Arturo Reyes Isidoro / Desde la semana pasada, auditores de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se encuentran en Xalapa auditando el Congreso del Estado (auditoría 1447-GB-GF), lo que de alguna forma ha semiparalizado las actividades administrativas, pues el personal está atento a la entrega de documentos que les están siendo requeridos.
Para este año, la ASF programó 43 auditorías a distintas áreas del Gobierno del Estado, al Congreso local y a los ayuntamientos de Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos, Boca del Río, Córdoba, Tuxpan, Papantla, Las Choapas, Tantoyuca, Actopan, Mixtla de Altamirano y Tezonapa.
Si bien fueron calendarizados aunque sin fecha precisa, las auditorías pueden ser de rutina, para fiscalizar que se haya hecho en forma correcta el manejo de los recursos federales, aunque también se puede tratar de tiros de precisión –en el lenguaje técnico de los auditores–, esto es, que en el cruce de información de la ASF con la Secretaría de Economía y del Sistema de Administración Tributaria (SAT) hayan detectado cosas que no cuadran (como empresas fantasma, que no existen pero que les facturan) y entonces se hayan encendido focos rojos de alerta, por lo que deliberadamente vienen a auditarlos.
Los muchachos del Auditor Superior, David Colmenares Páramo, le están metiendo el diente a la Cuenta Pública 2020 del Congreso, verificando que se haya dado cumplimiento en forma correcta a las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Lo que ha llamado la atención entre quienes están enterados de esa auditoría es que con ese pretexto han dejado de entregar a los grupos legislativos desde enero los recursos que tienen asignados en el presupuesto 2021, cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra, según dijeron auditores locales a los que el columnista consultó.
Anoche, a punto de cerrar esta columna, fuentes bien informadas confirmaron a “Prosa aprisa” que lo que pasa es que hay un faltante de 300 millones de pesos de la partida 4000, rubro de Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo, que corresponde a los recursos federales que el Gobierno del Estado entrega al Congreso para sus requerimientos y necesidades. Esa cantidad corresponde al 40 por ciento del presupuesto anual del Congreso.
La pregunta obligada es por qué no detectó nada el contralor interno, René Buenrostro Hernández (tuvo que haber dado vista a la Contralora General del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez), y no dijeron nada los integrantes de la Comisión de Administración y Presupuesto, diputados Jessica Ramírez Cisneros, presidenta, María Esther López Callejas, secretaria, y Wenceslao González Martínez, vocal, todos de Morena.
Pero también debieron haber detectado que las cosas no estaban bien los encargados de la operatividad de los recursos, el Secretario General, Domingo Bahena Corbalá; la Tesorera, Diana Leydi Zacarías Carrasco; la Secretaria de Servicios Administrativos y Financieros, Irma Ariadna Leal Morales; el Secretario de Fiscalización, Everardo Domínguez Landa; y el Director de Auditoría y Revisión Financiera, Carlos de Jesús Mendoza Chesty, a menos que sí hayan sabido y se hayan quedado callados.
El manejo del presupuesto del Congreso está bajo la responsabilidad de los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que preside el diputado Juan Javier Gómez Cazarín.
Anoche había quienes esperaban que el Secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, interviniera con su cercanía con el titular de la ASF (eso decían) para tratar de encontrarle una salida a la crítica situación.
También se decía que desde la Ciudad de México hay la intención por parte de los auditores federales de ir a fondo en los entes programados para fiscalizar este año, que fueron deliberadamente programados por indicios de alguna posible irregularidad.
Al Gobierno del Estado le van a auditar el manejo de sus recursos entregados por la Federación, el de las participaciones federales, así como el de programas federales, el que corresponde a los municipios y a las áreas de salud, de educación, de seguridad, además de los de diversos fondos alimentados con recursos federales.
Por la pandemia, la llegada de los auditores pasó prácticamente inadvertida, pero los pocos que se han percatado han visto un ir y venir de cajas de documentos. No se sabe cuándo les irán cayendo encima los auditores federales (cuando es necesario le piden apoyo al ORFIS Veracruz) al resto de los auditables.
Sabina, viene a refrescar el escenario político
Con María Sabina Martínez Pinto, Sabina, tenía programado desde finales del año pasado un recorrido por Zongolica, sierra a la que ya tiene algún tiempo que no voy. Pasaron los días y cuando fijábamos una fecha tentativa este año para hacerlo, resultó que el PRD la postuló como su precandidata (será la candidata) a diputada federal por el distrito de esa demarcación.
En lo personal me da gusto que ese partido le dé una oportunidad, porque se trata de una mujer joven, un nuevo rostro, que viene a refrescar el escenario dominado por políticos de muchos años que se aferran, con la complacencia de sus partidos, a seguir ocupando los cargos de elección popular. Tiene el respaldo del dirigente estatal de su partido, Sergio Cadena Martínez.
Ella ha trabajado temas de derechos humanos y género en la región, en su calidad de funcionaria promotora en materia de Género y Derechos Humanos, a través del programa de Promotores de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del estado de Veracruz desde 2017.
En su trayectoria profesional ha buscado mecanismos para mejorar el desempeño laboral de la mujer veracruzana, siendo una de sus preocupaciones más importantes el tema del empoderamiento por medio de la organización social, y hay quienes recuerdan que en 2014, junto con otras personas, elaboró e implementó la campaña “Mujer Segura en el Transporte”, en la Dirección General de Transporte del Estado, que tenía como objetivo atender el acoso y la violencia sexual en estos espacios públicos. También se ha desempeñado como enlace de prensa en algunas dependencias de la administración pública estatal.
Quienes la conocemos, confiamos en que no le va a fallar a los electores de la sierra, si triunfa el 6 de junio.
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