Bernardo Gutiérrez Parra / El 11 de enero del 2016 cinco jóvenes que habían pasado el fin de semana en Veracruz y regresaban a sus hogares en Playa Vicente, fueron interceptados por policías estatales en Tierra Blanca “para una revisión de rutina” y nadie los volvió a ver.
Una cámara de video captó el momento en que el vehículo donde viajaban Mario Arturo Orozco de 27 años; Bernardo Benítez Arroniz y Alfredo González de 25; José Benítez de la O de 24 años y Susana Tapia de 16, es escoltado por patrullas. Fue lo último que se supo de ellos.
El hecho se convirtió en un escándalo nacional y el entonces gobernador Javier Duarte, prometió lo que se promete en esos casos; no descansar hasta encontrarlos y aplicarle todo el peso de la ley a los culpables.
Investigaciones posteriores dieron a conocer que los jóvenes fueron entregados por los policías a un grupo criminal que literalmente los desapareció. Sólo se rescataron los restos de Bernardo Benítez que fueron identificados entre tres mil restos humanos encontrados en el rancho El Limón del municipio de Tlalixcoyan.
En marzo de este año el gobierno de México pidió disculpas a sus familiares. “Todos deben saber que elementos de la policía de Veracruz desaparecieron a sus hijos. Por eso reconocemos la responsabilidad del gobierno. Les ofrezco una disculpa pública por el sufrimiento que vivieron sus hijos y por la impunidad a la que se enfrentaron”, dijo el gobernador Cuitláhuac García.
El subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, indicó que una disculpa no reparaba el daño, pero era un paso relevante para hacer justicia y que estos crímenes no vuelvan a suceder.
El asunto es que las desapariciones siguen, con el agravante de que nadie o casi nadie les hace caso.
El 26 de octubre pasado siete tianguistas de Ciudad Mendoza, fueron detenidos en un retén por policías municipales de Ixtaczoquitlán que aparentemente los liberaron horas más tarde; pero no aparecen desde entonces. Sus familiares acusan a los policías de entregarlos a un comando armado y las autoridades simplemente han ignorado los señalamientos.
El asunto es que no son los únicos. En ese mes se reportaron un total de 16 desapariciones; muchas, muchísimas para un pueblo como Ixtaczoquitlán que hasta hace poco era tranquilo.
A diferencia de los desaparecidos en Tierra Blanca, los de Ixtaczoquitlán “están pasando de noche; nadie les hace caso” me dijo por teléfono el familiar de uno de ellos. “No le importan ni al alcalde ni al gobernador”.
¿Qué les han dicho las autoridades?, pregunté. “Nada, ahorita estamos frente al Palacio Municipal, pedimos hablar con el alcalde Miguel Ángel Castelán y no quiso recibirnos, salió huyendo por la puerta de atrás. Pero haremos lo que sea con tal de que nos atiendan y nos den respuestas” fue la contestación.
El 8 de octubre desaparecieron Ciro Álvarez Cantor, Martín Flores Medina y Fernando Trejo Aguilar. El 26 desaparecieron Jorge Alducin, Ricardo Montesinos, Daniel García, Humberto Gil, Jorge Obed Reyes, Joel Reyes y Luisa Cabrera. Pero además están reportados como desaparecidos Francisco Daniel González, Francisco Avellano y cuatro personas de las que se desconocen sus nombres.
Todos tienen un común denominador; antes de desaparecer fueron detenidos por la policía y para ellos el gobernador no ha tenido ni media palabra. Amén de que sus familiares ignoran si los están buscando.
Hasta marzo de este año y según la Fiscalía General del Estado, el número de desaparecidos en Veracruz era de 4 mil. Pero de acuerdo con distintas ONG la cifra supera los 20 mil.
Sea cual sea la cifra real, la responsabilidad de esas desapariciones ha sido del PRI, el PAN y la 4T.
Como gobernador que es, Cuitláhuac tiene la obligación de establecer mecanismos para localizarlos a todos; los de antes y los de su administración.
Si por desgracia no aparecen las 16 personas de Ixtaczoquitlán, ¿pedirá perdón a sus familiares? O se botará la puntada de echarle la culpa a los de atrás cuando todo hace suponer que los responsables de este crimen son sus policías.
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