en la pena punitiva: de seis meses a dos años de prisión pasa a ser de “hasta cinco a siete años de prisión”.
Cabe aclararse que la actual pena punitiva se refiere a conductas agresivas descritas y añadidas al artículo 331 del Código Penal de Veracruz y en lo concerniente a la fracción II. que a la letra dice: “Se le aplicará al responsable de este delito, además de las sanciones anteriores, de cinco a siete años de prisión, cuando se actualicen cualquiera de los supuestos siguientes: fracción II. Se realice por medio de cualquier tipo de violencia contra la víctima”. Entonces, bien vale que el Ejecutivo y Legislativo aclaren si restringe o no el ejercicio de la libertad de expresión; considerando la segunda ley arbitraria de la lengua y la cultura idiosincrática del mexicano. Esto es así, porque el diccionario de la real academia española define el término “violencia” de la siguiente manera: “Dar interpretación o sentido violento a lo dicho o escrito”.
Si la interpretación de la “autoridad”, dentro de cualquier contexto escrito para expresar una opinión, pudiera adecuarla al ilícito en comento, sin duda, se coartaría el derecho de libre expresión. Igualmente sucedería, como se presume ya aconteció con el vocero de los prestadores del servicio de verificación vehicular, cuando manifestantes expresen su repudio a las fallas de funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones. Urge que la “autoridad” aclare la reforma y sus alcances.
Otra vicisitud es la invitación que realiza el Ejecutivo a todos los actores políticos para que signen un “Acuerdo por la Democracia” cuando se critica la utilización del aparato represivo legal en contra de la oposición; incluso dentro del partido gobernante; pues, cabe otra pregunta: ¿lo firmará el exempleado del gobernador que dice es delegado de Morena?; sujeto que no representa legalmente al partido en el Estado. De ser así, el ejemplo sería negativo como devastador de la democracia.
Otro sí digo. – Es una aberración que Rogelio Franco sufra el embate del sistema. Aún suponiendo sin conceder que hubiese cometido el ultraje, debió continuar su proceso en libertad. Ocho meses de prisión preventiva es un exceso. Seguramente, la justicia federal lo protegerá.
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