Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
Se dio la semana pasada, lo dio a conocer ell periódico Reforma y no es un tema menor. *** El Primer Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México dio entrada a la demanda de amparo directo que promovió el ex Gobernador de Veracruz contra el acuerdo de un juez de control, que desechó su apelación contra la sentencia condenatoria. *** El 26 de septiembre de 2018, el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia sentenció a Duarte a 9 años de prisión y al pago de una multa de 58 mil 890 pesos por asociación delictuosa y lavado de dinero. El 3 de octubre, Javier Duarte apeló la condena, pero el día 11 del mismo mes se desistió de la apelación y el 15 pidió que se mantuviera vigente la impugnación alegando que no era su firma la que aparecía en el desistimiento. *** Al resolver esta última solicitud, el 16 de octubre siguiente, el juez de control Fernando Payá Ayala acordó que no se tuviera por interpuesta la apelación y prevaleciera el desistimiento. Contra este acuerdo, Duarte presentó su amparo el 7 de noviembre de 2018 y es, hasta ahora, nueve meses después cuando finalmente fue admitido a trámite para ser resuelto. *** Desde su presentación, esta demanda pasó por un juzgado de amparo de la Ciudad de México y uno de distrito de Zacatecas, que decidieron no resolverlo por distintas razones y turnarlo al tribunal colegiado que ahora decidió admitirlo. *** El 1 de julio de este año, el amparo fue registrado en el tribunal colegiado, pero fue hasta el 16 de agosto cuando decidió admitirlo a trámite, porque el acuerdo de Payá, que hizo prevalecer el desistimiento de la apelación, “tuvo como consecuencia jurídica que la sentencia que decidió el juicio de origen en lo principal quedara firme. De ahí que la resolución reclamada en efecto tenga el carácter de definitiva, ya que a esta fecha no procede recurso alguno en su contra, lo cual hace procedente la vía del amparo directo y, en consecuencia, la competencia de este tribunal”. *** Si Duarte ganara este amparo, el único efecto que tendría es que la apelación contra la condena sería admitida. De conseguir lo anterior, su impugnación sería turnada a un tribunal unitario para que posteriormente determine si confirma, modifica o revoca la sentencia y lo deja en libertad.
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En este mismo espacio, el año pasado, el 5 de julio, recordaba uno de los gestos del entonces gobernador (Miguel Ángel Yunes Linares) que yo tenía que reconocerle, tanto por la firmeza de su convicción, como por la congruencia con sus actos:
“Era el primero de diciembre del 2016. Habían pasado apenas unos minutos desde que, con el brazo extendido, Miguel Ángel Yunes Linares rindió protesta como gobernador de Veracruz. En el estrado del Congreso local, durante su discurso, Miguel Ángel Yunes Linares anunció que se habría de restablecer el estado de derecho en la entidad: ‘Entiendo bien y comparto el sentimiento social de coraje y frustración frente a las demandas insatisfechas, pero no puedo estar de acuerdo en que la expresión de protesta nos lleve a la anarquía’, advirtió en esa ocasión.
En esa misma colaboración di ejemplos claros de que la palabra del mandatario estatal estaba siendo cumplida al pie de la letra:
“Y cual si hubiera sido un montaje para ratificar su dicho, el 12 de diciembre elementos de la Secretaría de Seguridad Pública arrestaron, justo frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación, a la cabecilla de una organización llamada Alianza Revolucionaria Constitucional (Arco), Topacio Citlali Hernández Ramírez, por alterar el orden público y extorsionar a conductores. Y para que no quedara como ‘un incidente aislado’, a los tres días se montó un operativo con policías estatales y federales, para desalojar la caseta de peaje de Fortín de las Flores, en donde un grupo impedía el tránsito. El comunicado oficial advertía: ‘Nuevamente el Gobernador Yunes reitera su compromiso de mantener las puertas abiertas para dialogar, para llegar a acuerdos, pero igualmente de no permitir que las calles y carreteras de Veracruz sean bloqueadas en perjuicio de cientos de miles de personas’”.
