Carlos Jesús Rodríguez Rodríguez / AL MOVIMIENTO de Regeneración Nacional le urge un caso de corrupción en el que se castigue a un alto militante de ese partido, a fin de dar legitimidad y credibilidad a los dichos del Presidente Andrés Manuel López Obrador en torno al combate a ese flagelo, y qué mejor ejemplo que llevar a juicio a la otrora arrogante dirigente Nacional –depuesta de ese instituto-, Yeidckol Polevnsky Gurwitz por la compra poco transparente de 41 inmuebles entre los que destacan 3 en la Ciudad de México: uno en la calle Hamburgo por 215 millones de pesos; el de la calle Liverpool por 75 millones de pesos y la casona de Chihuahua por 42 millones, este último sede nacional de la fuerza política constituida en 2014. Morena también tiene una propiedad en Cuernavaca, Morelos, por 1.2 millones, otra en Chihuahua por 12 millones y una más en Guadalajara por 14 millones de pesos, además de 32 en distintos Estados que serían las sedes de los Comités Estatales por 395 millones, lo que convertiría a MoReNa en uno de los partidos políticos más “fifís” de todos los tiempos, peor aún que el PRI al que le costó 80 años poder adquirir los inmuebles que ostenta, o el PAN que sigue alquilando o rentando desde donde opera. Vaya, ni en el primer mundo existen institutos que tengan tantas propiedades en tan poco tiempo, lo que puso en evidencia que algo no marcha bien, y ha sido el propio Presidente y fundador de ese Movimiento, Andrés Manuel López Obrador quien dio luz verde en torno al tema, al argumentar que ante la investigación que realiza la dirigencia nacional de Morena sobre el mal manejo financiero que hizo la ex líder de ese partido Yeidckol Polevnsky, en la compra de 41 bienes inmobiliarios, “si hay pruebas de irregularidades, de probables casos de corrupción, se presenten denuncias y que la autoridad competente resuelva”, y aunque aclara que si bien no le compete hablar sobre el manejo interno de las finanzas de los partidos, “todos debemos cuidar que no haya corrupción, ya que el propósito principal del gobierno es limpiar de ese flagelo al país”. Más claro ni el agua.
POR ELLO, con la “anuencia” presidencial que ataja, paralelamente, ambiciones de la ex dirigente provisional y actual secretaria general que busca nuevamente encumbrarse, Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente interino iniciará una serie de auditorías para aclarar los pagos por 619 millones 305 mil pesos en la compra de inmuebles y obras durante la gestión de Yeidckol, pues a la fecha han recibido documentación parcial de las transacciones impulsadas en su gestión, ya que la aludida se resiste a comparecer ante el Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Y es que hay algo que, presuntamente, huele a corrupción: que en más del 50 por ciento de los edificios adquiridos y en plan de compra fueron propuestos por el empresario Enrique Borbolla García, presidente del Grupo EBOR, quien en 2014 fue a prisión por la venta de un avión al Gobierno de Quintana Roo, el cual no entregó. La compañía del queretano se dedica a la venta y construcción de inmuebles, especialmente hospitales.
ANTE ELLO, el Presidente López Obrador ha dicho que ya no se permite que haya distorsiones, al recordar que hubo un tiempo en que algunos consideraban que el poder se agarraba con la izquierda, como el violín, y se tocaba con la derecha. “Es decir, se expresaba ser de izquierda para ganar votos, pero cuando se llegaba al gobierno se derechizaba, se aburguesaba. Ahora, cero corrupción, cero impunidad, trátese de lo que se trate y de quien se trate”. Por esa razón, la dirigencia de MoReNa dio la instrucción de que todos aquellos acuerdos o promesas de compraventa de edificios pactados por la ex dirigente nacional de Morena, y que aún no se pagan, serán cancelados en tanto se analiza el resto de los contratos para ver todas las opciones legales y la posibilidad de regresar los inmuebles que ya fueron liquidados. Ya el área jurídica se encuentra en revisión de la información relacionada con la compra de los 39 edificios en todo el país, que fueron adquiridos para convertirse en la sede del partido a nivel nacional y en cada una de las entidades. Esta semana se definirán las acciones a seguir con base en la opinión de los abogados, una opción es la acción judicial, pero aclaró: Morena no va a investigar ni castigar a nadie, si procede serán las instancias correspondientes las que emitan un veredicto.
LO CIERTO, como se dijo al principio, es que existen grupos de interés al interior del Movimiento de Regeneración Nacional que no desean en la elección de la nueva dirigencia nacional a Yeidckol Polevnsky, para que deje el camino libre a Bertha Luján Uranga, la contadora chihuahuense que fue titular de la Contraloría del Distrito Federal durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (2000-2006), y desde el 20 de noviembre de 2015, hasta el 18 de octubre de 2019 fungió como presidenta del Consejo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), separándose del cargo para competir por la dirigencia de su partido, proceso que no pudo completarse por un fallo del Tribunal Electoral de la Federación pero, además, es la madre de la funcionaria consentida de López Obrador, la secretaria de Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal, Luisa María Alcalde Luján, con quien Yeidckol se confrontó, severamente, lo que provocó que la renovación de la dirigencia se pospusiera, aunque hay versiones de que Bertha Elena Luján Uranga podría no ser la beneficiaria, sino el diputado Federal y coordinador morenista en la Cámara Baja del Congreso, Mario Delgado Carrillo.
Y AUNQUE el coordinador de MoReNa en el Senado, Ricardo Monreal Ávila ha tratado de mediar –buscando llevar agua a su molino-, ya con la bendición de López Obrador de darle para adelante al tema que le servirá para legitimar su lucha anticorrupción, Ramírez Cuéllar ha sido claro al señalar que: “aquí no hay guerra, es un trámite normal de entrega-recepción, no hay ni enfrentamiento ni nada, es un proceso normal, rutinario”, algo que si bien no llevaría a prisión a Yeidckol Polevnsky Gurwitz o Citlali Ibáñez Camacho (ya que es hija de la señora Guillermina Camacho Amezcua y del coronel Cuitláhuac Ibáñez Treviño, quienes se divorciaron por violencia intrafamiliar, por lo que la madre, buscando protección para alejar al coronel Ibáñez decidió cambiarle el nombre), si la sacaría de la jugada no solo como aspirante a dirigente nacional sino, incluso, para un cargo de elección popular en el 2021. Bertha Luján y Ramírez Cuéllar, matan dos pájaros de una pedrada. Así se las gastan en MoReNa. OPINA carjesus30@hotmail.com