Arturo Reyes Isidoro / El fiscal general de Estados Unidos (EU), William Barr, regresa este jueves a México. Su visita ha despertado mucho interés porque la primera que realizó el 5 de diciembre pasado pareció tener algunas coincidencias que tuvieron consecuencias.
Curiosamente, luego de su reunión con autoridades mexicanas se fue del país en forma inmediata Evo Morales y cinco días después fue detenido en EU el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Ahora, en la víspera de su llegada, ayer el diario Milenio publicó en su portal que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno mexicano denunció al exdirector general de Procesos Legales de esa dependencia, Mauricio Moreno Balbuena, por haber ayudado a Javier Duarte para que le redujeran su condena.
El exgobernador del Estado está en serios aprietos porque esa Unidad, que depende de la Secretaría de Hacienda, no está conforme con que su exfuncionario haya ayudado a que a Duarte lo condenaran por asociación delictuosa y no por delincuencia organizada.
La UIF presentó la denuncia contra Moreno Balbuena ante la Secretaría de la Función Pública alegando que actuó para que el Ministerio Público Federal reclasificara los delitos al exgobernador, desdiciéndose incluso del señalamiento por delincuencia organizada que ellos mismos habían presentado.
La nota de Milenio es extensa e incluso presenta copias facsimilares del oficio del exfuncionario acusado del que dicen ahora que no estaba facultado para suscribir ningún oficio para exonerar la reclasificación de un delito con menor sanción penal y mucho menos, si “había méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado”.
Y es que para la UIF sí estaba sustentado el delito de delincuencia organizada por el que Duarte debió haber sido sometido a una pena de entre 20 y 40 años de prisión, aunque con la reclasificación del delito se la bajaron a 4 años y seis meses, por lo que estaría a punto de salir libre en poco más de año y medio.
Lo que se entiende es que el gobierno a través de la UIF va a tratar de reencauzar la acusación para imponer una pena mayor al exgobernante veracruzano, lo que lo mantendría en prisión por muchos años más.
El pasado 6 de enero publiqué en “Prosa aprisa” que Duarte estaba ya en desgracia luego de que un día antes un juez le había negado otorgarle la prisión domiciliaria para que siguiera cumpliendo su pena en su casa, pero sobre todo porque casi una semana antes el Congreso norteamericano había mostrado preocupación por la relación del exgobernador de Veracruz con el crimen organizado (léase “Prosa aprisa” del 06/01/2020, “Presiona el Congreso de EU y retienen a Duarte”).
Apenas el lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al caso Duarte y descartó cualquier tipo de pacto en los procesos que se le siguen que, adelantó, estaban siendo investigados por la UIF y la Fiscalía General de la República (FGR).
Fue más allá. Dijo que no habría negociación y que tendría que devolver los fondos que se llevó, sobre todo los de las propiedades que adquirieron él y sus socios en Estados Unidos pero también en el país. Expresó que había “bastantes bienes” que estaban siendo investigados en el extranjero.
Antes que AMLO, el viernes pasado el propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez había confirmado que su administración continuaba la lucha legal que había iniciado su antecesor Miguel Ángel Yunes para recuperar “decenas” de casas que Duarte había adquirido en EU con recursos públicos.
Existe, pues, una acción concertada, ahora queda más claro, no solo para tratar de recuperar todo lo que desvió el exgobernador, sino para echarle más años de prisión.
Pero, decía al inicio, la pasada visita del fiscal norteamericano William Barr tuvo algunas sospechosas coincidencias, y ahora a ver si no a raíz de su segunda estancia en el país se recrudece la situación de Javier.
En “Prosa aprisa” del día 6 preguntaba yo: ¿Qué información tienen los congresistas de Estados Unidos sobre el exgobernador de Veracruz? Una sorpresa sería que Barr tuviera y trajera alguna respuesta.
Para esto pregunto: ¿dónde están todos los excolaboradores de Duarte a los que benefició, pero también muchos más a los que hizo ricos con contratos, convenios, ayudas, etcétera?
Creo que a estas alturas para nadie es un secreto ya el sometimiento de nuestro gobierno al de Donald Trump (ahí está el caso más claro: el de los migrantes) y su cauteloso manejo en su relación con el Congreso gringo, por lo que abandonado ya por el grupo Peña Nieto el exgobernador está totalmente desprotegido.
Y para empeorar su situación personal, en el Reino Unido su esposa Karime Macías está también sujeta a un proceso de extradición y ahora anda ya con brazalete de la policía británica para que no intente huir.
AMLO no dejó ninguna duda: investigan a Duarte la UIF y la FGR. Pero él no actuó solo. En su momento no solo hubo señalamientos contra los que aparecen como sus socios sino también contra exfuncionarios, tanto por desvíos de recursos como por la adquisición de propiedades en el vecino país.
A ver si esto no resulta en un reventadero.
Yunes debe estar recitando: ya ven, yo se los decía.