Ricardo Aguilar Gordillo / Apenas en septiembre del año pasado culminaba la primera etapa de reformas constitucionales y legales que tenían la intención de reforzar el derecho de niños y jóvenes a una Educación Pública de Calidad en México, así como restaurar los derechos vulnerados del Magisterio Nacional. (creo que aquí habría que aprovechar a darle una repasada a la reforma Peña y de paso al compromiso pendiente de AMLO, algo así: pasos que echaban a la basura de la historia una reforma ilegal e ilegítima apadrinada por autoridades y representantes sindicales igual de faltos de legitimidad, de conocimiento y de compromiso con la profunda y compleja historia del magisterio mexicano. De esta manera también se empezaba a cumplir el compromiso del Presidente de la república con un magisterio que le cumplió en las urnas y que cree en su palabra)
Tras presiones de grupos de interés y diversos debates públicos, quedó plasmado el nuevo marco constitucional para el Sector Educativo en México, casi a la par en la aplicación de los nuevos preceptos en materia laboral.
Quedaron en el tintero de muchos asuntos por discutir, incluyendo ideas de avanzada y propuestas de vanguardia que podían aportar un salto cuantitativo en materia educativa y de los derechos relativos al sector en nuestro país.
Hasta ahí el proceso Legislativo era normal; sin embargo, llegó la anormalidad: ese cisne negro en el que se convirtió la pandemia del COVID-19 y todas esas ideas y preceptos que apenas comenzaban a tomar forma, hoy están a prueba.
Esta dura prueba nos está demostrando que el rosario de buenas intenciones plasmadas en todas las reformas al marco legal que incumben al Sector Educativo estaban limitadas a una continuidad que, aunada a la debilidad de las instituciones nacionales, hoy nos resulta pasmosa y contraproducente.
Por poner un ejemplo, la Ley del Consejo Nacional para la Mejora Continua de la Calidad de la Educación creó un Organismo Centralizado y dependiente directamente de la SEP que sustituyó al INEE, y cuya labor debe ser velar por esa mejora continua, especializada, de vanguardia, que permita refrescar a las instituciones educativas, a los maestros y a sus metodologías, en su labor formativa diaria.
¿Qué está haciendo actualmente ese Consejo Nacional?, sobre todo cuando muchos maestros requieren orientación, apoyo, y alternativas para enfrentar esta “nueva normalidad” de educación a distancia para la cual no estábamos ni remotamente preparados.
En Europa, por citar un ejemplo, varios investigadores e instituciones ya han comenzado a publicar diversos estudios sobre el impacto psicosocial de los niños en trabajos escolares a distancia, y la afectación de su formación integral al haber enfrentado con miedo y poca información, esta situación anormal y extraordinaria, sin siquiera poder socializar y socializarla con sus compañeros de escuela.
Hay otros que ya tienen estudios incipientes del efecto que podría tener el cubrebocas, caretas y protocolos de revisión en las escuelas una vez que sea posible regresar a las aulas –aún en forma parcial-, como comienza a ocurrir en Alemania, Italia y Portugal.
Otro asunto del que nadie parece estar ocupándose -ni autoridades, mucho menos representantes sindicales-, tiene que ver con el “cuidado de maestras y maestros en grupos de riesgo”, sobre todo si consideramos que el grueso de la población magisterial, por sus rangos de edad y sus dinámicas de trabajo, se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
Aunque no existen datos oficiales que den cuenta de las condiciones de salud del magisterio mexicano, se calcula que un 30 por ciento sufre de algunos padecimientos como obesidad, diabetes e hipertensión, que son agravantes del COVID-19.
Lamentablemente, el papel del SNTE ha sido de total ausencia, no solo en la defensa de los derechos de sus representados sino en el acompañamiento de éstos en plena etapa de contingencia.
A manera de resumen:
No cabe duda que esta situación extraordinaria nos obliga a replantear con seriedad y de cara al futuro inmediato nuestros liderazgos institucionales, sus alcances y tareas. También nos obliga a revisar nuevamente la pertinencia de nuestro marco legal, sus mecanismos de previsión y las herramientas con las que pueden enfrentar este tipo de incidencias.
Esta dura prueba nos obliga a acelerar tiempos, a reforzar posiciones y a asumir liderazgos, ahí, donde hay vacíos.
Si nuestro recién estrenado marco legal recién reformado no nos sirve, habrá que transformarlo con urgencia para que no sea letra muerta. Y si el problema no solo es el marco legal sino las instituciones y los liderazgos, habrá que actuar en consecuencia.
Ya no es una emergencia, sino una contingencia que transformó inesperadamente y para mucho tiempo por delante nuestras vidas, con grandes impactos nacionales y globales.
No podemos seguir navegando con buenas intenciones o peor aún, sin ninguna, con las mismas recetas, con los mismos liderazgos y con la misma calidad de instituciones, su capacidad quedó evidentemente rebasada: ni las autoridades cubren los mínimos de la buena gobernanza de su tema sustantivo, y las representaciones sindicales son todo menos eso, no representan ningún valor de sus representados y menos defienden sus imperiosas necesidades, nuevas y añejas.
De buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno.
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