El presidente de la República, desde su postura de Jefe de la Nación, solicitó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se investigue al juez que concedió el amparo para detener su Reforma Eléctrica. Los argumentos del presidente son supuestos. López Obrador, sin aportar pruebas, acusa que en la decisión del juez «actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen». ¿Sólo porque lo dice el presidente hay que creerle?
El ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio respuesta a la solicitud del presidente, colocándolo en el lugar que él tiene ante la ley, el lugar de un ciudadano: «Como procede en estos casos, su queja será remitida al área correspondiente del Consejo de la Judicatura Federal para que, de existir elementos para ello, se abra la investigación que en su caso procediera».
En esa misma respuesta, el ministro presidente le aclara al Jefe de la Nación, que los jueces actúan en un marco de autonomía e independencia y que por lo mismo seguirán cumpliendo con esa encomienda. Si López Obrador esperaba el cese inmediato del juez, o que la decisión del juez fuera revocada, se va a quedar esperando, pues el presidente de la SCJN sólo le dio el famoso avionazo.
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