CuatroT no tiene llenadera; va por fideicomisos

Carlos Jesús Rodríguez Rodríguez / A DIFERENCIA de los delitos clásicos que se cometen en el país, la lucha contra el lavado de dinero debe de involucrar al sector privado, concretamente a los bancos, porque sus instituciones corren el riesgo de ser utilizadas indebidamente para facilitar el blanqueo de capitales a medida que el dinero fluye a través de ellas. Ya alguna vez lo dijo Marcus Pleyer, presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo: la primera línea de defensa contra el blanqueo de capitales son las instituciones financieras, por lo que éstas deben de estar a la altura de esa responsabilidad detectando y presentando informes de transacciones sospechosas ante las autoridades competentes. El asunto es tan serio, que según cifras del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, de 2016 a 2018 la delincuencia organizada obtuvo ganancias estimadas en 1 billón de pesos (alrededor de 47 mil millones de dólares), aunque admitió que el país carece de una metodología para medir los recursos ilícitos generados con plena exactitud. En ese tenor, atajar ese flagelo sería más productivo para el presidente Andrés Manuel López Obrador que el dinero de los fideicomisos creados en sexenios pasados, cuyos recursos, según argumenta para fortalecer la extinción de los mismos, serían destinados a la lucha contra el CoVid19 en el país y a fortalecer el sistema de salud y comprar medicamentos, algo que inicialmente dijo que se haría con los dos mil millones de pesos que dejaría como ganancia la rifa del avión presidencial sin avión. Lo cierto es que a AMLO ningún dinero le alcanza en su afán de seguir comprando el voto clientelar rumbo al 2021, y en ese tenor urge a la Cámara de Diputados –manipulada a través de Mario Delgado Carrillo, para variar, aspirante a la dirigencia nacional del MoReNa- a acelerar los cambios a la ley “para que nuestro país cumpla con el pago del primer anticipo que debe hacer el Gobierno Federal al proyecto COVAX, que garantiza el acceso de México a los distintos proyectos de vacunas contra el SARS-CoV-2 que han demostrado su efectividad”.

SIN DUDA, una buena salida para eliminar los fideicomisos, y así lo deja en claro cuando sostiene que “ya vamos a entregar todos los anticipos y aquí aprovecho para hacer un llamado a los legisladores porque hoy –este martes- se aprueba posiblemente lo de la suspensión de fondos y fideicomisos, todo ese dinero suelto, disperso, sin control. Entonces, todo eso que se ahorre nos va a dar más posibilidades de tener recursos suficientes para que no falte la atención médica y los medicamentos gratuitos en nuestro país, se va a poner orden y con esos fondos vamos a estar ahora sí que más preparados para que se garantice el derecho a la salud” pero, insistimos: ¿y las ganancias que obtuvo el gobierno por la rifa del avión presidencial? ¿Y el cheque de 2 mil millones de pesos que le entregó la Fiscalía General de la República para pagar los 100 boletos premiados?. El asunto mueve a opacidad, y lo peor es que los seguidores no se atreven a exigir cuentas claras como lo hacían con otros gobiernos. Nadie acusa que AMLO se esté quedando con esos recursos, sino que, simple y llanamente, ya no le alcanzan para seguir comprando el voto del “pueblo bueno” a través de becas, pensiones y un sinfín de regalos que solo le benefician a él y a su partido, pues aunque había dicho que con ello disminuiría la delincuencia (atacando desde abajo el problema), lo cierto es que esto no ha ocurrido.

Y TAN no le alcanza el dinero que con la reforma legal que tiene lista el Senado para atender las demandas del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, para que México cuente con mejores herramientas para perseguir el lavado de dinero, de aprobarse la iniciativa las autoridades financieras, ministeriales y hacendarias del país tendrán facultades para vigilar que las iglesias, partidos políticos, equipos de futbol, incluida la compra y venta de jugadores y la transmisión de los juegos; sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, colegios de profesionales y las constructoras no sean utilizadas por el crimen organizado para lavar dinero. Y es que la reforma –de concretarse- considerará a todas esas instituciones en la lista de las actividades que son consideradas vulnerables de ser utilizadas por el crimen organizado para concretar sus ganancias. Dice la iniciativa que serán consideradas actividades vulnerables “la constitución o transmisión de derechos federativos o económicos sobre jugadoras o jugadores profesionales de futbol, la recepción de recursos por los derechos de imagen, patrocinio o publicidad relacionados con éstas o estos o con el club deportivo al que estén afiliadas o afiliados, así como la cesión de derechos por la transmisión en cualquier medio de comunicación de los partidos de futbol, incluso cuando los actos u operaciones se lleven a cabo a través de un intermediario”.

EN ESE tenor, “la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá el carácter de víctima u ofendida en los procedimientos penales y juicios relacionados con los delitos previstos en este capítulo. Las y los abogados hacendarios adscritos a la Unidad de Inteligencia Financiera podrán actuar como asesoras y asesores jurídicos dentro de dichos procedimientos”. De esa manera, las instancias oficiales podrán investigar diversas instituciones que se consideran necesarias para frenar el lavado de dinero, entre otras “asociaciones y sociedades sin fines de lucro, a las asociaciones a que se refiere la fracción 1 del Título Décimo Primero, del Código Civil Federal (Asociaciones y Sociedades); así como a las agrupaciones u organizaciones de la sociedad civil que, estando legalmente constituidas, realicen alguna de las actividades a que se refiere el artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y no persigan fines de lucro ni de proselitismo partidista, político electoral o religioso. Las asociaciones y agrupaciones religiosas e iglesias reguladas por la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público.

SEGÚN LA Comisión Nacional Bancaria y de Valores, una de las amenazas en cuanto al lavado de dinero se refiere, es el uso de efectivo en la economía nacional, lo que también es una muestra de la falta de inclusión financiera, algo que MoReNa calla, ya que a infinidad de personas les sigue llegando su dinero para que los gasten en efectivo y sin pagar ningún impuesto, como sí ocurre, incluso con los jubilados y pensionados formales. Es tal el manejo de efectivo inducido, incluso, desde el propio Gobierno Federal que México se encuentra rezagado con respecto a las cuentas bancarias por cada 1.000 adultos, en contraste con países como Perú, Colombia, Argentina y Chile. Lo peor es que el Presidente, en ese afán de seguir comprando afectos, sigue repartiendo el dinero de todos los mexicanos a manos llenas, pero solo en un sector que sabe que le sirve a ciegas. Así de simple. OPINA [email protected]