Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
El secretario de Salud Roberto Ramos Alor no tiene entre sus habilidades, por supuesto, el dominio de las relaciones públicas. *** El funcionario es dicharachero, alegre y hasta afectuoso con las personas a las que trata, pero su carácter se torna ríspido cuando es cuestionado por la prensa. *** Pero es una tara que suelen presentar la mayoría de los servidores públicos en el gobierno de Morena. Les falta habilidad –y mucha paciencia- en el trato con los reporteros. *** Este miércoles Ramos Alor salió a dar una buena noticia, de esas que cada vez son más escasas. Anunció que todos los periodistas del estado tendrán acceso gratuito a los servicios de salud del estado durante el mes de junio, con motivo de la celebración del Día de la Libertad de Expresión. *** El tema cayó muy bien entre el gremio, pero este fue un día de trabajo y tenían que llevar “la nota” a sus medios. Aprovecharon el momento para cuestionar al secretario de Salud sobre la contratación de empresas proveedoras de medicamentos vinculadas a prominentes miembros de Morena. *** El razonamiento del médico no fue mala. Se dijo sorprendido de que en un principio le cuestionaran la falta de abasto, y ahora pretendan señalarlo por surtir a los centros de salud de medicamentos. *** El problema fue el modo de decirlo: “No les embona ningún chile”, frase que, además de soez, resulta poco original, pues fue una de las últimas “puntadas” de Enrique Peña Nieto como Presidente de México. *** Alguien tendría que explicarle que hay formas más prudentes para evadir las preguntas incómodas de la prensa.
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Desde que emprendió su guerra contra Javier Duarte, mucho antes –incluso- de su segunda campaña en pos de la gubernatura, Miguel Ángel Yunes Linares ya desconfiaba de Lorenzo Antonio Portilla, titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).
La razón era simple: Trabajó para Javier Duarte en la Contraloría del Estado, y fue impuesto en ese organismo (supuestamente autónomo) por el mismo gobernador.
Aunque aún no vencía el término de su gestión, una vez como mandatario estatal Miguel Ángel Yunes pudo haber “convencido” a Portilla Vásquez de que renunciara a su cargo, en una operación parecida a la que practicó con Luis Ángel Bravo en la Fiscalía General del Estado (FGE).
No lo hizo. Dicen que alguien lo convenció de que sería de mayor impacto mediático que el propio fiscalizador impuesto por Javier Duarte, fuera el que entregara las pruebas de sus latrocinios.
Conforme avanzaron los meses, el gobernador descubrió la disposición del Auditor General de colaborar para sustentar las denuncias contra los duartistas, y se convenció que había sido una buena idea mantenerlo en su cargo.
Más aún, cuando su salida era una de las demandas recurrentes de los diputados de Morena.
En diciembre de 2016, la diputada Daniela Griego Ceballos (hoy directora del Instituto de Pensiones del Estado) planteaba la necesidad de que Lorenzo Antonio Portilla renunciara, pues era un perfil “ad hoc”, impuesto durante el mandato de quien en ese entonces era un prófugo de la justicia, Javier Duarte.
Griego Ceballos dijo en aquella ocasión que con su salida se daría pie a una nueva reforma al organismo de fiscalización.
“Solo así podrá garantizarse que durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares no se repetirán los malos manejos ocurridos con las últimas administraciones priístas”, advirtió.
Por supuesto, Yunes Linares no les iba a dar ese gusto.
Poco más de un año después, en marzo del 2018, hubo un nuevo intento por desbancar al auditor mayor del Orfis. Circularon en redes sociales tres supuestos recibos de caja de la Tesorería del Estado, cada uno por 20 millones de pesos, firmados por Lorenzo Antonio Portilla. Se sugería que ese habría sido el pago de Javier Duarte al auditor, para que diera por solventadas las observaciones que le había hecho la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La treta fue demasiado burda y no pasó a mayores, pero uno de los que salió a defender al titular del Orfis fue quien en ese entonces presidía la Comisión de Vigilancia de la LXIV Legislatura, Juan Manuel de Unanue, quien advirtió: “Yo en lo personal avalo su trabajo hasta el día de hoy y no he visto nada extraño. Si no, ya lo hubiera denunciado”.
Bueno, pues según su jefe político, el impulsor de su carrera (Miguel Ángel Yunes Linares) Lorenzo Antonio Portilla le “pasó de humo” a De Unanue los actos de corrupción de ese organismo autónomo.
La otra opción es que De Unanue haya decidido no ver los negocios del auditor, a cambio de que éste tampoco se fijara en los que el diputado estaba haciendo. No perdamos de vista las observaciones que el entonces Presidente de la Comisión de Vigilancia dio por solventadas, de la Cuenta Pública 2017.
Lo cierto es que hoy por hoy el titular del Orfis -que lo fue con Javier Duarte, con Miguel Ángel Yunes y lo es con Cuitláhuac García- presentó denuncia penal en contra de Miguel Ángel Yunes Linares por “inconsistencias” que suman más de 90 mil millones de pesos (casi el presupuesto total de Veracruz en un año).
En lugar de gastar el tiempo en videos, Yunes Linares debería estar reunido con sus abogados.
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Epílogo.
Fue tema central en su campaña política y en los primeros meses del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares. Afirmaba que durante las administraciones de Fidel Herrrera y Javier Duarte se simuló una inversión cercana a los cuatro mil millones de pesos en 183 obras de construcción, rehabilitación, mantenimiento y ampliación en centros de salud y hospitales que quedaron inconclusos, o que ni siquiera se iniciaron. *** Cuando presumía que había recuperado parte de lo saqueado en el gobierno de Javier Duarte, el gobernador Yunes Linares anunciaba que parte de esos recursos (307 millones de pesos) serían destinados a la Secretaria de Salud para “reforzar” la infraestructura hospitalaria, concluir la Torre Pediátrica y concluir otras obras del sector salud que estaban en el abandono. *** Este miércoles el gobernador Cuitláhuac García anunció la inauguración de cinco centros de salud para la entidad. Dijo, además, que se echarán a andar hospitales públicos “a medias”, como el de Tatahuicapan, al que el Gobierno anterior no le construyó drenajes. Otros hospitales que anunció el gobierno de Yunes Linares se entregaron sin drenaje, ni luz, ni personal, ni medicamentos. “Nomás era el cascarón”, denunció Cuitláhuac García.
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