Jacobo Domínguez Gudini / En días pasados la Rectoría presentó la propuesta de Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, con cuya aprobación se abrogará la Ley de Autonomía, que en los años noventa constituyó un importante asidero para evolucionar de una Universidad pública de prestigio a una verdadera Universidad Autónoma.
Que sea ahora la propia Máxima Casa de Estudios quien presente una iniciativa de ordenamiento, no solo significa hacer uso de sus facultades constitucionales, sino también vincular el espíritu libertario y la concurrencia de todas las voces e inteligencias que conforman la Universidad en una propuesta auténticamente emanada de los debates desarrollados en el ágora universitario.
Este importante proyecto que será discutido en los próximos dias en el Congreso del Estado, plantea notables cambios, así como la consolidación de estructuras más democráticas, más transparentes y equilibra la participación de todas las regiones en beneficio de los universitarios.
En esta primera entrega nos referiremos a una importante figura que nacería con su aprobación y que será un parteaguas para traer justicia formal al contexto académico de las aulas universitarias.
En este proyecto, la Comisión de Honor y Justicia se transforma en el Tribunal Universitario, que será el órgano colegiado encargado de garantizar la legalidad de los actos y resoluciones de las autoridades universitarias.
Estará integrado por tres reconocidos juristas universitarios , designados por el Consejo Universitario General. Sus decisiones serían inatacables en el ámbito universitario y estaría presidido por uno de sus miembros, quién durará un año en el ejercicio de ese cargo.
La iniciativa contempla sus atribuciones: el Tribunal podrá conocer y resolver en última instancia, de las faltas graves de los miembros de la comunidad universitaria, excepto las cometidas por el personal académico; revisar las sanciones impuestas por autoridades universitarias competentes, excepto las impuestas por faltas administrativas; revisar y resolver las recomendaciones realizadas por la Defensoría de los Derechos Universitarios no aceptadas por cualquier autoridad o funcionario de la Universidad.
También, en caso de aprobarse esta propuesta, podrá interpretar la legislación y normas universitarias a petición de los integrantes de la comunidad universitaria; substanciar y resolver los recursos de inconformidad promovidos por violación al procedimiento en los exámenes de oposición; y resolver las controversias que se presenten entre los órganos colegiados, autoridades unipersonales y funcionarios o entre cualesquiera de ellos, con motivo de la aplicación de la legislación universitaria.
Transformar la Comisión de Honor y Justicia en Tribunal, implica también que las garantías del debido proceso estarán presentes en todos los procedimientos universitarios, privilegiando la garantía de audiencia, el principio de legalidad, así como el apego irrestricto a las normas jurídicas universitarias, en vez de resoluciones dictadas por analogía, o por costumbre que con frecuencia son recurridas y no resisten el análisis constitucional de los Tribunales Federales.
La construcción del Tribunal Universitario representa una oportunidad histórica para materializar un tema largamente discutido en las aulas y en los pasillos, pocas veces atendido satisfactoriamente en la vida académica. Es la oportunidad de crear una instancia que garantice el acceso a una nueva etapa donde prevalezca la Justicia Universitaria en la Universidad Veracruzana.
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