Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
¿Recuerdan aquella persistente denuncia de Miguel Ángel Yunes Linares, de que Andrés Manuel López Obrador recibía de Javier Duarte 2.5 millones de pesos mensuales “ante la amenaza de dejar sin agua a los habitantes de Coatzacoalcos”? *** El 5 de enero del 2017, apenas a un mes de haber asumido la gubernatura, Miguel Ángel Yunes Linares se encontró con la noticia de que habitantes del municipio indígena de Tatahuicapan habían cerrado las válvulas de la presa yuribia, desde donde se surte de agua a los más grandes municipios del sur de la entidad (Minatitlán, Coatzacoalcos y Cosoleacaque). *** El gobernador ofreció conferencia de prensa para denunciar que el grupo responsable del cierre de las válvulas había recibido cerca de 60 millones de pesos en efectivo durante los últimos dos años del mandato de Javier Duarte. Yunes Linares señaló directamente a Eloy González Bautista y a María del Rocío Pérez Pérez, delegado estatal y diputada local de Morena, como los responsables del ataque a la presa. *** Resulta que los pobladores de Tatahuicapan volvieron a tomar las instalaciones de la presa Yuribia, encabezados por el comisariado ejidal Inocente Bautista Luis, y el dirigente en aquella zona de Antorcha Campesina, Nelson Bautista Hernández. *** Reclaman la renovación de la minuta firmada con el gobierno estatal en el 2014 (en la que se acordó una aportación a las autoridades municipales) pues ahora quieren que los apoyos lleguen a través de las autoridades ejidales, y no por conducto del ayuntamiento. *** Los habitantes de Tatahuicapan tienen claro que la presa Yuribia es la única forma que tienen para presionar al gobierno estatal para que atienda las demandas de esa región. Los recursos que han reclamado y les han sido entregados, se han quedado ahí, en obras de gran relevancia para la región. *** Hoy el estado es gobernado por el que fuera candidato de Morena, y no por ello dejarán de exigir mayor atención para su municipio.
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No es, en realidad, una recomendación. Apenas si llegó a un “exhorto”, para que Manuel Huerta Ladrón de Guevara, Coordinador Estatal de los Programas de Apoyo Social en Veracruz, (o, como se le conoce a ese cargo, “superdelegado”) realice su trabajo diario “con perspectiva de género, compromiso ético, y los valores inherentes a la dignidad humana, como fundamento de los derechos humanos”.
El origen de esta, digamos, “reprimenda” del ombudsman al servidor público veracruzano, es, en realidad, la infructuosa lucha por justificar la desaparición de los subsidios a las estancias infantiles en el país, uno de los programas más sensibles y de mayor impacto en la sociedad.
Las autoridades pasaron de argumentar presuntos casos de corrupción (ninguno comprobado, ningún ejemplo tangible) a justificar el nuevo mecanismo planteado por el gobierno de Morena, que consiste en la entrega de los apoyos directos, en efectivo, a los padres de familia, para que ellosdecidan a quién encargan el cuidado de sus hijos, mientras están trabajando.
“Puede ser una estancia o pueden optar por su familiar o una persona así, tipo Cuarón, que lo cuidó una ‘muchacha’ y miren, sacó hasta un premio Oscar, para que vean que sí funcionan las ‘Yalitzas’”, explicó Huerta a reporteros que lo cuestionaban sobre este nuevo esquema, el pasado 3 de marzo.
Las reacciones de protesta no se hicieron esperar; lo acusaron de denigrar la condición de mujer y de indígena de la actriz de la película “Roma”, Yalitza Aparicio,que se hizo merecedora a una nominación al Oscar.
Pero el servidor público desdeñó todos esos comentarios. Argumentó que eran ataques de “grupos antagónicos” y en principio decidió “no caer en provocaciones” y dejar que pasara la tormenta.
De pronto vio que, lejos de olvidarse, las críticas arreciaban (quizá tuvo la mala fortuna de resbalar justo en la víspera de la celebración del Día de la Mujer) y decidió corregir… aunque a medias.
Tres días después de su gazapo, publicó en su cuenta de Twitter: “Lamento mucho la mala interpretación de mis declaraciones sobre la talentosa mexicana Yalitza Aparicio, maestra y artista internacional, orgullo de México y a quien respeto profundamente”.
