Francisco Licona / AL ALCALDE DE ORIZABA IGOR FIDEL ROJÍ LÓPEZ. Después del artero golpe a la libertad de expresión asestado a los partidos políticos y movimientos ciudadanos por el alcalde de Orizaba Igor Fidel Rojí López, todo parece indicar que el mundo se le vendrá encima. Y es que todo lo tramó con alevosía y ventaja, al abusar de su investidura y convocar a una reunión a puerta cerrada y en lo oscurito para dar luz verde a la censura de la libertad de expresión. El alcalde Igor Rojí, citó a todos, convocó a todos los integrantes de su cabildo -así como lo lee- ¡A todos! Para que aprobaran que ninguna barda o lugar fuera pintada o utilizada por algún movimiento o partido político con fines electorales. De esta manera, ha quedado prohibido que en la demarcación (aunque alguien sea dueño del lugar), pintar algo en materia política. Y es que al alcalde le hace roña cualquier letra o palabra que le haga recordar a MORENA o la 4T. Así se trate incluso de alguna marca comercial como chiles ‘La Morena’. Pero Igor Rojí y su cabildo cometieron un grave error al olvidar que existen leyes que ni él, con todo y su poder de alcalde, pueden pisotear. El artículo 174 lo dice bien claro: ‘A quien impida o disuelva una reunión legítima o no permitida a alguien expresar sus ideas o creencias, se le impondrá de seis a meses a tres años de prisión y multa hasta de cuarenta días de salario’. Y eso fue exactamente lo que Igor y su cabildo hicieron. Cometieron un delito penal y deberá pagar por ello porque además, Igor en anteriores campañas políticas es quien más ha abusado de la pinta de bardas y el uso de espectaculares.
QUIZÁ COMO DICE RÍOS URIBE ACERCA DEL TEMA: ‘No quiere que pongan más carteles para que no quiten los suyos’. Y es que Igor Rojí esta ocasión no tratará con el pueblo sumiso de Orizaba, sino con otros partidos políticos y legisladores quienes molestos estarán a favor y respaldarán a los orizabeños a los que de manera oficial se le han restringido su derecho libre a expresarse. Y el primero que ha dado un paso al frente ha sido el mismísimo Presidente del Congreso del Estado, Rubén Ríos Uribe, quien el martes pondrá una denuncia penal en contra del alcalde de Orizaba, para ver si en Orizaba mandan las leyes municipales de Igor o las generales y federales en materia electoral. Al enterarse el alcalde Igor, de inmediato buscó recular y negociar en lo oscurito con el Presidente del Congreso veracruzano y le envió el número de su celular para acordar una junta de trabajo, a lo que el diputado Ríos Uribe respondió ‘No alcalde, no permitiremos ningún ataque con la libertad de expresión de las y los veracruzanos e interpondré en la Fiscalía una denuncia por violación de su cabildo al artículo 274 del Código Penal del Estado. Así que el diputado Rubén Ríos Uribe verá que al alcalde se le aplique la ley con puntos y comas. Así las cosas…
LO QUE VIENE PARA EMPRESARIOS DEFRAUDADOS Y AGRAVIADOS por Duarte y Yunes Linares. Los empresarios proveedores a quienes el Gobierno del Estado de Veracruz adeuda por contratos de bienes y servicios que prestaron a la institución durante la administración del exgobernador Javier Duarte de Ochoa y a quienes la administración de Miguel Ángel Yunes Linares tampoco les cumplió e incluso se les agravió al crear un mecanismo de revisión y validación de los adeudos, mismo que resultó una burla al no concluir el procedimiento tal y como se estableció en el mencionado Acuerdo, motivó una queja ante la CEDH por violación a sus Derechos Humanos, que fue resuelto mediante la Recomendación 155/2020, acudirán ésta semana ante la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas a realizar su inscripción en el Registro Estatal de Víctimas, como parte de la continuación del proceso que establece la Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz. El justo reclamo de pagos que hacen valer por ésta vía los proveedores del Gobierno de Veracruz, es sólo una parte de la obligación de reparación de daños cometidos a los proveedores que oficialmente serán reconocidos ya como víctimas, pues la parte económica se encuentra en vías de solución al reconocer el actual gobierno y el titular de SEFIPLAN José Luis Lima Franco la recomendación de la CEDH y declarar que se cumplirá con los pagos dependiendo de la disponibilidad presupuestal y que sigue vivo el proceso de revisión y validación de adeudos.