Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
Y mientras las fuerzas opositoras combaten en los tribunales las reformas electorales de Veracruz, Morena avanza con su estrategia. *** Este martes, en sesión del Pleno de la Legislatura local, fue aprobado el dictamen que reforma el Código Electoral para el Estado y la Ley Orgánica del Municipio Libre, con el fin de ajustarlos a la reforma constitucional cuya legalidad sigue a debate en el Poder Judicial Federal. *** Con estas modificaciones al Código Electoral se incorporan las disposiciones relativas a la reelección de ediles y las modificaciones al Organismo Público Local Electoral (OPLE). *** Se incorporan en el rubro de “violaciones graves, dolosas y determinantes” exceder el gasto de campaña en un 5 por ciento del total autorizado, adquirir cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos de la ley, y recibir o utilizar recursos de procedencia ilícita. *** También se reduce de cuatro a tres años, la duración en el cargo de los ediles, sólo que ahora podrán reelegirse. Se suprimen los Consejos Electorales Municipales y se incorporan nuevos elementos de seguridad a la paquetería electoral. *** Si prosperan las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la oposición contra la reforma en materia electoral, todas estas modificaciones también serán canceladas.
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Si pensaban que las acciones en contra de la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, la magistrada Sofía Martínez Huerta, habían concluido, están muy equivocados.
Los operadores de Morena están demostrando que cuando se les hace una encomienda, no se detienen hasta declararla totalmente cumplida.
Ese es el caso del Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, quien además de retirarle a la titular del Poder Judicial posiciones estratégicas en el Consejo de la Judicatura, ahora impulsa una serie de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial que prácticamente dejan a la Presidenta en calidad de florero, o sea, de adorno.
A través del diputado Raymundo Andrade Rivera, este martes fue presentada una Iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el fin de eliminar –argumenta el texto- “cualquier vacío legal o falta de supuesto normativo que pudiera generar parálisis funcional, contribuyendo a fortalecer al pleno del Tribunal y al Consejo de la Judicatura, para que las actuaciones fluyan de mayor y mejor forma”.
La propuesta incluye que tanto en las sesiones del Tribunal como del Consejo de la Judicatura sólo se requiera la presencia de tres integrantes, “cuya mayoría será suficiente para la legalidad de sus acuerdos”, con lo que eliminan de la Ley la obligación de que la presidenta deba estar presente.
Otra novedad en esta iniciativa es la aparición de la figura de “Vicepresidente”, posición que ocuparía cualquiera de los presentes en las sesiones, en caso de ausencia de la Presidenta.
Mientras tanto, el gobernador Cuitláhuac García se apresuró a presentar las propuestas para cubrir las seis vacantes que presuntamente se generarían entre los magistrados del Poder Judicial, porque algunos cumplieron sus 10 años de servicio y otros llegaron a los 70 años de edad.
Nada le importó al mandatario estatal que los magistrados estén impugnando la decisión de retirarlos del servicio.
Por lo pronto, de las seis propuestas del gobernador, cinco corresponden a mujeres y una vez más aparecen personajes cuyo único mérito es su cercanía con el mandatario estatal, y no su conocimiento o experiencia en la carrera judicial.
Los propuestos son: Alma Rosa Flores Ceballos, actualmente juez micro regional en Pánuco; Antonio Sobrevilla Castillo, juez de lo familiar; Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, juez en Poza Rica; Itzel Castro Castillo, secretaria de estudio y cuenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje; María Lilia Viveros Ramírez, del Instituto de Investigaciones Jurídica de la UV, y Aileth García Cayetano, directora jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y hermana de la diputada federal Dorheny García Cayetano.
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Epílogo.
El Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en Veracruz requirió a la juez de proceso Mónica Segovia Jácome para que cumpla la sentencia en la que se le concedió el amparo al exdiputado Manuel Francisco Martínez Martínez. *** La justicia federal es muy clara en este caso y le advierte a la juez que para resolver nuevamente la situación jurídica del solicitante, debe eliminar los delitos de secuestro exprés y robo agravado, y considerar esos cambios al momento de revisar la medida cautelar. *** Y la resolución va más allá. Aclara que se omitió precisar que la audiencia celebrada el 8 de julio, emitida por el juez de control Luis Roberto Juárez López, debía quedar insubsistente, y tampoco se giró oficio al Consejo de la Judicatura del Estado. “En consecuencia, dígasele a la licenciada Mónica Segovia Jácome, en su calidad de juez de control, o a quien se designe por parte del Consejo de la Judicatura del Estado para dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito, que deberá dejar sin efectos la audiencia ya señalada de fecha 8 de julio del presente año, y que deberá estarse al contenido del presente acuerdo y del diverso de 24 de julio”. *** Extraña, de verdad, la actitud del grupo legislativo de Morena en el Congreso local. En la sesión plenaria de este martes, cuando ya se había cubierto el 90 por ciento de la orden del día y faltaban por conocerse algunas propuestas de legisladores de oposición, todos los diputados de Morena abandonaron el recinto, lo que obligó al Presidente de la Mesa Directiva a ordenar un nuevo pase de lista, que hizo evidente la falta de quórum, por lo que dispuso que la sesión concluyera sin cumplir con todos los puntos aprobados en un inicio. *** Esta suele ser una estrategia que aplican los grupos minoritarios, unidos, cuando sienten que les pretende imponer alguna medida que ellos consideran inapropiada. No fue el caso ahora, pues los que se salieron fueron los de la bancada mayoritaria y no había votación pendiente en la agenda. *** El secretario de Gobierno, Éric Cisneros, volvió a aparecer –aunque vía telefónica- en los medios de comunicación, para informar que sigue su rehabilitación, tras dar positivo en Covid-19, desde su domicilio. Aprovechó el viaje para lamentarse de aquellos que lo dieron por muerto y aquellos que incluso expresaron su deseo de que no superara este trance. *** Que un servidor público con su poder manifieste molestia por el trato que recibió de la prensa, enciende las luces de alerta, con más razón si se le conoce como un político poco tolerante y capaz de las reacciones más violentas. *** Contrario a los buenos augurios que nos ha pintado el Presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cierto es que Petróleos Mexicanos (Pemex) sigue en franca picada. Apenas en el mes de junio registró su producción de petróleo crudo más baja desde enero de 1990. En ese mes la plataforma nacional de producción -que suma lo reportado por Pemex y las compañías privadas- fue de un millón 605 mil barriles, con lo que la producción de petróleo del país suma cuatro meses a la baja. Pemex informó, además, que durante el segundo trimestre del año registró una pérdida neta de 44 mil 300 millones de pesos. *** La Secretaría de Salud federal informó en conferencia de prensa que el número de casos confirmados de la nueva cepa de coronavirus Covid-19 aumentó este lunes a 402 mil 697 en todo el país. El número de casos sospechosos se ubicó en 87 mil 538 y hay 44 mil 876 defunciones por la enfermedad.
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