Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se está convirtiendo en un verdadero dolor de cabeza para el Presidente Andrés Manuel López Obrador. *** Una vez más ha quedado exhibida la discordancia entre el discurso del Presidente y sus acciones. Públicamente elogió la labor del ombudsman nacional, pero en los hechos se resiste a aceptar sus recomendaciones. *** El primer caso relevante fue la recomendación 29/2019 en la que califica como “regresivas, violatorias de derechos humanos de personas usuarias y beneficiarias” las medidas para extinguir el Programa de Estancias Infantiles. *** La reacción del Presidente y de sus subalternos fue -por decir lo menos- violenta. Calificaron la recomendación como “aberrante” y, por supuesto, se negaron a acatarla. *** Ahora la CNDH apunta a las reformas legales que fueron aprobadas con la creación de la Guardia Nacional, por considerar que no se apegan al espíritu de la Carta Magna y violentan los derechos humanos. *** La CNDH presentó cuatro recursos de inconstitucionalidad: Uno, contra la facultad para detener a particulares, solicitarles información, intervenir sus comunicaciones privadas y localizar su posición geográfica en tiempo real, sin denuncia alguna. *** Otro, contra la facultad que se otorga a la Guardia para “inspeccionar y vigilar la entrada y salida de personas en el país, así como verificar si los extranjeros que residen en el territorio cumplen con las obligaciones que establece la Ley de Migración”. *** Uno más, frente a la posibilidad de utilizar armas, incluso letales, contra quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas. *** Y uno último, referente a las restricciones para el acceso público a la información, del Sistema Nacional de Seguridad Pública. *** Por supuesto, López Obrador ya objetó la postura de la CNDH. ¿Y el respeto prometido a su autonomía y a sus resoluciones?
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“Entregamos dinero a Elías Beltrán”, me dice Javier Duarte.
Desde el primer renglón se anticipaba que habría grandes revelaciones sobre lo que se llegó a acordar al más alto nivel en el proceso contra quien fuera gobernador de Veracruz.
El periodista Alejandro Aguirre Guerrero publicó este lunes, en el portal www.carlosloret.com una de sus colaboraciones, en la que narra una entrevista que dice haber sostenido, vía telefónica, con el exgobernador Javier Duarte.
En la charla, el hoy interno en el Reclusorio Norte presenta una versión que no se conocía sobre su captura y extradición de Guatemala.
“Me entregué en Guatemala a cambio de que dejaran en paz a mi familia; a mi no me detuvieron, yo decidí entregarme (…) Una vez privado de mi libertad, negocié y me ofrecieron quitarme el delito de Delincuencia Organizada, a cambio de que les diera dinero y aceptara los cargos que fabricaron en mi contra”.
El periodista no se queda con la duda:
– ¿Dinero? ¿A quién le diste ese dinero?
La respuesta, plasmada en la primera línea de su colaboración, encendió las luces de alarma ayer mismo.
“Ese dinero me lo dio el ex Presidente Peña Nieto por el cargo de conciencia que tenía, por lo que me había hecho, y se lo entregamos al entonces encargado de despacho de la PGR (Alberto Elías Beltrán), como bien se dice ahora en las noticias”.
Hasta ahí el inicio del artículo periodístico, que dio pie para múltiples especulaciones.
¿El entonces Presidente le dio dinero a Javier Duarte para que sobornara a alguien que era su subalterno?
(No perdamos de vista que lo que en ese entonces era la PGR no era un órgano autónomo, sino que dependía del Ejecutivo).
¿Cuánto dinero le habría dado el entonces Presidente, y de dónde lo habría sacado?
¿El entonces “encargado” de la PGR, Alberto Elías Beltrán, exigió una suma económica a cambio de “variarle el delito” a Javier Duarte?
(Código Penal Federal. Artículo 222.- Cometen el delito de cohecho: I.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones”).
Curiosamente, la tarde del mismo lunes el artículo de Alejandro Aguirre Guerrero fue “bajado” del portal del periodista Carlos Loret de Mola. Estuvo poco más de tres horas “desaparecido”. Poco después de las 7 de la noche volvió a figurar, aunque con una pequeña modificación. Ese primer párrafo ya no aparece.
Es menester observar estos “incidentes” a partir de su entorno.
Se sabe que fue Javier Duarte quien buscó al periodista para hablar sobre el tema. Lo hizo justo unos días después de que ese mismo comunicador divulgara una charla con alguien “de la sede nacional de Morena”, quien le habría confesado el interés de las “altas esferas” del gobierno federal, de impulsar la liberación del exgobernador de Veracruz para que “opere la sucesión en Veracruz”.
Este mismo lunes, el periodista Raymundo Riva Palacio dio a conocer que Enrique Peña Nieto decidió autoexiliarse, “ante el temor de represalias políticas o penales por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador”.
Riva Palacio explica que desde la transición, personas cercanas a Peña Nieto le recomendaban que se fuera una temporada de México, pero que no habían logrado convencerlo.
Al final le explicaron que López Obrador mantenía el compromiso de no actuar contra él, pero que se tenía la impresión de que cada vez se molestaba más por su “imprudencia política”, lo que podía llevar en el corto plazo a que autorizara que se le investigara.
En ese contexto, la revelación de Javier Duarte (“Ese dinero me lo dio el ex Presidente Peña Nieto”) podría exacerbar aún más los ánimos en Palacio Nacional.
Ningún paso de los que da Javier Duarte lo hace como producto de la precipitación. Cada anuncio, cada recurso legal, cada decisión que toma, está fríamente calculada y tiene un fin que no siempre es el que parece más obvio.
Al final de su charla con Alejandro Aguirre, el exgobernador de Veracruz dijo estar convencido de que su salida de la cárcel está muy próxima:
“Un juez de amparo acaba de determinar que tengo mis derechos para pelear en amparo directo mi procedimiento abreviado. Y a principios de este año, otro juez federal determinó que las pruebas con las que fijaron mi sentencia son ilegales, ya que la PGR las obtuvo sin autorización judicial, por lo tanto, no existen pruebas en mi contra, así que, en efecto, ya voy para afuera”.
¿Por qué lo avisa?
¿Por qué meterle ruido mediático a un tema que avanza en tribunales?
Sólo él lo sabe.
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Epílogo
El dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, informó que este miércoles se lanzará la convocatoria para elaborar el Acuerdo Veracruz para la Gobernabilidad y el Desarrollo. “Lo que le debe importar al gobierno de Veracruz es que los ciudadanos que le dieron la confianza para que gobierne, puedan ser escuchados y atendidos, porque no sólo es escuchar, es atender. Nosotros entendemos que los recursos son finitos y las necesidades no lo son, pero eso no quiere decir que no haya un canal para poder dar atención”, expresó. *** El Acuerdo Veracruz para la Gobernabilidad y el Desarrollo propondrá la realización de mesas de trabajo en las que se analizarán 10 puntos: seguridad, desarrollo económico, gobernabilidad, salud, desarrollo agropecuario, medio ambiente, educación y tecnología, infraestructura, turismo, cultura y tradiciones.
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