Juan David Castilla Arcos / Tlapacoyan, Ver. Organizaciones civiles repudiaron el asesinato del activista Miguel Vázquez Martínez, quien fue secuestrado el pasado 20 de octubre y hallado en una fosa clandestina, en una casa de seguridad en el municipio de Tlapacoyan.
En un comunicado, se detalla que las autoridades ministeriales y forenses entregaron los restos del ambientalista a sus familiares, la tarde del sábado 13 de febrero.
«Con rabia e indignación denunciamos que tuvieron que pasar más de 100 días para que Miguel regresara con su familia, sus captores nos arrebataron a un gran ser humano, aliado y hermano en la lucha ambiental en Veracruz», se lee.
El colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera, la Red Unidos por los Derechos Humanos, La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida) y la Alianza de Comunidades en Defensa de los Ríos Bobos, Nautla y Tecolutla reprobaron el retraso injustificado en la actuación de la Fiscalía General del Estado (FGE) para encontrarlo con vida.
«Denunciamos que las autoridades fueron omisas y negligentes en investigar y en dar con el paradero de nuestro compañero», enfatizaron.
Héctor Colio, integrante de Lavida, ya había denunciado en medios de comunicación que la región de las cuencas de los ríos Bobos y Nautla vive un clima de violencia “extrema” que lacera a las comunidades.
«Hacemos público nuestra preocupación ante el clima de violencia que se vive en nuestra región. El Estado es responsable en esta materia de cumplir con su misión y con la función que por ley les compete; por la omisión y falta de organización en las investigaciones realizadas no hubo resultados en rescatar con vida a nuestro compañero Miguel», es parte del pronunciamiento de la Alianza de Comunidades y Organizaciones en Defensa de las cuencas de los Ríos Bobos-Nautla y Tecolutla.
Miguel Vázquez, de 70 años, fue fundador y tesorero de la Alianza de Comunidades en Defensa de los Ríos Bobos-Nautla, integrada desde hace más de 15 años en 11 municipios, en rechazo a los proyectos que atentan contra la cuenca mencionada.
El movimiento social también surgió ante la amenaza de tres minas a cielo abierto: dos en el estado de Puebla y una en Tatatila, en la cuenca alta, junto a Perote.
«Los Ambientalistas exigimos al Estado en su conjunto, o sea los tres niveles de Gobierno, que cumplan con su obligación de Ley, de cuidar, proteger y mejorar la Madre Naturaleza y sus recursos naturales; sobresalen en esta omisión los permisos otorgados por las administraciones pasadas, para los proyectos de muerte como minas a cielo abierto e hidroeléctricas derivadoras entre otras», enfatizaron.
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