Arturo Reyes Isidoro / Es sabido pero considero menester insistir en que el caso Winckler tiene el aspecto político pero también el legal.
Políticamente es un caso resuelto. Legalmente se espera un largo proceso para cerrarlo.
Ayer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, Alfonso Durazo Montaño, despejó cualquier duda sobre el motivo de su separación, que en el propio Congreso federal calificaron de “temporal”.
Legalmente hay dos fiscales generales del Estado, el que dejó el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, Jorge Winckler Ortiz, ahora separado temporalmente, y la que acaba de imponer el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez –aunque trate de deslindarse– Verónica Hernández Giadáns, como encargada pero no titular.
En el fondo se trata de una pugna entre dos grupos políticos, el del exgobernador Yunes y el del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y del presidente Andrés Manuel López Obrador, estos ahora en el poder estatal y federal, respectivamente.
Queda claro quién tiene más fuerza, la fuerza del Estado, y en política no hay poder más poderoso, hegemónico, que el del presidente.
En reunión con senadores de Morena, Durazo Montaño atribuyó a “deficiencias en el trato con el gobierno estatal” la salida de Winckler. O sea, por motivos políticos.
En una nota de El Universal donde se informó sobre la reunión no se dio otro argumento que haya citado el secretario de Seguridad como causa de la separación.
Tienen peso sus palabras porque responde a la línea directa del presidente López Obrador; hablaba a nombre del Gobierno federal.
No cuestionó el procedimiento con el que se relevó del cargo a Winckler y hasta se atrevió a afirmar que no es en vano su separación cuando había deficiencias en el trato con el gobierno estatal.
No dio lugar a dudas sobre la posibilidad de que hubiera habido anomalías, que se pudieran corregir y que repusieran en su cargo al ahora fiscal separado “temporalmente”.
Avaló en cambio a la nueva titular, Hernández Giadánz, de quien se dijo confiado en que realice un trabajo eficaz, de colaboración con todas las instancias y de respeto a la autonomía de la institución.
Políticamente, pues, el caso está cerrado. Más claro ni el agua.
Legalmente, Winckler no se ha quedado atado de manos y, según declaró al diario Notiver, prepara su defensa, confía plenamente en la justicia federal y en el presidente.
El domingo podría venir otro golpe político
La corriente política yunista todavía no acaba de asimilar el golpe sufrido el martes con la separación “temporal” de Winckler cuando podría estar en puerta otro palo: la pérdida del control del Comité Directivo Estatal del PAN el próximo domingo.
Habrá elecciones para definir quien se quedará al frente. El grupo yunista pretende que siga para un nuevo periodo José Mancha Alarcón, quien se enfrenta a una corriente opositora encabezada por Joaquín Guzmán Avilés.
Compiten de nuevo luego de que el tribunal electoral federal anuló la primera elección ante la inconformidad de Guzmán quien alegó irregularidades.
Pero las circunstancias son diferentes: ya no gobierna el soporte de Mancha, Miguel Ángel Yunes Linares, y el panismo de sangre azul se ha reagrupado para tratar de recuperar su partido.
Ellos hablan de recuperarlo porque consideran que Miguel Ángel, de origen priista, se los arrebató para ponerlo bajo su control y decidir él a los candidatos a cargos de elección popular.
El grumo guzmanista de hecho terminó ayer sus actos fuertes en Medellín luego de estar en Saltabarranca para concentrarse viernes y sábado en afinar la organización y coordinación de su aparato electoral interno, principalmente capacitando a sus representantes de casillas.
Según integrantes del círculo cercano a Guzmán Avilés, cinco días después de arrancada la campaña interna sacaban ya una ventaja de 13 puntos a Mancha Alarcón. Esperan subir a 15 por ciento la diferencia.
Se votará en 151 municipios donde se calculan unas 165 mesas de votación. Tienen derecho a participar 23 mil militantes y se espera la participación de un 70 por ciento del total.
Aparte de la dirigencia, está en juego la decisión de las candidaturas para la elección intermedia de 2021 cuando se renovará el Congreso del Estado y las presidencias municipales, pero también para el Senado y la gubernatura en 2024, además del control del grupo legislativo local.
Si el grupo de Joaquín Guzmán Avilés gana, entonces se da por hecho que Enrique Cambranis Torres sustituirá como coordinador del grupo legislativo a Sergio Hernández, para perfilarse como uno de los posibles próximos candidatos al Senado.
Pero también se fortalecería la posibilidad de que el ahora senador Julen Rementería del Puerto se convierta en el próximo candidato a la gubernatura.
Incluso se abriría la posibilidad de que un posible candidato a la alcaldía de Xalapa fuera el ahora diputado local Omar Miranda.
No se trata, pues, de una elección interna cualquiera. Está mucho en juego y como pocas veces hay interés general por saber el resultado final.
El domingo, así, estará también en juego el futuro de la corriente yunista: o gana y se queda con todo el poder del blanquiazul, o pierde y con ello la posibilidad de que el joven Miguel Ángel Yunes Márquez repita como candidato a la gubernatura.
Seguramente para el gobierno morenista esta elección interna panista no le es ajena porque hasta ahora el PAN es el partido que se perfila más fuerte para competirle en 2021.
Asimismo, por la eventual posibilidad de que el grupo yunista pudiera ganar, cobrar fuerza y convertirse en una oposición de combate contra ellos.
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