Francisco de Luna / Xalapa, Ver. Un promedio de 250 amparos fueron promovidos ante el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), por los integrantes del Consejo Consultivo Indígena (CCI) para que los agentes y subagentes municipales de los municipios veracruzanos, puedan percibir un salario de manera quincenal.
Dieron a conocer que actualmente hay agentes y subagentes municipales que cobran hasta 35 pesos diarios por su labor, «lo cual es muy lamentable ya que es lo consideran que este trabajo es muy mal remunerado».
Los municipios que interpondrán el amparo son de Mecatlán, Espinal, Coxquihuí, Sayula de Alemán, Zozocolco, Cosoleacaque y Chincontepec, no obstante no descartaron que en los próximos días se presenten más amparos.
La integrante del Consejo Consultivo Indígena, Yuri Jazmín Solís Espinoza, expuso que «en muchas ocasiones no les alcanza ni para pagar sus pasajes, ya que sus congregaciones se encuentran lejos de la cabecera municipal y deben de trasladarse para atender problemas propios de su zona».
Comentó que han solicitado que los agentes y subagentes del estado de Veracruz se les pague porque la Ley Orgánica del municipio ellos son servidores públicos y pedimos que a ellos ya se les establezca de manera definitiva el pago de su labor que como se sabe a algunos se les apoya pero no está establecido que se les asigne su salario.
Recientemente se han manifestado agentes municipales por ejemplo en los municipios de Puente Nacional el día 29 de julio y el 22 de agosto los de Ayahualulco quienes reclamaron los pagos a las alcaldías.
En Puente Nacional los quejosos exigieron al presidente municipal Fabián Sartorius Domínguez que dé cumplimiento a la sentencia del juicio de derechos políticos electorales 292/2019, donde el TEV instruye que se hagan los pagos a los representantes de las comunidades y congregaciones del lugar.
Mientras que en Ayahualulco, 14 agentes municipales también exigieron al alcalde Filiberto Morales Rosas que pague los salarios que han quedado pendientes, de acuerdo con la sentencia del 2 de julio, sin embargo las autoridades municipales desacataron las órdenes judiciales, declaró con la abogada Iliana González.
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