La ocurrencia de preguntarle al pueblo si quieren que se les enjuicie a los expresidentes de México, no sólo atenta contra la constitucionalidad, sino que sepulta el debido proceso y la presunción de inocencia. Esta charada pone como juez al pueblo y deja a las instituciones encargadas de procurar justicia en segundo lugar.
Si el presidente de México en verdad quiere pasar a la historia como un hombre de leyes y como un presidente justo, debe dejarse de montar este tipo de consultas y dejar que la Fiscalía junte los elementos y pruebas contundentes para llevar a cabo juicios implacables contra todo aquel que haya atentado o robado los bienes de la nación, no importando que cargo hayan tenido. La aplicación de la ley no se negocia ni está sobre la voluntad popular, sencillamente, el que la debe que la pague.