Tuvo que ser la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la encargada de enviar una recomendación al gobierno de Veracruz por hechos criminales llevados a cabo durante el gobierno de Javier Duarte. Se concluye en esta recomendación que 15 elementos del famoso Grupo Tajín de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) son los presuntos responsables de la desaparición de ocho policías municipales de Úrsulo Galván. Estos hechos ocurrieron el 11 de enero de 2013. Entonces el gobernador de Veracruz era Javier Duarte, el secretario de Seguridad Pública era Arturo Bermúdez Zurita y el procurador de Justicia era Luis Ángel Bravo Contreras.
Al entonces procurador se le acusa de no llevar a cabo una investigación sobre la desaparición de estos policías, a pesar de que había elementos concluyentes que indicaban que había responsabilidad en los elementos del Grupo Tajín. Por otro lado, el Grupo Tajín no se mandaba sólo, ellos obedecieron órdenes de sus superiores, incluso pudo haber estado implicado el propio Bermúdez Zurita. Las omisiones de Javier Duarte también son punibles, por lo que una vez realizada la investigación, se deben deslindar responsabilidades.
Pero el caso es que Bermúdez Zurita está siendo tratado con guantes de seda por la Cuarta Transformación, lo mismo que Luis Ángel Bravo y ya ni se diga de Javier Duarte, quien desde la prisión puede decidir quién lo entrevista o dictar mensajes de Twitter en contra de sus adversarios políticos. Sería vergonzante que dejaran en plena libertad a estos tres sujetos; sería un monumento a la impunidad.
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