Mussio Cárdenas Arellano /
* Atraco en el Congreso * Diputados separan a Winckler * A cinco días de la audiencia clave en Caso Duarte * López Obrador, al estilo porro * El Chapito, con tufo a Morena y a Duarte * Carranza: más tretas contra el tribunal * Itesco: el acosador sexual, investigado * El alcalde, su otro amor y la foto
Rudo, el porro del echeverriato sigue ahí. Por la fuerza asesta el golpe Andrés Manuel, arrasando la ley, vulnerando el orden, arrebatando la Fiscalía de Veracruz, urgido de allanar el camino de Javier Duarte a la libertad. Urgido de consumar la complicidad.
Sus peones en Veracruz —Cuitláhuac García, gobernador; Eric Cisneros, secretario de Gobierno; José Manuel Pozos y los diputados de Morena y aliados— consuman el golpe de Estado, agenciándose la Fiscalía yunista esgrimiendo atribuciones legales inexistentes y un argumento, el de la falta de evaluación de confianza no refrendada por el fiscal Jorge Winckler Ortiz, que no termina de cuajar.
Es un golpe político, no una cruzada por la legalidad.
Y Javier Duarte, sin fiscal que le arrime otros cargos, ya se ve en libertad.
Septiembre 3, día histórico. De la orden del día, en el seno de la Diputación Permanente del Congreso de Veracruz, son retirados los puntos que no interesan al Clan de Morena, la pandilla del gobernador y el grupo duartista. Queda sólo la separación temporal del fiscal.
Dos intentos fallidos por echar al fiscal Winckler, vía juicio político, en febrero pasado, evidenciaron que el gobernador ni controla ni opera. Y fuera del golpeteo, la descalificación, Winckler seguía ahí.
Vino, pues, el golpe de Estado. Con la venia de Andrés Manuel, con aroma a Pinochet, a Galtieri, a Díaz Ordaz, el espíritu del echeverriato y la soberbia del poder, el trastupije ilegal.
Martes 3, día histórico. Sin atribuciones de ley, la Comisión Permanente del Congreso de Veracruz barrió a un fiscal que por ser yunista, acérrimo enemigo de Andrés Manuel, resultaba incómodo. Y por perseguir a sus aliados duartistas, procesarlos y acreditarle a Javier Duarte la desaparición forzada de personas y el saqueo al erario, peor.
Había, pues, que librar al ladrón.
Dueño del micrófono, ese día el presidente del Congreso, José Manuel Pozos, lee la “separación temporal” del fiscal. Juan Javier Gómez Cazarín, coordinador de Morena en Congreso, le cubre un flanco. Rosalinda Galindo blinda el otro. Uno, Cazarín, procede de los fraudes en la Volkswagen de Coatzacoalcos, y la otra, Rosalinda, es reina del nepotismo en la Cuarta Putrefacción.
Una estampa de que la democracia del desmadre no es utopía, lo ocurrido en Congreso de Veracruz: Pozos y los diputados de Morena consuman el atraco. Y luego, entre jaloneos y denuestos, imponen a la fiscal carnala.
Tantos días, meses, acusando a Winckler de ser fiscal a modo, carnal del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, su abogado personal, y terminar convirtiendo a Verónica Hernández Giadáns, directora jurídica de la Secretaría de Gobierno, empleada de Eric Cisneros, sin experiencia en combate a la delincuencia, sin certificación de control de confianza, en encargada de la Fiscalía.
De ahí salieron cinco diputados del Partido Acción Nacional —Maryjose Gamboa, Sergio Hernández, Juan Manuel de Unanue, Omar Miranda y Monserrat Ortega— a la Fiscalía a interponer una denuncia formal. Se hallaron con un millar de policías del estado y la Guardia Nacional. Por la fuerza, les fue impedido el paso y Omar Miranda sometido con rudeza.
Llegó Verónica Hernández a tomar posesión. “Soy la encargada y todos están a mi disposición”, recetó cual Juana Gallo, mandona, tipo María Félix, escribiría el periodista Carlos Marín.
Son los desplantes de la fiscal carnala, usurpadora de un cargo que la llevará ante la justicia. Sin certificación de control de confianza, se integró a la mesa de seguridad. Tiene acceso a información estratégica, el combate al crimen organizado, los nombres y los rostros, el quién es quién en la delincuencia, sus áreas de influencia, su nivel de penetración en el aparato de poder. Y Verónica sin certificación. Si se filtran los secretos de militares y navales ya se sabe a quién investigar.
Del golpe al fiscal hablan analistas y expertos en seguridad, un procurador general de la República, abogados, periodistas. Uno de ellos, Raymundo Riva Palacio, en su columna Estrictamente Personal, derrumba el “argumento” de Morena: el no contar con la evaluación de confianza.
Cita dos acuerdos de la Comisión Permanente de Certificación, del Consejo Nacional de Seguridad Pública: uno, el 08/XLIV/19, suscrito el 8 de julio pasado, con el que se instruyó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a ampliar el plazo de 18 meses para las evaluaciones de control de confianza a partir del 10 de septiembre de 2019; el otro, emitido el 17 de mayo pasado, estableció prórroga de un año para la realización de la evaluación.
