Pena de muerte: oportunismo demente

Carlos Jesús Rodríguez Rodríguez / EN EL continente americano, Estados Unidos de Norteamérica es el único país que sigue aplicando la pena de muerte o pena capital, y en el mundo, hasta 2017, aún quedaban por lo menos 23 naciones que la ejercían en criminales que atentan contra las personas e instituciones, y aunque México la contempló durante muchos años en el artículo 22 constitucional, en Diciembre de 2005, penúltimo año de gobierno de Vicente Fox Quesada, fue derogada, y volverla a reinstaurar sería retrógrada porque en el País la aplicación de la ley suele no ser honesta, y la medida –más que una solución contra la criminalidad- podría ser usada para combatir a los enemigos. Por ello la propuesta que hace el Partido Verde Ecologista de México y un ala del Movimiento de Regeneración Nacional para que se vuelva a aplicar a feminicidas y homicidas de niños, no deja de ser una ocurrencia producto del oportunismo de algunos que buscan sacar raja del río revuelto. Ciertamente, la pena de muerte fue usada desde los remotos tiempos de la antigua Tenochtitlán, dependiendo del delito cometido. Así, por ejemplo, quienes eran acusados de adulterio o de alcoholismo solían ser sentenciados a morir presionando su cabeza con dos piedras (algo que en esta época dejaría sin habitantes a la República Mexicana); a los homosexuales sorprendidos en el acto sexual (aun cuando en Zempoala era una práctica común esa costumbre), se les condenaba a morir a golpes de garrote (de arbustos, por supuesto), mientras que los ladrones atrapados robando, su sentencia era perder una mano. No queremos imaginar cómo se vería la población actual si se siguiera aplicando la medida: por todas partes habría mutilados. Ya en la época colonial, la pena de muerte fue una práctica que llevó a cabo La Santa Inquisición cuya fortuna se sustentó, precisamente, en esa medida, pues muchas personas eran sometidas a muerte para que la iglesia se quedara con sus bienes con solo ser acusados de herejes. En este contexto, el acusado -principalmente por herejía- era sometido a diversas torturas antes de morir, y fue hasta 1857 que se presentó el primer antecedente en México para su eliminación, la cual quedó plasmada en la Constitución de 1857, artículo 23, y sólo para delitos políticos, salteadores de caminos, incendiarios, parricidas y homicidas con alevosía o premeditación se aplicaría.

HOY NUEVAMENTE el oportunismo político del Partido Verde Ecologista vuelve a colocar el tema en la agenda, a sabiendas de que no hay manera de reinstaurar esa medida judicial, aun cuando la propuesta solo ha tenido eco en un ala del Movimiento de Regeneración Nacional, los llamados “diputados kiwis” – que han dado muestras de ser “morenos” por fuera pero verdes por dentro-, quienes respaldan a sus excompañeros de partido tratando de crear un alud que no tiene eco, y menos cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha declarado contrario a la violencia y, hasta incluso, ha demandado a la Guardia Nacional que en vez de balazos den abrazos a la delincuencia, y que a sus integrantes los traten con el mayor respeto a sus derechos humanos porque, también son seres misericordiosos. Los antiguos verdes que hoy ocupan curules en la bancada de Morena, los “kiwis” son: Ana Patricia Peralta, quien hasta 2017 pertenecía al PVEM, y Francisco Elizondo, quien se hizo pasar por indígena para obtener la cuota de legisladores representantes de los pueblos originarios de México para esta Legislatura, y que incluso había pedido licencia para irse a trabajar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero regresó a San Lázaro, y estos, juntos con Arturo Escobar y Vega –que estuvo rodeado por los llamados legisladores sin partido, como Mauricio Toledo y Héctor Serrano, exfuncionario del gobierno capitalino-, refieren que el tipo penal al que proponen que se aplique la pena de muerte es el homicidio doloso y el feminicidio cuando la víctima sea menor de dieciocho años, así como la violación cuando dolosamente los autores o partícipes priven de la vida a su víctima y ésta sea menor de dieciocho años, como es el caso de los presuntos feminicidas de Fátima: Mario y Giovana quienes deben ser considerados irreadaptables por haber secuestrado, abusado sexualmente y asesinado a la menor de siete años.

TAL VEZ el oportunismo de los Verdes les impida asumir que México eliminó la pena de muerte de la Constitución y del Código de Justicia militar desde Diciembre de 2005, y que incluso fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la afamada reforma de la Constitución en el marco del Informe de Ejecución del Programa Nacional de Derechos Humanos 2005. Vicente Fox, entonces Presidente de México lo dijo claramente: “este día quedará grabado en la historia nacional como aquél en el que México se unió a los países que tienen, en el respeto a la vida, uno de sus más altos derechos” porque “la pena de muerte es contraria a los derechos humanos, por eso el Gobierno ha hecho una defensa firme de los mexicanos sentenciados a muerte en otros países”. Aquella vez el representante del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos en México, Amerigo Incalcaterra le recordó que un “valor agregado del programa de derechos humanos es la creación de un comité integrado por 21 representantes de la sociedad civil, universidades, y de los tres poderes del Estado, que lo evalúe y le dará seguimiento”, pues no obstante que la pena de muerte quedaba abolida de la Constitución, en México se continuaba practicando la tortura en varios Estados –como hasta nuestros días sucede-, y que en muchos casos se encuentran involucradas las autoridades.

CON TODO y ello, los Verdes que buscan una alianza con el Movimiento de Regeneración Nacional en las elecciones del 2021 y 2024 buscarán el apoyo de las mayorías en la Cámara de Diputados para aprobar esa reforma que califican de urgente ante el creciente número de feminicidios de menores de 18 años, aun cuando Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena deja en claro que esa propuesta del Partido Verde no la comparte. “Entiendo lo sensible que es un homicidio contra un menor de edad, un feminicidio contra una menor de edad, lo doloroso que es, pero yo no estoy seguro que poner pena de muerte a estos delitos vaya a contribuir a erradicarlos o a disminuirlos”.

MEXICO SIGUE siendo, sin duda, un país deshonesto en la aplicación de la ley, y dejar abierta la posibilidad de la pena de muerte podría ser motivo de persecución, pues si en algo somos expertos es en inventar delitos y culpables cuando se trata de socavar a los rivales. Por ello, ni siquiera cabe la posibilidad de una locura como la de reinstaurar la pena capital, ya que si en México son más los que se oponen al aborto, seguramente la cifra se duplicaría en cuestión de pena de muerte. Sin duda, se trata de una ocurrencia para ganar espacios, y al menos en éste, ya les dedicamos unas cuantas cuartillas. Así de simple. OPINA [email protected]