Primer año de Gobierno de AMLO “un cochinero”

Carlos Jesús Rodríguez Rodríguez / AUNQUE TODAVIA no se habla de corrupción sino de “irregularidades y deficiencias”, lo cierto es que al Presidente Andrés Manuel López Obrador no le gustó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectara en la cuenta pública 2019, la primera correspondiente a su Gobierno, discrecionalidades por 67 mil 498 millones de pesos, un monto por demás elevado que demuestra que los actuales Gobernantes no son las finísimas personas que pregonan ser, y que el titular del Ejecutivo Federal defiende cual si se tratara de inmaculados arcángeles del señor. Lo curioso es que a pesar de que la fiscalización fue realizada por la entidad a cargo de David Colmenares, un personaje a prueba de todo, López Obrador se defienda –como sigue defendiendo a su compadre Félix Salgado Macedonio como candidato a la Gubernatura de Guerrero, pese a cinco denuncias por violación-, y en ese tenor insiste en que él “tiene otros datos”, además de descalificar los resultados de la auditoria indicando que esas cifras son errores. Incluso, indicó que es información “exagerada”, por lo que se comprometió que se ofrecerá la correcta, olvidando en un acto autocrático y dictatorial que la Auditoría Superior de la Federación es la Entidad Fiscalizadora Superior de México, y que su función principal es llevar a cabo la fiscalización superior de la Cuenta Pública, en su carácter de órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Poder Legislativo que, por otra parte, es mayoritariamente morenista.

AMLO ASEGURA, también, que es incorrecta la información de que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en Texcoco, le haya costado al erario 331 mil 996 millones 517 mil pesos como asegura la ASF, monto que aún podría incrementarse, según revela la fiscalizadora, y no solo 100 mil millones como aseguró el Presidente antes de eliminar la magnífica obra para imponer su capricho en Santa Lucia. Por cierto, la Auditoria recomienda a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) modificar su análisis de costo-beneficio del proyecto aeroportuario, negociar rutas con las aerolíneas, revisar sus proyecciones y la distribución de la demanda de pasajeros para acreditar que sí existirá un beneficio social neto de la terminal y evitar que quede subutilizada. Y es que según la ASF, la infraestructura aeroportuaria no atrae usuarios ni aerolíneas por sí misma, sino que para eso resulta necesario generar condiciones e incentivos que promuevan su uso, además de que el órgano fiscalizador detectó que aún existen obstáculos físicos que dificultarían las operaciones aéreas, “falta un plan estratégico de infraestructura que facilite el traslado de pasajeros entre ese aeropuerto, el Benito Juárez y el de Toluca, y tampoco se definieron los destinos a los que se podrá viajar desde cada uno”. Por ello, para la ASF, las fallas en la planeación del nuevo aeropuerto podría generar que los pasajeros elijan la opción más cercana, porque al no existir conexión directa por carretera las vialidades actuales representan un recorrido conjunto de 115 kilómetros y sólo el traslado entre el Benito Juárez y el Felipe Ángeles sería de 58 minutos en promedio, pese a que en sus análisis de costo-beneficio de Marzo y Diciembre de 2019, la Sedena estimó que la nueva terminal aérea, en su máxima etapa de operación para 2052, trasladará a 53.4 por ciento de pasajeros, por lo que sería la terminal más importante en el centro del país, ya que el Benito Juárez pasaría de 97.9 por ciento del tráfico de usuarios que atendió en 2019, a transportar 31.7 para 2052. En el caso de Toluca, la auditoría identificó que deben realizar acciones que permitan ampliar su infraestructura a fin de que lo use 14.9 por ciento de viajantes para ese año. Respecto a las operaciones simultáneas entre el aeropuerto de Santa Lucía y el Benito Juárez, la ASF precisa que si bien se realizó un estudio de aeronavegabilidad, no se hizo un análisis detallado sobre el espacio aéreo navegable con miras a evaluar el efecto o alteración de la construcción en los procedimientos operativos existentes y planificados e identificar medidas de mitigación para mejorar la navegación segura.

