Gobierno baila y Veracruz se desangra

Carlos Jesús Rodríguez Rodríguez / EL SECUESTRO y crimen horrendo de la niña Fátima de 7 años en la Ciudad de México, pone en evidencia algo que es un secreto a voces en el País, sobre todo en Entidades como la nuestra, donde las autoridades parecieran andar en un carnaval permanente, y solo para poner en contexto, entre Enero de 2015 y Julio de 2019, el Estado de México, Veracruz, Jalisco y Chiapas (en ese orden) serían los Estados más letales por razones de género contra niñas y adolescentes, con 55, 33, 23 y 21 víctimas de este delito, respectivamente. Y es que los feminicidios infantiles se han incrementado de manera dramática en los últimos años, ya que en 2015 se registraron 50 contra niñas, en 2016 se perpetraron 54, en el 2017 fueron 66 y en 2018 la cifra alcanzó los 88, y como ese delito ha sido ascendente, en 2019 se presentaron 98, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En suma, el registro del SESNSP establece que entre Enero de 2015 y Julio de 2019 hubo 3 mil 297 feminicidios en todo el País, de los cuales 317 ocurrieron entre la población de 0 a 17 años, es decir, uno de cada diez feminicidios en México afecta a niñas y adolescentes, algo que debería mover a preocupación a las autoridades que, por el contrario, se muestran despreocupadas y sin el menor dejo de inquietud, como si la vida de los veracruzanos no les importara y menos ir contra los causantes de tanta y semejante violencia.

ANDA TAN suelta la delincuencia en el Estado que a las autoridades pareciera que no les interesa velar por las garantías de la sociedad –a la que están obligadas a proteger-, siguiendo acaso la recomendación presidencial de no detener ni a capos ni a jefes de grupos delincuenciales porque la violencia engendra más violencia. Lo grave es que son los propios uniformados quienes escenifican actos de intimidación y barbarie como el ocurrido este jueves en Minatitlán, donde cuatro elementos de la Policía Ministerial (así como lo lee, de la Policía Ministerial a cargo de la bailadora Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns) golpearon y amenazaron de muerte a dos hojalateros en la colonia Santa Clara porque los propietarios del taller no les tuvieron a tiempo una camioneta. Los trabajadores presentan cachazos en la cabeza que les abrieron heridas severas y lesiones en el cuerpo debido a los culatazos, y en tanto eran amenazados de que si presentaban alguna denuncia serían “levantados” y “desaparecidos” como si se tratara de delincuentes y no de los garantes de velar por la seguridad de la población (hay videos de los afectados), porque ellos son la ley. Una mujer que trató de intervenir para frenar la gorilesca agresión recibió un empellón que la derribó y también fue amenazada por el iracundo comandante cuyo nombre y acciones se encuentran en redes sociales. Y esto ocurre cuando Veracruz se desangra en crímenes y secuestros diariamente, la mayoría con finales no tan felices, como el perpetrado la noche del jueves contra el joven político de Gutiérrez Zamora, Luis Alberto Cancino Álvarez, de 27 años, acribillado en pleno centro de la ciudad, sin que nadie osara detener a los criminales. Cancino Álvarez era hijo de la conocida empresaria Carmina Álvarez, y en fechas recientes, a través de las redes sociales, había sido “destapado” como posible candidato a la alcaldía para el próximo proceso electoral por el partido Movimiento Ciudadano, o el caso del ex regidor de Cotaxtla, Martín “N”, cuyo cuerpo fue encontrado en la comunidad Santa Lucía de ese municipio tras permanecer 12 días desaparecido, luego de que el viernes 7 de este mes fue sustraído de su domicilio por un comando armado en la comunidad La Tinaja. Martín se desempeñó como regidor en el periodo 2011-2014, y era un político estimado en la zona, pero la violencia imparable le cegó la vida, o los crímenes de dos menores de 15 y 17 años –hombre y mujer- sobre el puente de Cosoleacaque, o el asesinato de Karina, una adolescente de 16 años en el barrio Tercero de aquel mismo lugar a quien dieron varios balazos en la cabeza cuando caminaba frente a su domicilio la noche del miércoles.

TODO ESTO, sin embargo, pareciera no conmover a las autoridades que, a decir verdad, si no pueden con el paquete sería honesto que renunciaran. Y es que en Veracruz se está actuando con deshonestidad, entendida ésta como la acción de quien falta a la verdad o recurre a engaños o timos, como ocurre en la Entidad, y donde el Gobernador suele perder los estribos cuando se le cuestiona en torno a ello. Y es que expertos en conducta humana definen que es posible detectar a una persona deshonesta porque su lenguaje verbal y su lenguaje corporal no coinciden, porque se pone agresiva, porque se mueve de forma muy nerviosa, porque no contesta de forma directa a las preguntas que se le hacen (como suele hacerlo el mandatario). Lo grave es que la deshonestidad, en ocasiones, es un delito: la acción puede constituir una estafa, por citar una posibilidad, ya que cuando no se puede con un cargo es válido aceptarlo y presentar la dimisión cuando se es honesto.

POR ELLO no es sorpresa que Veracruz se inscriba entre los Estados donde se matan más mujeres y niñas, además de políticos, cuando la policía –no toda, aclaramos-, en vez de cuidar a la población la agrede y amenaza de muerte, como ocurrió con el comandante de la Ministerial de Minatitlán. Y es que no es por echarle más combustible al fuego, pero desde que asumió el poder Cuitláhuac García Jiménez han sido ejecutados 10 políticos, comenzando por la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo Orea, junto con su esposo y chofer, y otros casos notables corresponden al diputado y líder cenecista y ganadero, Juan Carlos Molina Palacios, o el tres veces ex alcalde de Paso del Macho, Rafael Pacheco Molina, o el de Adalberto Moreno Lara, exalcalde de San Juan Evangelista, o el del alcalde suplente de Atoyac, Lauro Ávila Mena, quien permaneció secuestrado 19 días y fue encontrado su cuerpo en una cueva asesinado. Otro crimen que se recuerda y que movió en su zona las fibras sensibles de la población fue el del ex alcalde de Yecuatla, Rogelio Ayala Palomino, el afamado “chamaco de Oro”, encontrado ejecutado tras ser secuestrado, o el de Pedro Muñoz Mora, exmunícipe de Omealca cuando se encontraba en su domicilio. Más crímenes de políticos ocurridos en el Gobierno de Cuitláhuac son el de Jorge Baruch Custodio, exalcalde de Soconusco, o el de Saúl Héctor Velázquez Vázquez, que se desempeñaba como regidor de Sayula de Alemán, y por supuesto el de Luis Alberto Cancino Álvarez, en Gutiérrez Zamora. Pero ni esos asesinatos ni los crímenes de mujeres o niños y niñas han hecho recapacitar a las autoridades de seguridad y procuración de justicia que parecieran estar de vacaciones en el Estado, como si se burlaran de la sociedad. Solo ayer, familiares de la menor Nicole Cristine Blanco Rodríguez solicitaban el apoyo para la localización de la menor que fue reportada como desaparecida en Xalapa. Cuando se dirigía a la escuela. Así de simple. OPINA [email protected]