Carlos Jesús Rodríguez Rodríguez / QUIZA JAVIER Duarte de Ochoa ya saboreaba la libertad para finales de este año o principios del próximo, luego de que un juez lo sentenció en 2018 a 9 años de prisión por lavado de dinero y asociación delictuosa, sentencia que le fue confirmada el año pasado por la magistrada titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal de Ciudad de México, Isabel Porras Odriozola, al considerar que las pruebas ofrecidas por la entonces Procuraduría General de la República fueron suficientes e idóneas para probar que Duarte participó en un entramado criminal de empresas fantasma y, así, ratificar la condena impuesta. Lo que llamó la atención, sin embargo, es que la jueza revocara el decomiso de más de 40 propiedades supuestamente ligadas al inculpado, porque según la juzgadora, los inmuebles son propiedad de otras personas que aún no han sido condenadas, aun cuando se argumentó que son testaferros de Duarte. “La sentencia se funda en los hechos y las pruebas aceptadas por el acusado. Es inadmisible que en la apelación se analicen aspectos que ya fueron previamente convenidos y expresamente aceptados ante el juez de control, en cuanto al delito y la responsabilidad. Lo único exigible ante el juez y luego ante el tribunal, es que los datos de prueba sean suficientes e idóneos”, indicó Porras, y hasta ahí todo salía a pedir de boca para el robusto ex Gobernador que si bien ya perdió a su esposa al decidir ésta divorciarse del energúmeno, al menos le quedaban millonarios bienes, pero no contaba que este año habrá elecciones, y que el Gobierno Federal recurrirá a todo para demostrar que el viejo régimen fue corrupto y no debe retornar, y uno de los ejemplos de lo que no debe ser en política es, precisamente, Javier Duarte de Ochoa.
POR ESA razón, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que anda en lo suyo, ha dejado en claro que en la Auditoria 1475-DS-GF, del ejercicio 2015, Javier Duarte no pudo acreditar el gasto de 3 mil 525 millones 51 mil 800 pesos, y tampoco regresó a la Federación la cantidad como está previsto en la ley, razón por la cual deberá enfrentar un nuevo procedimiento por el faltante y el probable delito de corrupción que con las modificaciones a la ley, es castigado con prisión preventiva sin derecho a libertad bajo fianza. Peor aun cuando el faltante que no es poca monta, y procedía de fondos federales que serían utilizados en la Entidad para programas de Tratamiento de Aguas Residuales, Saneamiento de Zonas Urbanas, Agua Potable, Alcantarillado y Desarrollo Regional Turístico Sustentable. Por ello en el nuevo procedimiento iniciado en su contra, la ASF asegura que se vieron afectados igualmente los fondos Regionales, Metropolitano y de Contingencias Económicas. En pocas palabras, Javier Duarte tiene de nuevo el agua al cuello, ahora con una variante: su ex esposa Karime Macías Tubilla podría ser extraditada a México bajo una condicionante de libertad: que empine a su ex marido y que se salve ella para que siga a cargo de sus tres hijos, y no se duda ni por un instante que eso suceda acostumbrado como están a la traición palaciega que tantos beneficios les redituó en el pasado reciente. Aunque, por otra parte, Duarte tendrá que comprometerse a devolver esa suma a la Federación si quiere salvarse, porque esa es la tónica del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, o quedarse otro buen rato en prisión, quizá hasta que termine este régimen y dependiendo de quién gane la elección presidencial del 2024.
PORQUE DE acuerdo a la Auditoria Superior de la Federación, el gobierno Federal entregó en 2014 a Veracruz (en la administración peñista contra quien Duarte buscó testificar sin éxito) un monto de 4 mil 704 millones 564 mil 500 pesos, de los cuales sólo se comprobó el gasto de mil 179 millones 512 mil 700 pesos. Es decir, el gobierno del exgobernador Duarte no comprobó 74 por ciento del dinero entregado ni declaró su destino, y entre las instancias involucradas en la desaparición del recurso se encuentran Finanzas y Planeación (Sefiplan), Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) y la Comisión de Agua Potable de Veracruz (CAEV). La nueva investigación contra Duarte se inició por una denuncia presentada por la ASF en febrero pasado debido a irregularidades detectadas hace más de seis años en Veracruz, y en ese tenor, ya la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una nueva carpeta de investigación por el posible desvío de más de 3 mil 500 millones de pesos provenientes de diversos fondos federales que, en 2015, fueron transferidos a la administración del entonces gobernador de Veracruz, dinero que fue extraído de las cuentas oficiales y nunca fue devuelto, por lo que en el recuento de daños, los recursos presuntamente desviados en el Estado en aquel fatídico régimen ya superan los 66 mil millones de pesos, lo que convierte a la Entidad en la que mayor monto de recursos públicos desapareció. Y aunque la mayoría del dinero mal usado corresponde al periodo de Duarte, hay más de 2 mil 600 millones desaparecidos que ya corresponden al primer año del actual gobierno de Cuitláhuac García.
LO CIERTO es que son tiempos electorales y MoReNa echará mano de todos los recursos para mantener el poder, aunque en el caso de Veracruz sería imposible defender lo indefendible de un sujeto que traicionó la confianza de los veracruzanos, de sus amigos que le ayudaron en su momento y de su propia familia, porque no se puede suponer nada bueno de alguien a quien sus hijos y su familia en general no le importaron al momento de cometer tantos desmanes que ahora lo tienen en prisión, y que podrían mantenerlo muchos años más si le hacen efectivos otros delitos como este de los 3 mil 500 millones, las desapariciones forzadas ordenadas en Veracruz, su alianza con grupos delincuenciales ya abatidos y la tortura a la que sometía a sus enemigos al interior de los reclusorios, solo porque podía.
Y ES que en el Gobierno de Duarte de Ochoa se hizo común o recurrente que la Secretaría de Finanzas, a través de la tesorería –cuyo titular Carlos Morales sigue prófugo- no transfería a los municipios los recursos que recibía, o los retiraba de los fideicomisos o cuentas autorizadas creada para ello, usando el dinero para cubrir otros gastos o, en el peor de los casos adquirir propiedades. Un informe de la auditoría destaca la desaparición de 2 mil 750 millones de pesos del denominado Fondo de Contingencias Económicas que deberían destinarse justo a gastos emergentes, pero que la administración Estatal retiró del banco sin probar para que lo usó, porque a los afectados jamás llegó, al menos no existe la acreditación que demuestre que eso ocurrió. En fin, Duarte, en caso de llegar la investigación hasta las últimas consecuencias podría ser sentenciada a nueve o hasta 20 años de prisión, todo por la ambición desmedida de un sujeto sin moral ni principios a quien nada le importaba; ni los suyos. OPINA carjesus30@hotmail.com