Francisco de Luna / Xalapa, Ver. Durante el primer semestre de 2020, un promedio de 2 mil 233 mujeres fueron asesinadas en México, denunciaron los integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
De esta cifra, sólo 549 casos está en investigación en la línera como feminicidio, lo que equivale a un 24.6 por ciento de las situaciones ocurridas en el territorio nacional.
Pero además, en ese mismo lapso (de enero a julio) las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), indican que se han denunciado un total de 30 mil 612 delitos sexuales.
Por ello, las activistas contra la violencia feminicida, exigen a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), atiendan las demandas de las madres que mantienen tomado el organismo.
Señalaron que las fiscalías del país no atienden las peticiones de las familias y por lo tanto existen pocos avances en los procesos de investigación.
«Hay impunidad en la mayoría de los casos, la protección -incluso a los propios delincuentes- y la nula sanción a los servidores públicos que revictimizan a las familias y a las víctimas, acrecienta el dolor y la indignación a nivel nacional».
En una carta pública la OCNF, organizaciones y defensoras de los derechos humanos, manifestan lo siguiente:
Nuestro total respaldo a las madres de víctimas y activistas que a través de las tomas expresan el hartazgo e indignación por la falta de acceso a la justicia y por la no respuesta eficaz ante la violencia feminicida en México.
Es la falta de respuesta y la ausencia de soluciones que atiendan la problemática de manera estructural, lo que deja sin respuesta a quienes llevan años arrastrando el lastre de la impunidad.
A pesar del dolor, las ausencias irreparables y los impactos psicosociales, las acciones emprendidas reflejan el nivel de desatención que esta problemática tiene a nivel comunitario, municipal, estatal y federal.
A ello se suma la omisión de las Comisiones de Derechos Humanos, las cuáles en muchas ocasiones repiten el actuar de las autoridades a quienes tendrían que observar.
La falta de atención a las recomendaciones que hacen hincapié en que el Estado mexicano generen acciones concretas para aminorar la impunidad que impide el acceso a la justicia a las mujeres ante un contexto de violencia generalizado y repleto de estereotipos discriminatorios contra las mujeres y niñas.