Un caos la ministerial del cuñado de Maldonado

Carlos Jesús Rodríguez Rodríguez / TRES HECHOS que preocupan –o deben preocupar a la sociedad- pintan de cuerpo entero a la “moderna y científica” Policía Ministerial a cargo de la Fiscal Estatal, Verónica Hernández Giadáns –alguna vez disfrazada como tal en un evento de la corporación obligada por su mentor Eric Patrocinio Cisneros Burgos-. Se trata de acontecimientos que no hablan bien del titular de esa instancia, Samuel López Leza -cuñado del actual secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado-, quien presume ser licenciado en Criminología, ex ministerial en Monterrey, Nuevo León donde laboró como operador de Gutiérrez Maldonado antes de ser cesados por acusaciones que aún pueden ser consultadas en los archivos judiciales de esa Entidad. 1.-La presunta tortura y violación sexual de una mujer que fue detenida por, supuestamente, haber participado en el asesinado de la, entonces, rectora de la Universidad Valladolid, Guadalupe Martínez Aguilar -perpetrado el 29 de Junio del año pasado en el municipio de Emiliano Zapata colindante con Xalapa-, hechos en los que estarían implicados cuatro ministeriales cuando la trasladaban de la ciudad de México a Xalapa, lo que motivó que ante la presión social, Hernández Giadáns ordenara una investigación interna. La propia July “N”, detenida el 6 de Noviembre del año pasado en la Ciudad de México mientras manejaba un automóvil Honda City blanco, unidad que la presunta implicada asegura haber rentado para dar el servicio de transporte de Uber, descarta estar implicada en los hechos y afirma ser un chivo expiatorio, pues el día del crimen se encontraba trabajando en la capital del País. Con todo y ello, Hernández Giadáns reconoce que se investiga a los elementos, pero lo cierto es que estos permanecen en sus funciones hasta la fecha. “Se está investigando a los elementos que participaron en el cumplimiento de esta orden de aprehensión, al parecer fueron cuatro, no recuerdo el dato exacto, pero no tengo la menor duda (¿?) de que se respetaron todos los derechos de esta persona”. Según la versión de la presunta implicada y de sus familiares, fue agredida para que confesara su supuesta participación en el homicidio de Guadalupe Martínez Aguilar, ex rectora de la Universidad Valladolid, pero Giadans dice que hubo elementos suficientes para poder vincular a esa persona, y el juez los tomó en consideración y por eso es que está vinculada a proceso por su participación en el homicidio, pero July “N” denuncia que los elementos no mostraron una orden de aprehensión, tampoco se identificaron como policías y la bajaron con lujo de violencia durante su detención frente a sus hijos de 9 y 6 años y de su pareja Erick.

LA DETENIDA ha presentado pruebas de que en el momento del homicidio estaba laborando en un kínder de Cuautitlán Ixcalli, plantando pasto a más de 300 kilómetros del lugar del asesinato, y así lo hace saber la señora Karla ‘N’, propietaria del kínder en un documento que el Portal Animal Político dice tener en su poder: “Puedo decir que ella estuvo presente en el Jardín de Niños porque con ella es con la que se trató directamente la negociación del servicio de mantenimiento, y también porque estábamos teniendo pláticas en Whatsapp desde la mañana (de ese 29 de junio) para ratificar el horario en el que llegarían al kínder y mandarle la ubicación”. “Estuvieron trabajando aproximadamente desde la 1.30 pm, y antes de que terminaran les realicé una transferencia bancaria de mi cuenta en Banorte (…). Luego, le pedí a toda la familia que fuéramos a mi domicilio (…) con motivo de hacer un presupuesto de pasto de jardín de mi casa”, testificó. Para demostrar lo anterior, Karla ‘N’ agregó en su escrito copia de la ficha del depósito bancario y los chats de whatsapp con July Raquel correspondiente a ese 29 de septiembre, mientras que Armando Bautista Gómez, esposo de la dueña del kínder y diputado del Partido del Trabajo en el Estado de México, también corroboró en otro documento que July Raquel estuvo trabajando ese día en la escuela. A pesar de lo anterior, la Fiscalía sostiene que July Raquel estuvo en el lugar de los hechos.

OTRO HECHO es la denuncia presentada por Araceli Salcedo Jiménez, fundadora del Colectivo de Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba en contra de ministeriales que criminalizan los cuerpos encontrados en fosas clandestinas a pesar de que el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez dice que los oficiales están perfectamente certificados, incluyendo Derechos Humanos. Y es que mujeres integrantes del colectivo denunciaron que los cuerpos exhumados en fosas clandestinas de Campo Grande Ixtaczoquitlán son revictimizados y ofendidos, ya que dos oficiales de la Policía ministerial que se encontraban resguardando el área delimitada, cuando dialogaba con una perito forense de la Dirección de Servicios Periciales de Xalapa, uno de ellos le expresó que esos trabajos se extenderían por un mes debido a que estaban sacando por lo menos “un mono” por cada fosa, lo cual resulta insultante para las familias que sufren por la desaparición de un familiar, según dijo la madre del desaparecido Yael Zuriel Monterrosas Jiménez y la activista Ana Lilia Jiménez Sandoval. Indica que inmediatamente se acercó a la Fiscal Adriana “N” y le pidió que se regresará para que escuchara de viva voz los comentarios vertidos por el policía estando presente la psicóloga de la Comisión Estatal de Víctimas. “Y se lo dije en su cara, que no se podía referir así cómo “monos” a los cuerpos que están en fosas, a lo que él se escuda diciendo que no dijo eso, que él estaba hablando de otra cosa y en todo momento negó que había dicho esas palabras y que no tenía por qué disculparse de algo que yo había entendido. En ningún momento le pedí una disculpa simplemente le hice el llamado para que fuera respetuoso de la desgracia ajena y, desafortunadamente la Fiscal a cargo se quedó callada y omisa ante el hecho”.

Y UN tercer hecho es el robo de las armas de cargo que elementos de la Policía Ministerial en Xalapa sufrieron por descuido e indolencia. Los policías estacionaron su vehículo sobre la avenida Lázaro Cárdenas de la colonia Rafael Lucio dejando dentro las armas largas de cargo, y al regresar se percataron que la camioneta había sufrido un cristalazo. Los ministeriales se estacionado a la altura de la tienda departamental Elektra, dejando inexplicablemente sus dos armas largas en la unidad que tenían asignada. La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga ese hecho que sucedió casi a la misma hora en la que fue localizada una persona ejecutada en un predio entre La Haciendita y Chiltoyac. A ver si en todo esto no hay gato encerrado, pues resulta extraño que los elementos, como si se tratara de cacahuates dejara las armas en la unidad a la vista de todos, a sabiendas que Veracruz es un permanente foco rojo. OPINA [email protected]