Nos queda claro que la pugna que existe entre el Poder Judicial y el Congreso, particularmente con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, es una muestra más de el desgobierno que impera en Veracruz. Cuitláhuac García, gracias a la labor de Gómez Cazarín y de Éric Cisneros, se ha convertido sólo en un objeto decorativo, una excusa vana para hacer de Veracruz el estado con más controversias constitucionales. Y uno se pregunta, ¿quién está haciendo lo correcto? ¿Quién está tratando de dañar el plano constitucional? El Congreso designa magistrados a su antojo, gente sin la preparación, sin la experiencia, pero con el compromiso de hacer lo que los pusieron dispongan.
Por cierto, algunas de esas magistradas deberían dejar de presumir su designación, como si no se supiera los enjuagues oscuros que hay tras sus designaciones. La presidenta del Tribunal Superior, la también impuesta Sofía Martínez Huerta, ha mandado boletines informando que en el TSJ ella es la patrona y como patrona ella es la que decide a quien contratar y a quien no. Nuevamente preguntamos, ¿quién tiene la razón?
Al final, de manera tardía, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la que tendrá que decidir. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que la mayoría de Morena en el Congreso de Veracruz se pasa por el arco del triunfo las disposiciones de la SCJN, ya sea por temeridad, ya sea por ignorancia. Esto no estaría sucediendo si hubiera gobernador en Veracruz.
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