Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
Poco hay que agregar a estas alturas al caso de Rogelio Franco Castán, consejero nacional del PRD y exsecretario de Gobierno, en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares. *** Elementos de la Policía Ministerial acudieron a su domicilio en la ciudad de Tuxpan, con el fin de cumplir una orden de aprehensión, la cual no pudieron ejecutar, toda vez que Rogelio Franco les mostró el documento que acreditaba la suspensión provisional que le fue concedida por el Juzgado Primero de Distrito “contra actos del Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito Judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, Veracruz y otras autoridades”. *** A pesar de ello, los elementos de la Fiscalía sometieron por la fuerza al perredista y lo acusaron de “ultrajes a la autoridad”. *** En virtud de que la aprehensión que pretendían realizar los agentes de la Policía Ministerial era ilegal, se entiende que Rogelio Franco se haya resistido. *** Un especialista en la materia me lo explicó de esta manera: “resulta evidente que cuando se emana de un acto ilegal por parte de la autoridad, no se actualiza el delito de ultrajes a la autoridad”. *** La actuación de los elementos de la Policía Ministerial fue –pues- ilegal y quedó claro que atendían a una consigna, por lo que les resultará responsabilidad penal. *** Con toda razón la dirigencia estatal del PRD condenó que la Fiscalía General del Estado (FGE) haya decidido “emprender una cacería política que tiene como único fin, mermar la creciente desaprobación a su labor, lanzando petardos mediáticos basados en la ley, para silenciar voces críticas desde la oposición”. *** No sólo eso: Ese organismo político exigió a las autoridades “aplicar la ley apegados a derecho, sin revanchismo político ni tratos que laceren su dignidad, otorgándole las garantías establecidas constitucionalmente para su legítima defensa”. *** Aunque hoy fue trasladado ante un juez de control, la situación jurídica de Rogelio Franco se habrá de conocer este lunes.
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1). ¿Por qué el Juicio Político contra la magistrada Sofía Martínez Huerta?
La explicación se dio en este mismo espacio, cuando se narró su entrevista con el secretario de Gobierno, Éric Cisneros (21 de octubre de 2020):
– No se le olvide, señor secretario, que está hablando con la titular de uno de los tres Poderes del Estado. Usted, sin embargo, es sólo un funcionario más del Poder Ejecutivo. No tiene la estatura jerárquica –y mucho menos moral- para pedirme que renuncie.
– Pero si usted le renunció al gobernador.
– Se vuelve a equivocar, señor secretario. No tiene el titular del Poder Ejecutivo atribuciones para recibir de mi parte una renuncia. En efecto, yo le informé al ingeniero Cuitláhuac García mi voluntad de renunciar, pues le demostré con documentos que todo de lo que se me acusaba era falso. Él me sugirió que me mantenga en el cargo y eso haré.
De la denuncia presentada por Sofía Martínez en contra de Éric Cisneros por el delito de amenazas, se rescata su narración de aquel encuentro con el gobernador y el secretario de Gobierno (03 de diciembre del 2020):
“… que acudió a una reunión en la que estuvieron presentes Cuitláhuac García y Éric Cisneros, y en la que el gobernador le hizo saber: Ahora que fue designada Presidenta del Poder Judicial del Estado es importante que usted tenga conocimiento que el Secretario de Gobierno tuvo que realizar diversos acuerdos con el anterior Presidente del Poder Judicial del Estado (Edel Álvarez Peña), y que dentro de esos acuerdos quedamos en que no se haría cacería de brujas respecto a su administración, por lo cual todo aquello que tenga que ver con la anterior administración, lo tendrá que ver directamente con el ingeniero Cisneros”.
2). ¿Qué papel juega en todo esto el “juez” José Clemente Zorrilla Rostro?
Se trata de un instrumento del expresidente del Tribunal Superior de Justicia Edel Álvarez Peña, con el fin de evitar que se siguiera investigando el irregular procedimiento para la construcción de las ciudades Judiciales, mediante el mecanismo de las Asociaciones Público-Privadas (APP).
Zorrilla Rostro presentó demanda de juicio político en contra de la magistrada Sofía Martínez Huerta, por una supuesta usurpación de las funciones del Consejo de la Judicatura, aduciendo que había girado oficios a través de los cuales lo removía del cargo de Juez de Ozuluama y que le levantó un acta administrativa sin dejarle copia.
