Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
El Artículo Segundo de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada establece que cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer delitos como terrorismo, falsificación de moneda, operaciones con recursos de procedencia ilícita, acopio y tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de órganos, delitos contra la salud, corrupción de menores, asalto y secuestro, entre otros, “serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada”. *** Esto es, que no cualquier pandilla de malandrines puede ser considerada como “un cártel”, un grupúsculo de fascinerosos no puede ser “elevado” a la categoría de “integrantes de una nueva banda de la delincuencia organizada”. *** Este martes el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, salió a desmentir al fiscal Jorge Winckler y aclaró que no existe un cártel del narcotráfico en la región de Coatepec, y que las cinco personas presentadas por la Fiscalía integran “una banda de delincuentes comunes”. *** Explicó que un grupo delictivo está integrado por una estructura y no sólo por cinco personas que se dedican a cometer delitos: “Lo que se detuvo, en coordinación con elementos de seguridad, fue una banda de delincuentes, pero no un cártel”. *** Dijo que los anuncios que hace Jorge Winckler Ortiz son para ganar notoriedad, ante los escasos resultados de la Fiscalía: “Todo es una farsa y un cinismo desmedido y muestra de ello es que no se han hecho detenciones de integrantes de cárteles que tengan reconocimiento nacional”. *** El conflicto se ahonda… para perjuicio de los veracruzanos.
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Sólo fueron dos años, y en una de las instancias más pequeñas del sector educativo, durante el mini-gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares se robaron más de mil millones de pesos.
Ricardo García Jiménez, director del Instituto de Espacios Educativos de Veracruz, explicó que se detectó el desvío de esa millonaria cifra, en más 500 obras que ya debieron haber sido concluidas, pero que apenas tienen un avance físico de entre el cero y el 30 por ciento. Los fondos para estas obras provenían de los programas Escuelas al Cien, Fondo Regional y el Fondo de Aportaciones Múltiples.
En muchos de los casos, fueron obras por las que se dieron anticipos de hasta el 50 por ciento, pero la empresas constructoras dejaron las obras inconclusa.
Curiosamente, muchas de estas obras fueron contratadas la última semana de noviembre del 2018, esto es, a pocas horas de que entregaran la administración.
El sector educativo fue, sin duda, el gran filón que explotó Miguel Ángel Yunes Linares para engordar la bolsa con la que financiaría la campaña de su hijo el mayor, a quien pretendía heredarle el trono.
Suena lógico, pues se trata de la Secretaría con el mayor presupuesto, y con múltiples programas federales que inyectan recursos a los estados.
En el saqueo, además, fueron descuidados, pues daban por hecho que gozarían de al menos otros seis años de impunidad, tiempo que consideraban suficiente para borrar las huellas.
El propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez denunció que durante ese período a algunos maestros se les asignó una plaza y una escuela para desarrollar su trabajo, pero no presupuestaron su pago. Las autoridades sabían que no estaban previstos los recursos para cubrir esos salarios, y a pesar de ello asignaron las plazas y los mandaron a trabajar.
Este martes, el secretario de Educación, Zenyazen Escobar acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) para denunciar a servidores públicos que ocuparon los más altos niveles jerárquicos durante la administración de Yunes Linares, pues se asignaron 77 plazas educativas y cobraron más de 5.5 millones de pesos en rectroactivos, lo que se puede asumir como daño patrimonial.
Y mientras presentaba la denuncia, acompañado de la Contralora General del Estado y del secretario de Desarrollo Social, Zenyazen Escobar recibió, por parte de personal de la FGE, una notificación sobre una investigación que fue abierta en su contra.
El funcionario narró que mientras esperaba a ser atendido, en el interior de la Fiscalía, un elemento de la Policía Ministerial le entregó la notificación en la que se le conmina a comparecer el próximo jueves para rendir declaración.
“Es una acción de intimidación por parte del fiscal a lo que hoy estamos haciendo; si como servidores públicos no estuviéramos haciendo las denuncias correspondientes, estaríamos siendo corresponsables de lo que hicieron en la administración pasada”, dijo.
“Vamos a seguir los cauces legales. Hoy se me notificó y creo que ellos tienen mi domicilio, saben dónde está mi dependencia. Hoy me dieron la notificación y no dice de qué tiene que ver”.
Es ahora cuando el aún fiscal Jorge Winckler deberá demostrar si realmente es autónomo, o sigue recibiendo órdenes de su jefe original, Miguel Ángel Yunes Linares.
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Epílogo.
Desde el Comité Nacional fue enviado a Veracruz Héctor Gutiérrez de la Garza, secretario de Organización del PRI, para ratificar que están “muy pendientes” del desarrollo del proceso interno para elegir, por primera vez mediante la consulta a toda la militancia, a la nueva dirigencia priista en la entidad. *** El enviado del Comité Nacional ratificó que podrán votar todos aquellos militantes que estén incluidos en el padrón registrado ante el Instituto Nacional Electoral, que suman algo más de 160 mil veracruzanos. *** Por cierto, que entre los aspirantes a dirigir ese organismo político, hay algunos que no aparecen en dicho padrón. ¿Se puede? *** El delegado del ISSSTE en Veracruz, Fernando Kuri Kuri encabezó este martes la primer Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo Delegacional y afirmó que uno de los pilares de la actual transformación es renovar el espíritu del servicio público federal, mejorar sus prácticas, su relación con la sociedad, su respeto a las leyes pero también su ética pública, “esa es la nueva política del ISSSTE de la Cuarta Transformación”. *** Kuri Kuri añadió que la encomienda del Presidente Andrés Manuel López Obrador es restituirle al servicio público el prestigio, la dignidad y el orgullo que implican entregar talento y esfuerzo a la patria.
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