LO MÁS curioso es que la Auditoría detectó varias irregularidades y deficiencias en el ejercicio de la Secretaría de la Función Pública (SFP), dependencia que, irónicamente es la encargada del combate a la corrupción en la administración pública Federal. Y es que la dependencia a cargo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros incurrió en discrecionalidad en las indagatorias que realiza, se resistió al proceso de fiscalización –al argumentar la suspensión de labores debido al Covid19 (vaya salida)–, aplicó apenas 92 investigaciones de evolución patrimonial, cuando se presentaron más de 575 mil declaraciones patrimoniales, y ocultó información de un dirigente sindical, entre otras irregularidades que la convierten en cómplice, y evidentemente en “tapadera”, algo que el Presidente dice haber erradicado en su gobierno. Por ello, al haberse resistido a la fiscalización, dice la ASF, resultó ser incongruente con la estricta aplicación de los principios de transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción y a la impunidad que la propia dependencia federal impulsa en el ámbito de sus facultades.

POR LO pronto debe usted saber que de las 871 auditorías ejecutadas para la entrega correspondiente a los resultados de la cuenta pública del 2019 –a ver que sorpresa nos da la del 2020-, el desarrollo económico donde se ubican las empresas productivas del Estado y secretarías como Agricultura y Desarrollo Rural, Turismo, Comunicaciones y Transportes, entre otros sectores, se tuvo el mayor monto de irregularidades por un total de 31 mil 572 millones de pesos que los responsables deberán justificar o reembolsar. En los resultados entregados se lee que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) presentó irregularidades por 22 mil 331 millones de pesos, mientras que la de Agricultura y Desarrollo Rural por 4 mil 576 millones y las empresas productivas -donde se encuentra Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad- tuvieron inconsistencias por 3 mil 725 millones de pesos. El siguiente rubro que presentó mayor monto fue el de gasto federalizado, el cual se refiere a los recursos que el gobierno transfiere a las entidades federativas y municipios por medio de participaciones, aportaciones federales, subsidios y convenios. Ahí, las irregularidades fueron por 28 mil 730 millones de pesos.

PERO AMLO insiste que se trata de información “exagerada”, y se comprometió a ofrecer la correcta. “Están mal sus datos. Yo tengo otros datos y ojalá que ellos (la ASF) lo hagan ellos, porque le están dando mal la información a nuestros adversarios y no deben prestarse a esas campañas”, en pocas palabras. En pocas palabras, López Obrador le está pidiendo tácitamente a la Auditoria Superior de la Federación que sea cómplice de las irregularidades encontradas en las auditorias que, por otra parte, detectó que en los recursos que transfiere el Gobierno Federal a las entidades federativas y municipios por medio de participaciones, aportaciones federales, subsidios y convenios, las irregularidades detectadas fueron por 12 mil 462 millones de pesos, pero hubo, también, inconsistencias por 11 mil 179 millones en las participaciones federales. Curiosamente, en el grupo funcional de desarrollo social, el monto que determinó la ASF como irregular fue por 6 mil 512 millones de pesos, y dentro de este, fue la Secretaría de Bienestar la que tuvo mayores recursos considerados como irregulares por 3 mil 392 millones. Esto fue detectado en el Programa Sembrando Vida, así como en el de Pensión a Adultos Mayores y el de personas con discapacidad, así como en la contratación de los llamados “Servidores de la Nación”.

EN FIN, las finísimas e instruidas personas que nos Gobiernan reprobaron su primera auditoria, y acaso la culpa de todo la tiene el Presidente Andrés Manuel López Obrador que no se sienta a gobernar sino que lo hace a distancia, en esas innecesarias giras que forman parte de una permanente campaña para asegurar la permanencia de MoReNa en el poder, ante los yerros que vienen cometiendo gobernadores y alcaldes impuestos que no garantizan la consecusión del triunfo en Junio, Así las cosas. OPINA [email protected]