17 funcionarios mandan al diablo a AMLO

Carlos Jesús Rodríguez Rodríguez / SEGÚN LA teoría de la equidad formulada en 1963 por John Stacy Adams, especialista en comportamiento humano, la mayoría de los empleados no se van por su trabajo…sino por su jefe. Y en efecto, la ‘huida anticipada’, dice el experto, puede empezar hasta un año antes de concretarse, y se conoce como renuncia psicológica, dimisión que es una realidad en empresas y organizaciones de todo tipo y tamaño, incluido el sector público, aunque hace apenas unos años se ha visibilizado ese concepto: la persona “se fue” muchos meses antes de renunciar. Lo que sucede es que se rompió el “contrato psicológico” entre el empleador y el empleado, y así, aparecen reacciones y comportamientos que llevan a la evitación de sus tareas, compromisos y responsabilidades. Generalmente asociada con un trato poco equitativo e insatisfacción laboral, esa renuncia anticipada puede empezar aproximadamente un año antes de desembocar en un despido justificado o injustificado, una renuncia bajo presión, y cualquier otra. Pero a López Obrador le acaban de renunciar tres funcionarias, dos de organismos autónomos y una subsecretaria de salud por desacuerdos con el Jefe, pero no son los únicos: en menos de año y medio se han ido, con las tres recientes, 17 funcionarios de buen nivel porque terminaron por no entender al Jefe de las Instituciones Federales y sus ocurrencias en torno a una Cuarta Transformación que no se entiende en qué consiste, ni qué rumbo lleva, aunque por los dichos presidenciales, el tabasqueño pretende un país de pobres para seguir manipulándolos, y en ese tenor bloquea cualquier tipo de financiamiento al sector privado, sobre todo ahora que la pandemia obligó a cerrar negocios y dejar en la calle a infinidad de personas, la mayoría jóvenes que ven truncado su futuro anticipado.

CON LAS tres funcionarias que se fueron, el gobierno de AMLO enfrenta una nueva racha de renuncias -la primera habría ocurrido en 2019, cuando se dieron salidas en instancias como el IMSS, la Secretaría de Hacienda y el Instituto Nacional de Migración-, y en esta ocasión impacta los ámbitos de inclusión, política de salud y atención a las familias de personas desaparecidas. Y todo ocurrió en cuestión de horas: renunció Mónica Maccise, ahora extitular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) luego de haber tenido la ocurrencia de invitar a un foro a Chumel Torres, aquel que criticó al hijo menor de AMLO, algo imperdonable cuando se tiene el poder, y la crítica no se hizo esperar al grado de que la funcionaria mandó al diablo el cargo; también se fue Asa Cristina Laurell, quien era subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sistema de Salud, y quien había exhibido choques con el titular de Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario consentido de López Obrador, Hugo López Gatell, y finalmente Mara Gómez Pérez, extitular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a quien le recortaron los recursos para las víctimas de ilícitos y, por tanto, ya no pudo dar respuesta a colectivos que exigían su dimisión. No las corrió AMLO, le renunciaron, y eso siempre duele al jefe al que laceran en su amor propio, ya que el patrón siempre desea ser quien corra al subordinado, pero cuando éste manda al demonio al empleador es algo que no se soporta.

DE LAS tres renuncias, la más sonada fue la de la titular del Conapred, pues el organismo recibió reclamos por organizar un foro que después se canceló, con la participación del youtuber Chumel Torres, acusado de hacer comentarios discriminatorios. En torno al caso, el presidente dijo que se enteró de la existencia del Consejo hasta que se dio esa controversia. Después, incluso planteó su desaparición, pero la esposa del Presidente sí sabía qué era la Conapred y hasta reclamó que invitara al foro a Chumel, luego de algunos comentarios vertidos contra el hijo de la escritora y del mandatario nacional. En suma, lo de Conapred fue un acto consumado con la bilis, por el odio presidencial debido al ataque a su hijo.

EL MARTES 9 de Julio de 2019, luego de 221 días al frente de la Secretaría de Hacienda, Carlos Urzúa circuló el escrito en el que manifestaba al mandatario nacional su decisión de dimitir, destacando en la misiva como causa el nombramiento de algunos funcionarios “que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública” y que a su parecer, fueron impuestos con un patente conflicto de interés”. Antes de Urzúa, al menos trece funcionarios más ya habían dejado las filas de la 4T. Sin embargo, ésta además de ser la más reciente, al tratarse de uno de los funcionarios del círculo cercano de López Obrador, dejó en evidencia notables diferencias al interior del actual gobierno. A la renuncia de Urzúa le siguió la de Gualberto Ramírez, de la unidad antisecuestros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) unas horas más tarde. Ramírez Gutiérrez participó en la investigación del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Antes, el 21 de Mayo, Germán Martínez renunció a la Dirección del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS). En su dimisión dejó en claro que: “Ahorrar y controlar en exceso el gasto en salud es inhumano. Ese control llega a escatimar los recursos para los mexicanos más pobres”, y en la misma carta renuncia, difundida por el Instituto, dio a conocer que había una “injerencia perniciosa” de funcionarios de la Secretaría de Hacienda en la operación del Instituto. Cuatro días después, el 25 de Mayo, Josefa González Blanco Ortiz Mena fue la siguiente funcionaria en dimitir a su cargo dentro de la 4T dejando la titularidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La exsecretaria fue exhibida a través de las redes sociales tras retrasar un vuelo comercial para poder abordar. Josefa González aprovechó sus influencias y por 38 minutos, los pasajeros de un vuelo a Mexicali tuvieron que esperar a la exfuncionaria. Las quejas y cuestionamientos no se hicieron esperar, por lo que optó por dejar el cargo.

TONATIUH GUILLÉN fue otro de los funcionarios que se bajó del gabinete del gobierno de AMLO frente a un complejo panorama en su área. El comisionado del Instituto Nacional de Migración presentó su renuncia al cargo el 14 de junio de este año. Un momento en el que México vivía un período de incertidumbre bajo las amenazas de Donald Trump y la imposición de aranceles a los productos mexicanos, y a esa serie de renuncias les antecedió la del subsecretario de Turismo, Simón Levy, quien el 12 de Abril anunció su salida de la dependencia. La encargada de Estancias Infantiles, Clara Torres, anunció su salida el 17 de Febrero. Su decisión vino en consecuencia al recorte presupuestal de la administración en el programa. Éste fue uno de los primeros puntos que provocó tensión al interior del gobierno de AMLO, pues se decidió que el dinero destinado a las estancias, comenzaría a ser entregado de manera directa a los padres de los menores. Las protestas no se hicieron esperar. Otra de las renuncias motivadas por conflictos con las decisiones del Ejecutivo fue la de Guillermo García Alcocer, que dejara de ser presidente comisionado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) el 15 de junio, así como Patricia Bugarín Gutiérrez, subsecretaria en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Guillermo Zúñiga, comisionado del pleno de la CRE; el comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas, Jaime Rochín del Rincón; Omar Hamid García Harfuch y Felipe de Jesús Muñoz Vázquez de la Fiscalía General de la República; además de Gaspar Franco Hernández de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y uno se pregunta: ¿quién está fallando, el Presidente o los subordinados que finalmente le dejaron los cargos y se alejaron, lo que evidentemente elevará al mil la pérdida de votos en el 2021?. Así de simple. OPINA [email protected]