Apunta Riva Palacio:
“Es decir, desde mayo la ley protegía a Winckler, como lo hacía con Eric Cisneros Burgos, secretario general de Gobierno veracruzano, que tampoco tiene la certificación mandatada por la ley. No es el único caso. Hay altos funcionarios, altos mandos y cientos de policías que no cuentan con la certificación exigida”.
Ignacio Morales Lechuga, ex procurador general de la República, aborda dos puntos: el derecho de audiencia de Winckler y la certificación otorgada desde el momento en que fue nombrado fiscal.
“Cuando uno va a actuar contra otra persona —refiere—, siendo autoridad, existe la garantía o derecho humano de audiencia y legalidad; entonces, si se le va a acusar de no tener certificación, tienen que llamarlo, tienen que decirle de qué se le acusa y darle la oportunidad de defenderse”.
Y agrega:
“No se puede alegar que falte la certificación si no se tienen previamente los convenios celebrados con la FGR y los estados (…) Si se analizaran los expedientes, van a encontrar que el fiscal está certificado al momento de ingresar al ejercicio y esa certificación obra en el poder depositado en la Fiscalía General de la República, que es el órgano encargado de certificar (…) Entonces, la afirmación de la Comisión Permanente del Congreso veracruzano carece de veracidad, es un argumento falso, que no se apega a la verdad”.
Mientras, hay vientos de cárcel. Winckler promueve amparos contra su separación temporal y contra cualquier orden de aprehensión. Una la finca en que se violó una suspensión definitiva en el juicio de amparo promovido para evitar el juicio político que finalmente no procedió, y el otro por la presión política, las denuncias de la pandilla duartista a los que llevó a juicio por delitos de desaparición forzada y saqueo a las arcas públicas.
Juana Gallo, la fiscal carnala, ya dispara nombramientos, aflorando el lodo y el hedor.
Apenas puso un pie en la Fiscalía comenzó el show. Imputados de delitos mayores y menores, protagonistas de escándalos, señalados de vínculos con zetas, corruptos sin remedio y hasta fanáticos del nepotismo, ocupan los cargos que detentaba el equipo de Winckler.
Sobre Samuel López Leza, nuevo encargado de la Policía Ministerial, el que enfrentó a los cinco diputados panistas que acudían a la Fiscalía a interponer una denuncia contra la banda de Pozos y Cazarín, pesan acusaciones de complicidad en la venta de permutas en la Secretaría de Seguridad.
Operaba el atraco Daniel López Jácome, en la Dirección de Operaciones, de la que era titular López Leza. Las permutas se cotizan entre 4 y 5 mil pesos. Y pese a las denuncias, ahí siguió.
López Leza es otro caso de nepotismo. Su cuñado, Hugo Gutiérrez Maldonado, es el titular de la Secretaría de Seguridad.
Juana Gallo —Verónica Hernández— es utilizable y desechable. Estará en la Fiscalía mientras dure el vendaval, más adelante denunciada por usurpar funciones y ejercer el cargo a sabiendas que la Comisión Permanente del Congreso de Veracruz carecía de facultades y atribuciones para deponer a Winckler y designar un encargado de despacho. Si la libra, el nuevo fiscal será Hugo Gutiérrez Maldonado, secretario de Seguridad, de negro historial en Nuevo León, acusado junto con sus subalternos de extorsión a empresarios.
Lo de López Obrador es el porrismo. Lo que no se obtiene con la ley, se impone con la fuerza.
¿Qué precipitó el golpe contra Winckler? La premura por marginar del cargo al fiscal que empuja para que Javier Duarte cumpla la sentencia de nueve años en prisión por delitos federales.
Al duartismo, los Valencia, las Ginas, los Audirac, Winckler los refundió en Pacho Viejo por desfalcos y desmanes financieros, incluido el pago a empresas fantasma.
Al ex secretario de Gobierno y efímero gobernador sustituto, Flavino Ríos, lo apretó, le dio prisión, lo zarandeó y no se quiso ir a fondo porque aún lo tendría en la cárcel.
A Duarte y a sus peones, los Bermúdez y los Luis Ángel Bravo, les imputó desaparición forzada, delito lesa humanidad, y si pudieran librarlos en México, continuarían en cortes internacionales.
Todos andan libres, bajo fianza y sujetos a juicio, pero libres. Llegó Cuit y les abrieron la prisión.
Winckler también incurrió en errores, omisiones, imposiciones. No ejerció acción penal sobre otros duartistas —Erick Lagos, Jorge Carvallo, Edgar Spinoso, Vicente Benítez— a cambio de bienes obtenidos o información sustantiva. Sus cifras en la Fiscalía han sido luz y sombra, primer lugar en recuperar recursos arrancados a las víctimas, así como órdenes de aprehensión no ejecutadas y altos índices de impunidad, que a fin de cuentas es responsabilidad del Poder Judicial.
