Juan David Castilla Arcos / Xalapa, Ver. El senador Julen Rementería del Puerto solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y al Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (ORFIS) que investiguen la entrega del 99 por ciento de los contratos de obras y servicios, mediante adjudicación directa, en la entidad.
El Legislador del Partido Acción Nacional (PAN) consideró que dicha situación debe aclararse, toda vez que el gobierno del Movimiento de Regeneración Nacional presume acciones para el combate de la corrupción.
«Esto genera una opacidad enorme y obliga a una intervención de las autoridades de fiscalización estatal y federal para saber qué es lo que está pasando en el estado de Veracruz, porque evidentemente no van bien las cosas y esto coincide con lo que se acaba de decir, con toda esta ficción donde el combate a la corrupción es una bandera, pero en los hechos no actualiza absolutamente nada», expresó.
Cabe recordar que la titular de la Contraloría General del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, declaró en su comparecencia ante el Congreso local, que se entregó por adjudicación directa el 99 por ciento de los contratos para obras y servicios públicos de este año.
«El día de ayer compareció ante la Comisión de Hacienda del Congreso del estado de Veracruz, la contralora del estado, la señora Mercedes Santoyo Domínguez y dijo que, prácticamente el 99 por ciento de los contratos en el estado son por adjudicación directa; la cifra es verdaderamente alarmante. De 19 mil 592 operaciones de ellas se han entregado 19 mil 400 en esta modalidad», reprobó.
Rementería del Puerto refirió que falta transparencia y rendición de cuentas por parte de los gobiernos que encabeza Morena.
«La transparencia que pregonan es solo una narrativa, no existe. El estado de Veracruz es clara muestra de ello, se habla de miles, miles de adjudicaciones directas, algunas con excepciones a la Ley de Obras y Servicios Públicos que más que la excepción se ha vuelto una norma».
Finalmente, recordó que Veracruz es uno de los estados más grandes del país y resulta inadmisible que se permitan dichas anomalías en sus instituciones. Por ello, solicitó la intervención de las autoridades correspondientes.
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