Logran empresarios recomendación de CEDH al gobierno de Veracruz; les adeuda 450 mdp desde sexenio duartista

El gobierno de Veracruz incumplió el procedimiento para liquidar adeudos con proveedores y contratistas que otorgaron sus servicios en el periodo 2010-2016, durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa FOTO: JUAN DAVID CASTILLA
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Juan David Castilla Arcos / Xalapa, Ver. El gobierno de Veracruz incumplió el procedimiento para liquidar adeudos con proveedores y contratistas que otorgaron sus servicios en el periodo 2010-2016, durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) plasmó dicha situación en la recomendación 155/2020, emitida el pasado 14 de septiembre.

De acuerdo con el presidente de la asociación Empresas SOS, Jesús Castañeda Nevárez, más de 100 empresarios veracruzanos están a la espera de su pago correspondiente.

El gobierno adeuda más de 450 millones de pesos a los integrantes de dicha organización, quienes han encabezado protestas para exigir su pago.

Añadió que el gobierno estatal tiene 15 días hábiles para aceptar la recomendación e iniciar las acciones y así reparar el daño.

«Hoy estaríamos concluyendo los diez días de los 15, probablemente el próximo lunes estaría ya transcurriendo el plazo. Tendría que involucrarse al congreso y estaremos presentes».

De lo contrario, la CEDH podría citar a comparecer al titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, ante el Congreso del Estado y explique por qué no han sido solventados los adeudos.

Castañeda Nevárez indicó que se trata de una recomendación histórica en el estado de Veracruz, por lo que el gobierno estatal tiene la oportunidad de resolver el problema.

«Al mismo gobierno de Cuitláhuac García la recomendación le está dando elementos para que también haga la investigación de quienes fueron los funcionarios que cometieron este error y se les sancione».

A su juicio, este gobierno tiene una oportunidad de reparar un daño que no ocasionó y de aplicar la justicia por la violación a los derechos de los proveedores y contratistas, en administraciones pasadas.

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