A días de la audiencia clave de Javier Duarte —intenta que le sea anulada la sentencia de nueve años—, López Obrador y su maltrecho equipo operador en Veracruz —Cuitláhuac y Cisneros, Pinky y Descerebro— asestaron el golpe a Winckler. Había que barrer, neutralizar, congelar a Yunes.
Winckler había promovido nuevas órdenes de aprehensión contra el ex gobernador y documenta graves denuncias. La fiscal carnala, en cambio, lo quiere en libertad.
Rudo, Andrés Manuel emplea el puño del dictador. Es el porro del echeverriato, el que toma las calles, el que desprecia la ley, el que desdeña la justicia y favorece al rufián.
Y a Duarte, en cosa de tiempo lo dejará ir.
Archivo muerto
Rodeado de morenistas, o afines al partido de López Obrador, o los que se mueven en el PRD, o los duartistas, Joaquín Guzmán Avilés quiere ser líder del PAN en Veracruz. De la galería que circula en redes sociales, resaltan Alejandro Zairick, que lo mismo acude a eventos del PRD y hasta se le postula desde ahora para la presidencia municipal de Orizaba; Francisco Gutiérrez de Velasco, que trabajó en el gobierno de Javier Duarte; Coffio, que hizo campaña por el priista Américo Zúñiga Martínez para la presidencia del PRI estatal, usando el emblema del PAN; los diputados Jessica Lagunes y Enrique Cambranis, que votaron en el bloque de Morena para iniciar juicio político, y obvia destitución del fiscal Jorge Winckler, en febrero pasado. Niega “El Chapito” Guzmán Avilés que lo apadrine el gobernador Cuitláhuac García, pero expele tufo a obradorismo y a duartismo. Ya se ve para lo que servirá el cacique de Tantoyuca —o para lo que le servirá a Morena— en la elección de 2021… Calzonudo, Víctor Carranza opera para desacatar de nuevo al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Desoye una sentencia que lo conmina a pagar a la empresa Pluvial del Golfo, responsable de la construcción del los dos últimos tramos de la novena etapa del malecón de Coatzacoalcos. Apercibido en diversas ocasiones, finalmente admitió que debe saldar el adeudo pero lo hará —cree que lo hará— en el año 2020. Y en su necedad arrastró a seis integrantes del cabildo que avalaron ese acuerdo el lunes 2 de septiembre. Aduce no contar con recursos como antes pretendió pagar con un terreno en el poniente de la ciudad, a la altura de Ciudad Olmeca, sin que el contratista hubiera aceptado recibir un bien a cambio de dinero. Carranza retomó la treta del ex alcalde Joaquín Caballero Rosiñol, al que está por pegarle un huracán judicial categoría 5, que nunca fue aprobado por el Congreso de Veracruz. Recursos hay en el Fortamun, fondo que contempla pago de pasivos, y los 100 millones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó restituirle a Coatzacoalcos tras el robo de participaciones federales perpetrado por el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa. En cosa de horas, el TEJAV emitirá una nueva resolución. Pluvial del Golfo insta a la destitución del tesorero municipal, Mario Pintos Guillén, y si persisten en su negativa, de todo el cabildo de Coatzacoalcos. Así concluya su gestión, si no paga Carranza, el cabildo en pleno enfrentará acciones legales por la vía federal… Por los pasillos del ITESCO se ve caminar a la alumna-víctima de César “N”. Dialogan y ella reanuda su marcha. El catedrático la toma de la mochila que lleva en la espalda. Hablan y se tensa el ambiente. Hay un jaloneo. Reanudan la marcha y la chica es conducida hacia un lugar en que pierde su imagen, tras la pared de un edificio. Segundos después, se le ve correr. Y detrás de ella, César “N”, en franca persecución. Un video registra el episodio, ocurrido en marzo de 2019. Antes, hubo varios casos similares más. Aquí, en INFORME ROJO, el 5 de agosto se expuso el hecho (https://bit.ly/2k5e5QX), uno de tantos casos de acoso sexual de catedráticos hacia alumnas en el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos, y hoy se confirma. Su director, Bulmaro Salazar Hernández, reconoce que hay una investigación abierta. César “N” es brazo derecho del líder sindical y ex director del Itesco, Ricardo Orozco Alor. El presunto acosador fue funcionario estatal en Minatitlán y habría de ser su sucesor en el Sutitesco, la organización sindical. Y hay video. ¿Hará algo Bulmaro Salazar si su equipo está compuesto de operadores de Ricardo Orozco, el protector de César “N”, el acosador? Y falta el caso de la catedrática y sus alumnas novias, a todo color, con cámara digital… Novel e inexperta política que vivió un tórrido romance, encuentros furtivos, pasión en el reservado de un prestigiado restaurant. Luego escribió sobre su fotografía, ambos destilando felicidad, letras en rosa: “Quiero ver a mi alcalde”. ¿Quién es? Una pista: cómo le chilla la voz…
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