Arturo Reyes Isidoro / La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (fiscalía anticorrupción) está dispuesta a aceptar la coadyuvancia del gobierno del Estado en todas las denuncias que se han presentado o que se presentarán en el futuro en contra de exfuncionarios de administraciones pasadas.
El viernes pasado, por instrucciones de su titular Marcos Even Torres Zamudio, se me hizo llegar un texto en el que se señala lo anterior, luego de que comenté la difícil relación que existe entre el fiscal general del Estado, Jorge Wickler Ortiz, y el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.
En “Prosa aprisa” de ese día (“Una relación difícil”) comenté que Winckler está en una encrucijada ya que tiene que investigar y, de ser necesario, proceder en contra de excompañeros suyos en el gobierno anterior que fueron denunciados por la nueva administración por presuntos delitos de tráfico de influencias, incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad y daño patrimonial.
El fiscal Winckler solo tiene de dos: o la bebe o la derrama, o actúa contra sus compañeros yunistas o viéndose presionado opta por pedir licencia y mejor se separa del cargo. Si escoge el primer camino, es posible que termine en el cargo en los seis años y ocho meses que le restan, comenté.
En el texto de la fiscalía anticorrupción en donde se me dice que está dispuesta a aceptar la coadyuvancia del gobierno cuitlahuista, se me expresa que: “Ello con la finalidad de que no exista duda de la imparcialidad de la FA en todos estos casos. La investigación se llevará de la mano y de manera conjunta con el denunciante (la Victima) que es el gobierno del estado de Veracruz”.
“El Gobierno del estado de Veracruz, a través de esta coadyuvancia, podrá proponer todos los actos de investigación (diligencias ) que consideren necesarias”, se especifica también, agregándose: “La FA reitera que la procuración de justicia en Veracruz se aplica sin ningún tipo de distingo social, económico o político”.
En el gobierno que encabezó el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares se presentaron varias denuncias tanto contra el exgobernador Javier Duarte de Ochoa así como contra varios de sus colaboradores, y apenas a inicio de mes el gobierno de Cuitláhuac García denunció, a su vez, a exfuncionarios yunistas de la Sedesol, la SEV y Espacios Educativos.
Se ha adelantado ya que están por presentarse otras denuncias contra el gobierno yunista, por el programa del reparto de despensas, por el Sistema Estatal de Videovigilancia, por la asignación de contratos en forma directa en la Secretaría de Finanzas y en la Comisión de Agua del Estado de Veracruz, entre otras.
Marcos Even Torres Zamudio fue nombrado para el cargo hace ocho meses, el 24 de julio de 2018, en un cuarto intento, gracias a la alianza de las diputaciones locales del PAN y del PRD pero teniendo en contra la oposición de los diputados de Morena que acusaron que la designación era “a modo” del gobernador Yunes.
Ahora, mientras que el fiscal Winckler Ortiz ofrece trabajar “de la mano” con el gobierno de Cuitláhuac García y de “nuestro señor presidente” Andrés Manuel López Obrador, el otro fiscal, Torres Zamudio, no quiere que exista duda de la imparcialidad del organismo a su cargo y también ofrece trabajar con el gobierno cuitlahuista e investigar a exfuncionarios yunistas.
Y el gobernador zanja diferencias con Edel
Colateralmente, el sábado, mediante un boletín de prensa, se informó que el gobernador se reunió en Palacio de Gobierno con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña.
Ahí se dijo que “acordaron mantener una coordinación institucional que genere bienestar a las y los ciudadanos”. El magistrado fue nombrado para el cargo el 1 de diciembre de 2016 coincidiendo con el arribo a la gubernatura de Miguel Ángel Yunes Linares.
Como a Winckler, Cuitláhuac García Jiménez también anunció la noche del 5 de diciembre de 2018 en una conferencia de prensa a la que convocó ex profeso que lo investigaría porque temía que se hubiera “coludido” con el fiscal general del Estado.
Aquella noche informó que se abstendría de asistir a un desayuno al que lo había invitado el presidente del Tribunal, “hasta cerciorarme si él está también involucrado en estos lamentables hechos” (una presunta negociación entre Winckler y el exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Javier Duarte, Arturo Bermudez, para dejarlo en libertad a cambio de la entrega de bienes que serían utilizados en la campaña del hijo del gobernador Yunes).
Por lo que ocurrió el sábado, el gobernador se “cercioró” de que Álvarez Peña no estaba involucrado, y ahora está por verse si repone aquel desayuno, que, se informó entonces en fuentes del Poder Judicial, era para que los magistrados del Tribunal le dieran la bienvenida al nuevo gobernador.
En el boletín del sábado se mencionó que: “Así, el Gobierno Estatal marca una ruta de trabajo conjunto donde se construyen acciones que Veracruz requiere de manera urgente”.
Edel se congratula
El titular del Poder Judicial reaccionó expresando que se “congratulaba” de poder llevar a cabo el tipo de encuentros como el que sostuvo con el gobernador, porque “nos permiten trabajar de manera coordinada en favor de la sociedad desde nuestro ámbito de competencia, pero pensando siempre en el bienestar de los veracruzanos”.
Manifestó que la cordialidad y los proyectos comunes le permitirán superar los retos que tiene por delante; que el diálogo institucional entre poderes es garantía de certeza para los veracruzanos.
Agregó que fue “una reunión muy importante” y expresó su “respeto y reconocimiento al gobernador del Estado”, señalando que “es necesario, además, fortalecer todo aquello que nos une y acerca”.
Estaría por verse si ante el ofrecimiento de colaboración institucional el gobernador se reúne también con el fiscal anticorrupción.
¡Y adoptan ¿el rojo comunista, o fidelista?!
En las pocas líneas en que dieron a conocer el encuentro entre el gobernador y Edel Álvarez Peña, se dijo en el boletín oficial que la reunión tuvo lugar en la “Sala Roja”, que, de acuerdo a las fotos que se dieron a conocer, no es otra que el despacho de Cuitláhuac García.
El rojo fue un color distintivo del gobierno de Fidel Herrera Beltrán, quien ordenó pintar todos los edificios públicos de ese color, hizo que en todos los actos hombres y mujeres vistieran de ese color y todos sus actos estuvieron dominados por el rojo.
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