Ante esto, se hizo una denuncia anónima ante el DIF, a Gobernación (Segob) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero nadie hizo algo por resolver esto. Dicho chat es para atender a los niños migrantes que se encuentran en Chiapas. En el grupo, aparte de López Bravo, se encuentran servidores públicos y comisionados.
Cuando Yolanda escribió lo antes mencionado, el subdirector de Representación Jurídica, Salvador Silva Becerra, respondió: «Jajaja sí, no me vallan a ver con ojos de rostizado». Pero la pregunta es, ¿esta es la clase de sensibilidad que se espera de funcionarios públicos en áreas tan importantes donde se atiende a niños en situación de riesgo?