Irineo Domínguez Méndez / En el caso Actopan, finalmente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Sala Regional radicada en Xalapa, resolvió se restituya el puesto al desaforado presidente municipal. La sentencia no pondrá fin a los problemas que enfrenta el ayuntamiento y, especialmente, los enfrentados por los ediles depuestos. Si el debido proceso para revocar el mandato del presidente y síndica fue violentado por el congreso local, entonces, no tardará en reponerlo conforme a derecho. Existen dos razones por las cuales es dable suponer lo anterior: la presunta participación del presidente y su suplente en un homicidio y el desvió de varios millones de pesos de las arcas del ayuntamiento.
En el campo legal, el congreso del Estado está perdiendo. El resolutivo mandata llamar al presidente, o al suplente en ausencia del primero. Las pifias en el procedimiento de revocación es culpa de todos los que votaron a favor y, principalmente, del presidente de la JUCOPO. Con seguridad, la fiscalía del Estado agilizará investigaciones en contra de los ediles depuestos y volverá a solicitar la declaración de procedencia.
En cuanto al cabildo que celebró sesión para “elegir” al presidente interino cabe preguntar si se procederá en su contra por el delito de usurpación de funciones. De acontecer las denuncias, es viable pensar en la instalación de un consejo municipal; lo cual debió hacerse desde que se conocieron las irregularidades en el ayuntamiento.
En el mismo contexto, es de señalarse que nada se sabe sobre las investigaciones del homicidio imputado al presidente y su suplente, igualmente sucede con el desfalco millonario en detrimento del ayuntamiento que se les endilga. Ni el Orfis ni la comisión de hacienda del congreso emiten información de ambos casos, mucho menos la fiscalía. Así las cosas, los acusadores podrían permutar su posición por la de acusados.
En cuanto al desfalco indicado, existen muchas preguntas sin respuestas: ¿qué regidor era el integrante de la comisión de hacienda cuando sucedió el desfalco y porqué fue excluido del proceso de revocación de mandato?; ¿porqué el resto de los ediles firmaron los estados financieros sin hacer observaciones?; ¿tienen o no responsabilidad el tesorero, contralor, director de obras, etc.?; ¿los funcionarios antes aludidos están prófugos de la justicia o no son investigados?; ¿existe el incumplimiento del deber legal del congreso, Orfis y ediles en funciones del ayuntamiento de Actopan? La única respuesta que vislumbro es que prevalece el carácter político sobre el legal y, por tal razón, no se esclarecen.
La existencia de posibles órdenes de aprehensión hace improbable el regreso a sus puestos de los ediles depuestos; tal vez lo pudiera hacer el suplente del presidente si cuenta con un amparo federal que lo proteja. Además, se necesita valor moral para enfrentarse al “sistema”. Cabe la posibilidad de que la actual síndica asuma la presidencia; no tiene cola que le pisen, de ser así, el PAN recuperará un municipio, antes, ganado “a ley”.
En el campo político, la oposición tiene oportunidad de sacar raja. Pronto conoceremos el posicionamiento de cada partido al respecto. Si existen “manos que mecen la cuna”, éstas están en el congreso local y en el palacio de gobierno. Una diputada es señalada como interesada en participar como candidata a presidenta municipal en el 2021; se dice que impulsó a Eduardo Carranza como “interino”. También se señala al secretario de gobierno como “interlocutor” con el legislativo para mantener “la paz y gobernabilidad” a través del “interino”. Lo cierto es que la aplicación de la teoría del conflicto y el medio no fueron los “idóneos”; los creadores del mismo no pueden resolverlo.
Otro si digo. – Pregunta: ¿cuál será el premio para Juan Gómez Cazarín si cae el “interino”?
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