La Ley Orgánica del Poder Judicial le otorga la facultad al Presidente del Tribunal de disponer, en casos urgentes, lo necesario para la correcta impartición de justicia, informando de las medidas adoptadas en sesión del Pleno del Tribunal o del Consejo de la Judicatura. Por lo tanto, al estar contemplada esta facultad en la Ley, no cabe el señalamiento de “usurpación de funciones”.
De hecho, gracias a esa misma facultad, en su momento Edel Álvarez Peña designó al propio José Clemente Zorrilla como juez interino en Huatusco y en Veracruz.
3) ¿Por qué relevó la magistrada presidenta al juez José Clemente Zorrilla?
El juzgador fue enviado a Ozuluama, sitio al que sólo se presentó para rendir protesta; a partir de ese momento dejó de presentarse en el órgano de su adscripción. El área jurídica del Poder Judicial constató que Zorrilla Rostro no se había presentado y que los asuntos los despachaba a través de correo electrónico o por Whatsapp.
Informada de estos hechos, la Magistrada Sofía Martínez, en uso de sus facultades, encomendó a Óscar Hernández Carmona avocarse al conocimiento de los casos que había dejado inconclusos el juez Zorrilla.
4) ¿Existe responsabilidad penal de los diputados que han visto este tema?
La diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva se envió a sí misma (oficio SG-SO-1er./3er./005/2020) el expediente de Juicio Político solicitado en contra de la magistrada Sofía Martínez Huerta. Esa sola acción violenta el artículo 28 del reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, que señala que los integrantes de la Mesa Directiva “no podrán formar parte de las comisiones permanentes durante su encargo”, lo que implica la comisión del delito de “ejercicio indebido o abandono del servicio público”. También se le pueden acreditar otros delitos, como el de simulación de actos jurídicos, alteración de documentos y fraude procesal.
La actuación de los Diputados Rubén Ríos y Raymundo Andrade, de la Comisión de Gobernación, y a Rosalinda Galindo y Érica Ayala, de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, se encuadra en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, coalición y fraude procesal.
Con los diputados Víctor Vargas y Jéssica Ramírez, integrantes de la Comisión Instructora, se materializan los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, coalición y fraude procesal.
5). ¿Qué responsabilidad recae en los diputados del Pleno que votarán el dictamen?
Frente a las evidentes violaciones en el procedimiento para someter a juicio a la magistrada Sofía Martínez Huerta, en caso de que los diputados del Pleno avalen el dictamen, estarían incurriendo en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y coalición.
¿Quiénes estarán dispuestos a “cumplir las instrucciones” y ponerse en riesgo de terminar en la cárcel, si no ahorita que están protegidos, más adelante, cuando sus “jefes” ya no estén?
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Epílogo.
Avanza con pasos firmes la denuncia penal contra los “Nuevos Porkys” de Boca del Río. Esta semana el doctor Tomas Mundo Arriasa presentará en la Fiscalía una prueba de Psicología del Testimonio de la víctima de identidad reservada, con el fin de que sea valorada por el juez de control. *** Esta es la primera vez que se integra esta prueba en la Fiscalía dentro de una carpeta de investigación, con lo que se rompen esquemas tradicionales en la investigación de delitos de índole sexual. *** Tomás Mundo, representante jurídico de la víctima, retoma elementos de la libertad probatoria y las pruebas científicas, que ya contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¡Bien! *** Este domingo la Secretaría de Salud federal reportó 2 mil 415 nuevos casos de Covid-19 en México, dando un acumulado de 2 millones 166 mil 290 contagios confirmados. En tanto, la cifra de fallecimientos ascendió a 194 mil 710, tras registrarse 220 muertes más respecto a las notificadas en la víspera. *** Hasta este domingo a las 16 horas, 74 mil 382 personas recibieron la vacuna contra Covid-19 y desde el inicio del plan nacional de vacunación, se han aplicado 4 millones 339 mil 926 dosis a personal de salud que atiende a enfermos de coronavirus, personal educativo y adultos mayores de 60 años. El avance es de 68% respecto de la cantidad de vacunas recibidas en el país. *** Hasta hoy, 592 mil 452 trabajadores en hospitales Covid han completado el esquema de dos dosis con la vacuna Pfizer-Biontech, así como 17 mil 429 integrantes del sistema educativo de Campeche. *** Entre los adultos mayores, son ya 2 millones 883 mil 813 los que recibieron la primera dosis de alguna de las cuatro vacunas disponibles en el país.
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