Arturo Reyes Isidoro / El pasado fin de semana-puente escuché decir a algunos reporteros: no hay nada, está todo muy muerto.
Se referían a que escasearon las noticias luego del traca traca entre fuerzas de seguridad y delincuentes de un cartel entre el jueves y el sábado.
En efecto, domingo, lunes y todavía el martes el Estado entró como en un relax bastante extraño y desconcertante por los días violentos que habíamos tenido antes.
No que hubieran cesado los hechos delictuosos, que se dieron en distintos puntos, pero al menos no tuvieron la intensidad de los de Tierra Blanca y sus alrededores.
Terminó, así, el invierno y entró la primavera y con ello volvió de nuevo al escenario el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, quien abrió la segunda temporada de la serie “Me canso ganso que vamos de nuevo contra el fiscal Jorge Winckler”.
La primera temporada, fuimos testigos, duró desde diciembre hasta febrero luego de que en este último mes hubo un receso histórico en el Congreso de ¡25 días! para tratar de obtener votos que permitieran llevar a juicio y echar del cargo al abogado oaxaqueño.
El fracaso fue rotundo. Winckler no solo la libró sino que su caso motivó que la otrora mayoritaria bancada de Morena se dividiera y quedara disminuida y surgiera una bancada fuerte, de mayoría, de dulce, de mole, de chile, de queso con rajas, de verduras, de pipián y de elote, esto es, con diputados de todos los partidos, que se constituyeron en un contrapeso real, ejercieron su poder e hicieron morder el polvo al inexperto presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, a su diputación, y atrás de él a Cisneros Burgos.
No haber sabido operar políticamente cuando en un principio eran mayoría los de Morena tuvo un altísimo costo para el actual grupo
político en el poder pues mostró una de sus debilidades: su inexperiencia y su incapacidad en el Poder Legislativo para afrontar retos de grueso calibre. Los mostró vulnerables.
Hoy, los diputados de oposición, incluidos algunos de Morena, saben que pueden agruparse y poner en aprietos a la administración estatal, y seguramente lo harán siempre que quieran. Ya se demostraron, ahora sí, que sí se puede.
Ayer me pareció destacable que el gobernador Cuitláhuac García no rehuyera ni buscara pretextos para no responder a las alertas del gobierno francés y de una firma farmaceútica a sus connacionales y a su personal para viajar al Estado por la inseguridad que prevalece, a lo que el mandatario respondió que se atenderán y que buscarán mejorar las condiciones para que no haya más.
En gobiernos anteriores o se negaba que hubiera inseguridad o se rehuía para dar una respuesta. Ahora, es un buen principio de solución que el propio gobernador reconozca el problema.
Pero eso se quedó chiquito y de hecho se perdió porque el secretario Cisneros acaparó espacios en los medios reabriendo fuego de nuevo contra Winckler y lo reposicionó en el escaparate mediático, el primer capítulo de la segunda temporada que quién sabe hasta cuándo terminará y con qué resultados.
La experiencia nos enseña que hay una tendencia en la opinión pública a estar con el más débil cuando se enfrenta en una pelea a un grandote, y aquí está muy claro quién es uno y quién el otro. Tanta insistencia, de meses, ha terminado por victimizar al Fiscal, con lo que se ha logrado un resultado adverso a lo que busca el aparato oficial.
Me pregunto por qué no en lugar de recurrir a las denuncias mediáticas a través de conferencias de prensa o en declaraciones a los medios, mejor no se presenta una denuncia formal de lo que se le acusa, con pruebas, para que se proceda si hay lugar a ello.
De otra forma, todo hace pensar que nos espera más ruido mediático, distractor incluso de los graves problemas que aquejan al Estado, y que nuevamente se gastará tiempo en una guerra en la que otra vez el gobierno estatal corre el riesgo de salir perdiendo, tiempo que, en cambio, se podría aprovechar mejor, incluso negociar para dirimir sus diferencias en tribunales y mientras coordinarse institucionalmente para combatir y enfrentar a la delincuencia, es decir, para velar por la seguridad y la integridad de los veracruzanos.
Lo que pretenden es que renuncie el Fiscal al cargo. Ya se vio que por iniciativa propia no lo va a hacer. Ayer se aprovechó que la Corte le ordenó que desbloquee de sus redes sociales a periodistas y ciudadanos, una medida legal pero de corto alcance, no como para forzar su salida, así como también un señalamiento de la diputada Carmen Medel, de Morena, de que revictimizaba a su hija Valeria Cruz, asesinada en noviembre pasado, señalamiento en su cuenta de Twitter que, sin embargo, luego modificó concretándose a exigir “una investigación eficaz y profesional”.
¿Por qué lo hizo? ¿Y si resultara que el Fiscal prueba que Cisneros se precipitó en los señalamientos que le hace? ¿Y si resulta que la diputada Medel dio marcha atrás porque recibió información y explicación que si no la convenció al menos le dejó la duda de que las cosas no eran como le habían dicho o pensaba?
Creo que hubiera sido mejor que entrara en acción otro personero del gobierno, alguien no desgastado y que no dé idea de haber caído en una obsesión, un funcionario con capacidad de negociación que incluso se sentara con Winckler a aclarar paradas e intentar una salida sin tanto estruendo, alguien con capacidad de convencimiento.
Por lo que vimos en el pasado reciente, está claro que a sombrerazos mediáticos no van a echar del cargo al Fiscal. Ya se vio su capacidad y su habilidad para defenderse, e incluso la asesoría que seguramente tiene, todo mejor que los de enfrente a los que ya derrotó.
¿Por qué hemos de creer que ahora sí van a lograr su propósito si cuando tuvieron todo para proceder no supieron cómo? Esto es, preparémonos para otra batalla en los medios, pero que no nos distraiga de exigir atención a los graves problemas de Veracruz.
En todo caso, en aras del interés de los veracruzanos, ¿por qué no aplican aquello de si no puedes con el enemigo sumátele, aunque modificado: si no puede con el enemigo súmalo, y se ponen a trabajar juntos a reserva de lo que dictaminen los tribunales cuando haya denuncias formales?