Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
Hasta la noche de este miércoles, ya en plena Fase III del plan de contingencia frente al coronavirus, el subsecretario de Salud Hugo López Gatell, informó que en el país se han registrado 970 defunciones a causa del Covid-19. *** Dio a conocer, además, que hay 10 mil 544 casos confirmados con este virus y que las últimas 24 horas se registraron mil 043 casos positivos nuevos y 113 nuevos fallecimientos a causa de esta enfermedad. *** De los casos confirmados como portadores del virus, el especialista advirtió que 3 mil 618 funcionarán como “el motor de la epidemia” en las próximas dos semanas, pues el resto -casi siete mil casos- son personas que ya se recuperaron.
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Fue apenas hace tres semanas, el 4 de abril para ser más precisos. En su conferencia de prensa matutina. El Presidente afirmaba:
– Estoy haciendo todo lo que sea posible para no contratar deuda, porque, imagínense si endeudamos al país. No. Y tenemos muchos recursos.
Este jueves la Secretaría de Hacienda emitió un comunicado, en el que da a conocer que concluyó “una operación de financiamiento en el mercado de dólares, la cual no representa endeudamiento adicional a los límites de endeudamiento neto establecidos en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020 aprobados por el congreso”.
La dependencia del gobierno federal nos quiere enredar: “financiamiento que no representa endeudamiento adicional”.
¿Qué había dicho sobre ese tema el Presidente?
Esa misma mañana del 4 de abril:
– Propuestas, por ejemplo, en el sentido de que aquí se reconoce -en México- y es en el único país en donde se habla de ‘deuda neta’ y no de ‘deuda bruta’, en general una especie de cómo medir la deuda, si le llamo bruta o le llamo neta; entonces, podría yo pedir prestado, solicitar crédito y quedaría igual, pues eso es maquillaje, eso que están proponiendo algunos es simulación, llámese como se llame va a ser deuda, aunque sea clandestina, ¿a quién voy a engañar?
Esas incongruencias, entre el discurso y los hechos, son las que generan desconfianza entre los mexicanos.
En Veracruz, además, tenemos la circunstancia de que nos gobierna un clon del Presidente y, por lo tanto, cada decisión que se toma a nivel central –buena o mala- se replica sin la menor dilación en este territorio.
Ahí está el caso de la liquidación de fideicomisos.
También sucedió hace tres semanas y la explicación del Presidente fue: “Cada dependencia -no todas, pero sí algunas- tenía sus guardaditos y lo que se está haciendo ahora, porque es un mandato de la Ley de Austeridad Republicana, es concentrar todos estos recursos en Hacienda y Hacienda los va a distribuir”.
Este miércoles el gobernador Cuitláhuac García ordenó –a su vez- la extinción de fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos, lo que le representará la disposición de cerca de cuatro mil millones de pesos.
El mandatario estatal recurrió al mismo argumento: atender los lineamientos de la Ley de Austeridad para el Estado, y –como lo hizo el gobierno federal- dispuso que esos fondos serán manejados por la Secretaría de Finanzas y Planeación.
No se sorprenda si en una próxima sesión del Congreso local se presenta una propuesta para contratar deuda adicional, con el pretexto de que se requieren recursos para hacer frente a la contingencia sanitaria.
Y no es que en Veracruz se esté despilfarrando el dinero (hay casos, sin embargo, que tendrían que revisar) sino que cada vez es más evidente que la Federación les está poniendo “cuota” a los estados “aliados”, para cumplir con los caprichos (“proyectos estratégicos”, les llaman) del Presidente Andrés Manuel López Obrador: La entrega directa de dinero a “los pobres”, el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.
¿De dónde saldrá todo eso?
¡De nuestro bolsillo, por supuesto!
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Epílogo.
Ya le mandaron más trabajo a la LXV Legislatura de Veracruz. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dio a conocer que ya solicitó formalmente a todas las entidades federativas que promulguen a nivel local ordenamientos jurídicos similares a la Ley de Amnistía que aprobó a nivel federal esta semana el Senado de la República. *** “Tenemos esta Ley Federal de Amnistía, pero estamos pidiéndoles, solicitándoles y promoviendo en las distintas entidades federativas que ellos mismos puedan promulgar y publicar la Ley de Amnistía estatal”, explicó Sánchez Cordero. *** La mayoría de los casos que se engloban en la Ley de Amnistía federal (mujeres acusadas de aborto, personas con una discapacidad permanente, personas en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad -aunque hayan cometido delitos contra la salud- y quienes hayan cometido robo simple) son procesados en el fuero común, o sea que corresponde a la justicia local, en cada estado, decidir si están en aptitud de obtener su libertad. *** No deben quedar cabos sueltos. Hace un par de semanas se dio a conocer la detención de un funcionario del Instituto de Espacios educativos (Érik Sánchez Vázquez, quien era jefe del Departamento de Acuerdos y Seguimiento), a quien se le acusaba de portar varias dosis de droga. *** Esta persona fue abordada por la policía estatal justo cuando salía de las las oficinas donde labora. Al ser presentado ante el juez que le correspondía, se desechó el auto de vinculación y obtuvo su libertad, pero para ese momento ya había sido cesado. *** Este miércoles Érik Sánchez Vázquez denunció penalmente al secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García y al Director de Espacios Educativos, Ricardo García Jiménez, pues asegura que se confabularon para “ponerle un cuatro”, esto es, fabricarle un falso delito que les diera el pretexto para darlo de baja. *** El denunciante explica que la razón de la ofensiva en su contra es que detectó –y denunció ante sus superiores- “inconsistencias” en la asignación de obras en el Instituto de Espacios Educativos. Específicamente mencionó que el titular de esa área favorece con obras a los empresarios Roberto Ixtla Campuzano e Iván Villanueva Sánchez. *** La autoridad debe aclarar muy bien ese tema, pues lo que está en entredicho es ese discurso “anti-corrupción” que repiten día con día los gobiernos emanados de Morena.
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