Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
Si el aún fiscal Jorge Winckler tiene elementos suficientes para proceder en contra de elementos de la Fuerza Civil del Estado -a los que ha señalado públicamente de incurrir en el delito de desaparición forzada- que vaya por ellos. Que no espere a que se los lleven, que no ponga como pretexto que “el secretario de Seguridad Pública no mes los ha puesto a disposición”. *** Así de sencillo explicó el gobernador Cuitláhuac García el caso de los uniformados que han sido señalados de prácticas ilícitas. *** “Que le den trámite, que den trámite a las denuncias. No se requiere, cuando existe una denuncia, poner a disposición a nadie, el Ministerio Público puede ir a la detención del policía”, argumentó el mandatario estatal. *** Cuitláhuac García explicó que se ha actuado en cada caso en el que se detecta que los policías actúan fuera de la Ley. “Hubo policías cesados; recuerden que hubo eventos en los que se demostró que la policía estaba (actuando) de manera equivocada y se actuó”. *** Jorge Winckler de inmediato se subió al ring y respondió a lo dicho por el gobernador: “Dijo que ya separó de su cargo o suspendió a los policías que participaron en este operativo, a mi eso no se me ha informado; esto complica más la investigación, porque si los suspende y les permite que se vayan, ¿dónde los podrá ubicar la Fiscalía del Estado?”. *** Lo quiere todo “peladito y en la boca”. Así cualquiera es Fiscal.
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Y cuando parecía que que se empezaban a caer los temas relacionados con presuntos casos de corrupción de la administración de Javier Duarte, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revivieron carpetas de investigación contra altos funcionarios de esa administración, por el delito de peculado.
Tomás Ruiz y Fernando Charleston, quienes fungieron como secretarios de Finanzas y Administración; Gabriel Deantes y Carlos Hernández, que fueron subsecretarios en esa misma dependencia.
Tres ellos aparecen involucrados en la carpeta de investigación FED/SEIDF/INAI-VER-0000782/2017, iniciada a partir de una denuncia que fue presentada el 23 de diciembre de 2016.
La ASF denunció el posible desvío de 891 millones de pesos del llamado Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), detectado a partir de la revisión de la cuenta pública 2014. Se trata de un fondo contemplado para servicios relacionados con la educación básica.
Jueces federales ya dictaron autos de vinulación a proceso para los exfuncionarios veracruzanos. A Fernando Charleston se lo decretaron el 22 de enero; a Carlos Hernández, el 5 de marzo y Gabriel Deantes el 11 de marzo. Todos ellos ante jueces federales.
Tomás Ruiz fue vinculado a proceso el pasado 12 de marzo, pero a partir de la carpeta de investigación FED/SEIDF/INAI-VER-0001740/2016 iniciada tras la denuncia presentada el 12 de septiembre de 2016.
Este caso se refiere el presunto desvío de 261 millones de pesos del llamado Fondo Regional (Fonregion) en el ejercicio 2012.
El Fonregion es un fondo federal que se entrega a algunos estados con el objetivo de financiar programas y acciones que faciliten el acceso a servicios básicos de salud y educación en zonas vulnerables.
El recurso de dicho fondo es transferido a la Secretaría de Finanzas de la entidad y por ello en la investigación se identificó como responsables de su mal manejo al entonces titular de esa dependencia, Tomas Ruiz González.
A pesar de que todos estos exservidores públicos ya fueron vinculados a proceso, los juzgadores federales decidieron que podrían seguir los procesos en libertad, toda vez que no se acreditó ninguna de las hipótesis para aplicar prisión oficiosa. Una postura diametralmente opuesta a la asumida por los jueces de Veracruz, que en cada caso contra miembros del duartismo, en forma automática y por consigna, disponían que se les encerrara en la cárcel.
En el caso específico de Gabriel Deantes, este enfrenta además un proceso por enriquecimiento ilícito en el fuero común, y está obligado a acudir a Pacho Viejo una vez al mes para firmar el libro de registros.
¿Qué dirán ahora aquellos que gritaron a los cuatro vientos que había un acuerdo entre Andrés Manuel López Obrador y Javier Duarte?
El combate a la corrupción se debe dar en todos los frentes, sin importar el color de la bandera política que los envuelva.
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Epílogo.
Pero no sólo fue el caso de estos exfuncionarios. Este lunes se dio a conocer que un juez federal giró orden de aprehensión contra Mónica Ghiham Macías Toubilla, cuñada del exgobernador Javier Duarte. Se le acusa de defraudación fiscal por más de 3 millones de pesos. *** Los reportes señalan que Mónica Ghiham estaría radicando en Londres, con su hermana Karime, por lo que la FGR solicitó a la Interpol girar una ficha roja, la que aún no es liberada. *** Y mientras tanto, el secretario de Educación, Zenyazen Escobar, reveló que la Fiscalía General del Estado (FGE), lo investiga por los delitos de sedición y motín, tras la denuncia presentada en octubre del 2018 tras la toma del Palacio Legislativo. Asegura que se trata de un tema político, debido a que está presentando denuncias en contra de ex funcionarios del bienio de Miguel Ángel Yunes Linares. “Lamentamos mucho que él (el fiscal Jorge Winckler) esté para servir a una familia, a un apellido, Nosotros estamos para servir a los veracruzanos”, remató. *** Este martes a la una de la tarde, habrá sesión de la diputación permanente en el Congreso local. En los temas de la agenda está convocar a sesión extraordinaria del Pleno, que se daría horas más tarde.
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