La lógica jurídica para sustentar estas acciones es apabullante: “Todo ciudadano tiene derecho a manifestar su inconformidad, a exigir solución a sus problemas, y no podrá ser reprimido por la fuerza pública. Siempre y cuando no afecte los derechos y libertades de terceros”.
Bloquear vías de comunicación, tomar oficinas públicas, hacer pintas en las paredes o secuestrar autobuses (por mencionar sólo algunas) son manifestaciones que se exceden en el goce de su libertad de manifestación, pues al hacerlo afectan los derechos de otros ciudadanos.
¿Por qué era digna de elogio la postura de Yunes Linares?
Porque advirtió que no permitiría expresiones al margen de la ley, y desde la primera que se presentó, actuó en consecuencia.
El gobierno de Cuitláhuac García tomó una decisión similar, pero lo hizo nueve meses después de que inició su administración, luego de que se han presentado muchas –muchísimas- manifestaciones que incluyeron bloqueos o tomas de oficinas públicas.
Con justa razón los pobladores de Chicontepec que fueron desalojados de su plantón frente a la Secretaría de Educación (los más rijosos fueron, incluso, detenidos) pueden exigir una explicación:
¿Por qué a ellos sí (los desalojan) y a otros no?
¿Por qué cuando Andrés Manuel López Obrador encabezaba bloqueos y tomas de instalaciones se consideraban “actos patrióticos” y ahora se les califica de “provocadores”?
¿Hay en Veracruz –y en México- ciudadanos de primera y de segunda?
Estamos de acuerdo en que de pronto las demandas ciudadanas no tienen una solución inmediata, que ha sido tal el deterioro de la administración pública, que los rezagos no se pueden corregir de un plumazo, pero no se debe actuar de manera selectiva, soslayando los abusos de unos, y reprimiendo los de otros.
En el minigobierno de Yunes Linares siguieron presentándose manifestaciones, pero los grupos entendieron el mensaje. Se plantaban en la plaza Lerdo, o en el parque Juárez, o utilizaban la explanada de la SEV, pero ya sabían que si bloqueaban la vialidad, serían “conminados” a replegarse por parte de la policía estatal.
En este gobierno los dejaron hacer lo que les diera la gana, y un día, quizá porque las más altas autoridades se levantaron “de malas”, ordenaron el desalojo de manifestantes.
(Por cierto, en la columna del 5 de julio de 2018, concluía mi comentario así: “Algo pasó el pasado domingo que nuestro gobernador ya es otro. Hoy privilegia la concordia sobre el ‘estricto cumplimiento de la ley’. Fue suficiente que algunas decenas de miembros de la organización Antorcha Campesina se interpusieran entre las fuerzas policiacas y las familias que iban a ser desalojadas de un predio en Xalapa (a partir de un ordenamiento judicial), para que el gobernador dispusiera que los policías se retiraran y avisara que buscaría ‘otros esquemas’ con esas familias que están señaladas de apoderarse de viviendas que no les pertenecen”.).
Coherencia, es un ingrediente indispensable para un buen gobierno.
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Epílogo.
En la entrevista que el semanario Proceso publica en su número 2234, a la dirigente nacional de Morena, Yeidkol Polevnsky, la aspirante a ser ratificada en el cargo habla de algunas de las irregularidades que prevalecen en el Comité Ejecutivo Nacional, entre las que destaca que algunos de sus integrantes ocupan a la vez dos posiciones. *** Le pidieron algún ejemplo y este fue el que presentó: “… teníamos un secretario de Recursos Naturales, Hugo Lino, pero al CEN se acercaron para que alguien fuera presidente del Comité de Veracruz. Y él quiso, pero no quiere dejar el cargo en el CEN, quiere estar en los dos”. *** ¿Sabe alguien, por cierto, a qué se dedica Hugo Lino en Veracruz? Hay quien sugiere que se encarga de “cuidarle el asiento” al superdelegado. ¿Y qué opina de eso el gobernador?
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