Aurelio Contreras Moreno / El plan del régimen lopezobradorista por borrar la de por sí frágil autonomía de las instituciones del Estado mexicano cuya función es equilibrar y fiscalizar la actuación del gobierno, ha tomado un derrotero vergonzoso y lamentable.
La elección de titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se convirtió en un auténtico lodazal, en el que el lopezobradorismo gobernante vuelve a exhibirse en su verdadero talante: el de la opacidad, la chapucería, el irrespeto cínico a la legalidad y la absoluta ausencia de vergüenza.
Este jueves, en el Senado de la República se designó a Rosario Piedra Ibarra –hija de la activista Rosario Ibarra de Piedra- como nueva ombudsperson de la CNDH pasando por encima de la legalidad en varios sentidos. Para empezar, en su mismo procedimiento.
Y es que tras darse a conocer la votación, la oposición denunció un fraude, ya que la mesa directiva del Senado que preside la morenista Mónica Fernández Balboa “cantó” un total de 114 votos -de los cuales Piedra Ibarra obtuvo 76-, cuando el número de legisladores que en realidad habría emitido su sufragio es de 116, con lo cual, no obtendría la mayoría calificada de dos terceras partes de los senadores presentes que exige la norma respectiva y a pesar de lo cual, la bancada mayoritaria, la de Morena, descartó una reposición del procedimiento.
Pero si pudieran existir dudas acerca del número real de senadores que votaron, sobre lo que existe total certeza es que Rosario Piedra Ibarra no garantiza ninguna autonomía en su actuación al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya que es militante en activo de Morena. Incluso, en la elección del año pasado fue candidata de la coalición Morena-PES-PT a diputada federal por el distrito 10 del estado Nuevo León, y de cuya campaña además existe constancia. Por cierto, perdió.
Pero no es todo. Piedra Ibarra fue secretaria de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, o sea, cuadro de alto nivel de la dirigencia de ese partido político, así como consejera política estatal en el estado de Nuevo León.
¿Qué autonomía respecto del titular del Ejecutivo puede tener una persona que sale abrazada de Andrés Manuel López Obrador en su propaganda política y que ha sido cuadro dirigente de su partido? Efectivamente, ninguna.
Rosario Piedra Ibarra será una ombudsperson sometida, una pelele del Presidente al que jamás tocará con el pétalo de una recomendación por violaciones a los derechos humanos o abusos de autoridad por parte de su gobierno, y de los cuales ya habría materia para empezar, como en el caso de la cacería de inmigrantes por parte de la Guardia Nacional.
De hecho, este mismo jueves el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas pidió al Gobierno de México desmilitarizar ese cuerpo de seguridad y le dio un plazo de dos años para hacerlo. La respuesta del régimen es más que previsible.
Rosario Piedra Ibarra asumirá el cargo en medio del cuestionamiento a su imparcialidad y a la manera misma como fue designada. Triste manera de manchar el legado de su madre, cuyo activismo en la búsqueda de desaparecidos por razones políticas y por la democratización de este país merecía ser honrado de otra forma.
Pero más allá de eso, queda claro que el actual régimen va a desmantelar cualquier atisbo de autonomía en las instituciones y, en consecuencia, a hacer retroceder a México a la época del poder omnímodo e incuestionable del autoritarismo ramplón a la usanza del PRI más anacrónico. Ése, en el cual se formó políticamente Andrés Manuel López Obrador.
El siguiente objetivo es el INE.
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