Según esta “disculpa”, él no dijo nada malo. Fueron los que lo criticaron quienes hicieron una “mala interpretación” de sus palabras.
Ésa, sin embargo, no fue la percepción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que emitió un comunicado en el que advirtió:
“Frases discriminatorias como las que manifestó ese servidor público, (Manuel Huerta) impulsan la desigualdad sustantiva entre hombres y mujeres, por lo que la Comisión Nacional reitera que discriminar, es negar el reconocimiento de la dignidad humana, la cual constituye el fundamento básico de nuestro sistema jurídico y de nuestra convivencia social; todo acto de discriminación es una violación a los derechos humanos”.
Fue hasta ese momento, cuando supo del “exhorto” de la CNDH, cuando Manuel Huerta se dio cuenta de que había metido la pata, y hasta el fondo, y que urgía un trabajo de contención.
Emitió ahora un comunicado en el que corrige su primera disculpa: “Lamento profundamente no haber comunicado adecuadamente mi mensaje sobre ese tema en particular, que de ninguna forma tuvo el afán de discriminar u ofender a nadie. Por eso, ofrezco una sentida disculpa si esto llegó a ofender a alguien”.
Ya no es que sus detractores hayan hecho una “mala interpretación”, sino que fue él quien no supo comunicar en forma correcta.
El tema, en realidad, es menor (no tengo referencias de que Manuel Huerta muestre una actitud misógina), pero exhibe con claridad el desdén con el que suelen tratar los nuevos servidores públicos, las críticas a su labor.
Un poco más de humildad, algo de sensibilidad y respeto a quienes discrepan, serían muy sanos para esta auto-llamada “Cuarta Transformación”.
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Epílogo
Sigue la guerra de Jorge Winckler para sostenerse el mayor tiempo posible en el cargo de Fiscal. Una de sus estrategias es arreciar los ataques contra aquellos que fueron servidores públicos en la administración de Javier Duarte, de manera que pueda argumentar que él es víctima de presiones políticas por afectar “otros intereses”. *** Este fin de semana, mediante un operativo la Policía Ministerial detuvo a dos sujetos que ocuparon altos cargos en la Secretaría de Seguridad Pública (tanto en los tiempos de Duarte, como en los de Yunes Linares) y a dos policías; todos están acusados de la desaparición forzada de cuatro personas en Coatzacoalcos, en hechos ocurridos en el 2015. Entre las supuestas víctimas estaría Vicente Jiménez, hijo de Belén González, líder del Colectivo Madres en Búsqueda Coatzacoalcos, desaparecido, junto con otras tres personas, el 25 de septiembre de 2015, en el marco del operativo “Blindaje Coatzacoalcos”. *** Los mandos detenidos son Pedro Israel López Gómez, alias “comandante Drako”, exdelegado de la SSP en Coatzacoalcos, y José Armando de la O Palacios, alias “Comandante Pantros”, exdelegado de la SSP en Córdoba. Los policías detenidos son Juan Humberto Herrera Barrera y Mucio Pérez Perez. *** Apenas la semana pasada el gobernador Cuitláhuac García criticó que Jorge Winckler no hubiera podido capturar a Alain López, alias “La Liebre”, señalado como el autor material del homicidio de toda una familia en Coatzacoalcos. Este sujeto fue capturado por fuerzas federales, cuando deambulada en la zona sur sin problema alguno. ***El nuevo delegado del ISSSTE en Veracruz, Fernando Kuri Kuri entregó una ambulancia para el municipio de Acayucan, que beneficiará a más de 15 mil derechohabientes del Instituto y mejorará sustancialmente los servicios de traslados médicos y hospitalarios. Bien. *** El secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, admitió que el Gobierno de Veracruz adeuda 17 mil millones de pesos al Sistema de Administración Tributaria (SAT) por concepto de retenciones no reflejadas del Impuesto Sobre la Renta (ISR). El servidor público explicó que la deuda data desde el 2013 y que la dependencia con mayor rezago es la Secretaría de Educación. *** El Gobierno de Cuitláhuac García busca que el SAT para que le condone este pasivo, pero le piden que la solicitud la lleve ante el Congreso de la Unión. El Gobierno del Estado tiene adeudos, además, con otras instancias como el IMSS y el ISSSTE, aunque “ese no es un tema tan preocupante”.
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